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El 8 de agosto, cuando asumió el cargo de comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo destacó en su discurso oficial uno de los puntos más significativos de la administración anterior: la adquisición de dos nuevos buques destinados a controlar delitos jurisdiccionales que, según alertas de la institución desde hace años, están prácticamente sin supervisión.
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“Su arribo, en un futuro no muy lejano, implica nuevos desafíos. Nuestros marinos podrán proteger y cuidar mejor de los mares de la patria, y para ello hay que continuar planificando. Hay desafíos que la frontera fluvio-marítima y lacustre nos presentan todos los días, esa inmensidad con una falta de control efectivo, la cual debemos cambiar, y para ello hay que trabajar”, planteó Elizondo.
Ese “futuro no muy lejano” está ahora en duda. El Poder Ejecutivo denunció a Astilleros Cardama, la empresa española encargada de construir ambos barcos, por incumplimiento de contrato, al considerar que el Estado fue víctima de un supuesto fraude debido a la presentación de una garantía de fiel cumplimiento inválida y fuera de plazo. El gobierno presentó una denuncia penal, mientras que la empresa negó haber actuado de manera ilícita y aseguró que el acuerdo entre las partes sigue vigente.
En cualquier escenario, la puesta en servicio de los barcos para la Armada Nacional quedó en suspenso: aunque Cardama continúa trabajando en el primer buque en su astillero de Vigo, no están asegurados el cronograma, la fecha de entrega prevista para mediados del año e incluso la finalización de su fabricación.
La situación, según afirmaron a Búsqueda fuente militares, devolvió a la Armada una larga preocupación: la falta de medios navales adecuados para cumplir con la fiscalización de actividades pesqueras ilegales, la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas, la interdicción marítima, las misiones de búsqueda y rescate, el control de contaminación ambiental y la participación en ejercicios y operaciones multinacionales.
La Armada Nacional reclama desde hace años contar con patrulleros oceánicos que permitan controlar las aguas soberanas uruguayas.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Divisiones en la Armada
Aunque la decisión del gobierno anterior de otorgar la fabricación a Cardama generó divisiones en la Armada por discrepancias respecto a la capacidad técnica del astillero español, dentro de los oficiales activos y retirados de la institución sí existe un consenso, desde hace años, respecto a la urgente necesidad de Uruguay de contar con este tipo de medios, denominados buques de patrulla oceánica (OPV, por sus siglas en inglés).
“Tenemos barcos del año 1953, de 1958, y cuando uno llama a una emergencia médica no espera que venga a atenderlo una ambulancia del 53, pero nosotros estamos saliendo a patrullar con unidades construidas en ese año. Eso hace que las plataformas no sean confiables. La vida útil diseñada para esos barcos está excedida ampliamente y ya en algunos casos no admiten puestas a punto. Algunos de los cascos tienen la estructura torneada y en otros casos las estructuras ya tienen un deterioro tal que no los hace utilizables. Esta es la realidad que tenemos”, planteó a inicios de 2020 el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, quien fue sucedido por Elizondo en febrero de este año.
Al asumir como ministro de Defensa Nacional en marzo de 2020, Javier García definió como prioridad para la Armada la renovación de su flota, especialmente la incorporación de dos patrulleros oceánicos porque tienen la capacidad de operar en el mar y ejercer la autoridad en la zona económica exclusiva y la plataforma continental, de manera más eficiente y sin necesidad de recurrir a medios navales con funciones más específicas.
En 2022, un documento de la Armada difundido por el Ministerio indicó que “Uruguay requiere OPVs que posean la capacidad de aeronave embarcada, armamento adecuado a las tareas, dimensiones compatibles con su mantenimiento en diques nacionales, un sistema logístico Integrado que asegure su operatividad, y equipamiento y tecnología acordes a la misión, con autonomía y permanencia en la mar suficiente para cumplir su función, permitiendo que Uruguay, a través de la Armada Nacional, ejerza su autoridad marítima cumpliendo el control de aguas jurisdiccionales”.
Proceso largo
El proceso para elegir a Cardama fue largo, complejo y muy discutido, e incluso estuvo cerca de quedar desierto, como sucedió en los pasados gobiernos del Frente Amplio, donde la falta de acuerdos en el oficialismo e internas en la Armada impidieron que Uruguay comprara ese tipo de barcos. “Estamos, seguramente, frente a la mayor renovación de las capacidades de buques de la Armada Nacional en muchísimo tiempo. Lo que va a permitir a la Armada Nacional llevar adelante todas sus misiones, todas sus funciones a pleno”, valoró García en julio de 2023, cuando anunció en conferencia de prensa la elección como proveedor del astillero español.
Embed - Conferencia del ministro de Defensa Nacional, Javier García
Se encargó finalmente a Cardama, de manera directa, la construcción de dos barcos por 82 millones de euros. Las características para ambos buques son que dispongan de un desplazamiento de 1.700 toneladas, una eslora de 87 metros, más de 12 metros de manga, un calado de 3 metros y medio, plataforma para helicóptero y hangar. Además, contar con 7.700 millas de autonomía, un máximo de velocidad de 23 nudos, la proa con un cañón de 30 milímetros y dos ametralladoras en las bandas de 12,7 milímetros.
El último medio de condiciones similares con que operaba la Armada era el ROU 01 Uruguay, una fragata ligera de la clase João Belo, fabricada en Francia y adquirida a Portugal en 2008. Adaptada para tareas de patrullaje oceánico y control de aguas jurisdiccionales, fue desactivada en 2022.
Los otros buques de la Armada
Con la llegada de las OPV pendiente de resolución, la Armada Nacional sí tiene a disposición seis barcos nuevos comprados en la pasada administración. Tres son lanchas de la clase Marine Protector, fabricadas en 2002 y cedidas por Estados Unidos a cambio de US$ 6 millones. Denominadas ROU 14 Río Arapey, ROU 15 Río de la Plata y ROU 16 Río Yaguarón, se emplean en las costas para reforzar las patrullas fronterizas.
También se incorporó otra lancha, de la clase Chamsuri, construida en 1989 y donada por Corea del Sur. Bajo el nombre ROU 10 Huracán, está destacada en el puerto de La Paloma para cumplir tareas de control de fronteras, protección de las aguas territoriales, lucha contra la pesca ilegal y operaciones de búsqueda y rescate.
Barcos-Armada
Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
Además de las cuatro lanchas, se sumó a la flota de la Armada un buque de búsqueda y rescate de 1988, donado por Alemania y denominado oficialmente como ROU 53 Isla Farallón. Al igual que el ROU 10 Huracán, también se le asignó como destino La Paloma.
El último barco que se incorporó a la marina, en noviembre del año pasado, fue el ROU 22 Oyarvide, un buque científico por el cual Uruguay pagó US$ 3,5 millones a la empresa estadounidense Global Seas LLC. Su misión es desplegarse en traslados y tareas de investigación, por ejemplo mapeo del fondo marino hasta la profundidad total del océano.
