Dirección del centro del Inisa del que fugaron tres internos había advertido por “riesgo inminente” días antes

Uno de los adolescentes que se fugó, de iniciales L. V. y 18 años, había ingresado al centro el 10 de diciembre de 2025 condenado por cometer una rapiña especialmente agravada, considerada una falta gravísima, y una infracción grave de violencia privada. El 9 de enero, 15 días antes de la fuga, la dirección del centro ETTI del Inisa realizó un informe que remitió a la Junta de Traslados, al que accedió Búsqueda, en el cual sugería que el joven fuera derivado a otro centro y señalaba que su permanencia representaba un “riesgo inminente”.

El documento reseña como “evento histórico” que, durante su internación anterior, había logrado evadir los sistemas de cierre de su dormitorio y generado un conflicto “de gran magnitud con el intento de toma de otra pieza” y la “agresión directa a otro interno”. Esa “peligrosidad demostrada anteriormente” había generado un “incremento inmediato de los niveles de ansiedad y temor”, tanto de los adolescentes como de los funcionarios, agrega.

Entre los motivos para pedir el traslado, el escrito firmado por la directora del ETTI, Fabiana Bolaña, argumenta que su presencia desembocaría en la “inviabilidad” del proyecto socioeducativo. Esto porque, para “garantizar la seguridad” de internos y funcionarios, la “única medida efectiva” sería su confinamiento extremo, con múltiples cerrojos y restricción de movimiento, pero eso sería contrario a los principios de la medida privativa de libertad que tiene la institución.

Estrés laboral

También mencionaba la posible afectación a terceros, por el temor constante que genera un estrés laboral y el “estado de vulnerabilidad” de los jóvenes, especialmente en el caso de uno que había intimidado en varias ocasiones, así como la “limitación de recursos técnicos”.

“Este centro no cuenta con la infraestructura reforzada ni el esquema de seguridad especializada que el perfil de este joven demanda para evitar nuevas agresiones”, señala el documento, que agrega que “la seguridad integral no puede ser garantizada” con ese adolescente como interno.

Por esa razón, se solicitó a la Junta de Traslado del Inisa “considerar el movimiento del joven a un centro que cuente con mayores medidas de seguridad perimetral y de infraestructura”, para permitir que el centro recupere “el clima de convivencia necesario” para el trabajo.

El 15 de enero, seis días después de enviar ese documento, uno de los subdirectores, Pablo Denis, realizó un “informe de situación” dirigido a la Dirección de Programa, en el que dio cuenta de que el joven L. V. había abierto el candado de su pieza y se había dirigido hacia otra, la número 8, donde estaba conversando con otros internos. Debió ser llevado otra vez a su habitación.

Cenrto de menores Inisa. Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda

Interna sindical

En el ETTI ya conocían a L. V. Había llegado del Centro Piedras a fines de 2023 y protagonizó el copamiento de una habitación el 1 de enero de 2024. Luego fue derivado. Antes de su regreso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo había hecho una evaluación de ese centro en setiembre de 2025 sin que se hicieran más recomendaciones que mejoras edilicias, más actividades recreativas y “erradicar el criterio de traslado al centro ETTI como medida de sanción de otros centros”. En 2024, el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura señaló que, en el ETTI y en otros centros, “los adolescentes permanecían en condiciones de encierro entre 22 y 23 horas por día” y planteó dificultades en el acceso a la alimentación en varios centros del Inisa, que en el ETTI “era a veces insuficiente y de mala calidad”.

Fuentes de ese centro subrayaron a Búsqueda que el riesgo inminente de fuga ya había sido informado “a mandos medios” del Inisa, concretamente a las direcciones de Traslado y Programa, sin que ellos lo elevaran a la presidencia del instituto. Desde la oposición a la lista 10, la mayoritaria en el Sindicato de Trabajadores de INAU e Inisa (Suinau), de los dirigentes gremiales Joselo López y Víctor Mango, afirmaron que ese regreso responde a “perjudicar” a Bolaña, ya que no es afiliada a ese sector gremial.

En diálogo con Búsqueda, Mango, presidente de la mesa sindical del Inisa y dirigente de Suinau, negó que la interna sindical tenga vinculaciones con los problemas que hay en los servicios, aunque sí cuestionó decisiones tomadas por la dirección del centro. “Evidentemente los responsables de la gestión le estaban pegando más en la herradura que en el clavo”, dijo Mango, con relación a “decisiones que tomaban de sacar muchos jóvenes a los patios” y otras “cuestiones con la seguridad del centro”.

“Va a haber remociones”, aseguró.

“Estaban fuertemente armados”

A través de un comunicado, el Directorio del Inisa señaló que la fuga se produjo cuando funcionarios del instituto intervinieron “ante una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes” del centro, que resultó herido tras el episodio, y que, en ese contexto, los jóvenes “se valieron para darse a la fuga”. Según relató Mango, los jóvenes “estaban fuertemente armados con objetos cortopunzantes” con los cuales hirieron a un joven, por lo cual debieron interceder los trabajadores. Agregó que existen “varias carencias edilicias” que permitieron la fuga. Entre ellas, aseguró que el tejido por donde escaparon estaba roto y que esa situación había sido informada en las mesas de trabajo en las que participan los mandos medios y asesores del directorio, instancias en las que Jaime Saavedra, presidente del Inisa, “nunca participó”.

“Había que tomar una medida urgente y la institución no la tomó”, aseguró. La situación del enrejado también había sido reclamada por la dirección del centro.

A partir de lo sucedido, el Directorio del Inisa ordenó realizar investigaciones administrativas, para determinar eventuales responsabilidades. El lunes 26, en entrevista con el programa Aire rico de radio Del Sol, Saavedra reconoció que hubo “errores” o “situaciones mal resueltas” por el Inisa en el caso de la fuga. También aludió a “otros errores” del Ministerio del Interior, que se encarga de la seguridad del perímetro del centro.

Según el relato de funcionarios, no había policías en el perímetro.

Los tres fugados vienen de historias familiares violentas, según relataron a Búsqueda distintas fuentes del Inisa. Además de las referencias señaladas del joven para el que se había solicitado el traslado, los otros dos fugados tienen antecedentes por homicidio. Uno de ellos, de 17 años, tiene a sus dos padres muertos por ajuste de cuentas entre bandas. El otro, de 18, estuvo involucrado en la muerte de un bebé de un año en Cerro Norte, en octubre de 2024.

Según Mango, los jóvenes que son enviados a cumplir sentencia judicial en el centro ETTI son perfiles “complicados” y en general “no se adaptan en otros contextos”.