“Alambrar el océano”
Según la ADAU, el artículo defendido por el MEF “no es una simple reforma administrativa”, sino que “implica cambiar el modelo de administración aduanera, el diseño del control aduanero del país”.
Entiende que la “preceptividad no es una herramienta corporativa para defender intereses sectoriales. No se trata de ‘alambrar el océano’, sino de sostener una política pública de control eficaz, elegida por el país hace más de 50 años y reafirmada en el Carou (el Código Aduanero uruguayo)”, aprobado en 2014 mediante una “decisión nacional, sin fisuras, sobre cómo estructurar el control aduanero”.
La ADAU expresó en esos documentos —a los que accedió Búsqueda— otro argumento. “Preocupa enormemente la instalación de un mensaje equivocado y riesgoso al plantear que la eliminación de la intervención del despachante de aduana sería sinónimo de facilitación y reducción de costos. A nuestro entender, ocurre exactamente lo contrario”.
Alega que el servicio profesional de estos agentes es prestado en régimen de competencia, por lo que “no existen tarifas únicas ni preestablecidas” para sus honorarios. “No obstante, los relevamientos disponibles permiten afirmar que, en promedio, el costo de su intervención no supera el 0,7% del valor de la operación, porcentaje que difícilmente pueda considerarse un sobrecosto inadecuado frente al valor agregado que aporta en términos de seguridad jurídica, cumplimiento normativo y eficiencia operativa. Por lo tanto —refuerza la ADAU—, la intervención del despachante no constituye una traba ni un sobrecosto inadecuado para la operativa regular. Por el contrario, representa una garantía de legalidad y seguridad para el Estado, y un factor de confianza para que las empresas que cumplen con la normativa no sufran la competencia desleal de quienes buscan atajos”.
La gremial empresarial reconoce que la intervención del despachante no es obligatoria en muchos países, uno de los argumentos señalados por el MEF. “Sin embargo, también es cierto que ninguno de esos sistemas funciona sin regulación estricta. Cuando una persona física o jurídica decide actuar directamente ante la Aduana, debe cumplir con requisitos técnicos, morales y económicos exigentes”, asegura.
La ADAU planteó que si se sigue adelante con la reforma anunciada, su discusión debería darse en el marco de una consideración general de la normativa aduanera y el Carou, desglosado del Presupuesto, ya que, “por el volumen de su articulado, la diversidad de temas que abarca y el escaso tiempo de estudio parlamentario que tiene ese tipo de leyes, haría que fuera muy dificultoso el análisis necesario de manera profunda”.
El artículo de la polémica
En su versión enmendada en vigor desde 2006 y ratificada por 137 países, el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros —conocido como Convenio de Kyoto revisado— propone la adopción de procedimientos aduaneros que define como más sencillos y eficientes. Para alinear a Uruguay a lo dispuesto allí, el MEF incorporó en el proyecto de Presupuesto un artículo que liberaba de la preceptividad de contratar los servicios de un despachante a las exportaciones por hasta US$ 15.000 y a las importaciones que no superen los US$ 10.000.
El 5 de setiembre, Oddone defendió esa propuesta ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda como parte de otras “reformas microeconómicas” orientadas a favorecer el clima de inversión. “Por supuesto que no son suficientes, por supuesto que falta mucho; pero lo que tenemos hoy es una agenda, tenemos identificados los trámites, hemos conversado con una multiplicidad de agentes del sector privado, exportadores, importadores, que nos han permitido, entre otras cosas, poner a consideración de los señores parlamentarios la eliminación de la intervención preceptiva de los despachantes de aduana. Es un tema polémico, un tema discutible, pero en el cual Uruguay es una rara avis” en el mundo, sostuvo.
El ministro dijo que conoce a muchas personas que hacen importaciones de bajo volumen y que, aún si se aprobara esa medida, “van a seguir haciendo uso del despachante de aduana, porque cuando agrega valor no es necesario que se imponga una regulación que establezca una intervención preceptiva. (…) Insisto, no es una megarreforma que está avanzando a pasos agigantados, entre otras cosas, (…) porque, como es evidente en Uruguay, el mandato sobre el tema de desburocratizar, de aumentar eficiencia y de desempapelar existe —es un mandato que la ciudadanía quiere—, pero no es un mandato que hagamos a como dé lugar y a toda velocidad como ocurre en Argentina. En Argentina, el gobierno que ganó la elección fue electo para cortar muchas cosas, entre otras, esta, y por eso es que hay una agenda de un nivel de agresividad que Uruguay no puede reproducir. Pero la agenda de avanzar hacia volver más eficiente la administración, de volver más eficiente la regulación en Uruguay, está firmemente presente, está descrita de forma clara por muchos académicos y por muchos profesionales, y lo que estamos haciendo, en esencia, es implementándola de manera persistente y decidida”.
Semanas después, en otra visita de una delegación del MEF a la comisión, empezó a palparse un ambiente reacio hacia el artículo 163 en cuestión como parte del Presupuesto.
El diputado blanco Juan Martín Rodríguez se manifestó a favor de desglosar las medidas que “modifican códigos”. Alegó que el “modelo de exportación aduanera” vigente en Uruguay, que “data de la década del setenta”, estableció por ley la preceptividad de los despachantes; “yo no digo que esté mal —ojo, hago siempre la misma salvedad—; yo no me opongo a la cuestión de fondo, pero creo que no es un tema menor para estar tratándolo a las apuradas”.
El legislador instó a “hablar con los actores”. La ADAU no fue recibida porque la agenda de la comisión ya estaba completa, pero remitió un par de documentos en los que planteó, según Rodríguez, “una pregunta muy relevante, que es: ¿la Aduana está preparada para afrontar estos cambios?”.
ANEXO EL MODELO DE CONTROL ADUANERO URUGUAYO Y LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL OBLIGATORIA
El colorado Conrado Rodríguez hizo varias preguntas a la comitiva ministerial, que en esa ocasión encabezó el subsecretario, Martín Vallcorba. “En cuanto al control aduanero, que hoy está diseñado sobre la figura del despachante de aduana, que es un agente privado pero con un interés público notorio, que entre varias cosas tiene que constituir garantía ante la Dirección Nacional de Aduanas, que son responsables solidarios en el pago de los tributos por las importaciones, quisiera saber si ustedes entienden que con la eliminación” de la preceptibilidad “no va a ser necesario ningún tipo de garantías para el fiel cumplimiento de las tareas que lleva adelante” ese organismo.
Debido al acuerdo interpartidario de desglose, el asunto de los despachantes no se trató ni en la Comisión de Presupuesto ni en el plenario de Diputados. “En el MEF no conocemos los fundamentos”, apuntó una fuente de esa cartera a Búsqueda.
“Vacas atadas” y “Végh Villegas”
“Lamentablemente, el Parlamento desglosó —que es una forma elegante de decir que pasó a considerar en otra etapa del desarrollo de Uruguay— la iniciativa del Poder Ejecutivo de eliminar la intervención preceptiva de los despachantes de aduana, haciendo que Uruguay vaya a seguir siendo de los pocos países del mundo, en la región del único”, donde rige esa obligatoriedad, se lamentó Oddone al disertar, el lunes 20, en el Día de la Construcción.
“Yo desearía como economista tener una ley que dijera que era obligatorio contratar a un economista para hacer algo; eso nunca ocurrió”, ironizó, y agregó que pese al fracaso de la iniciativa en Diputados él va a “seguir dando una batalla al respecto”, porque es una “regulación del tipo medieval” obligar a la intervención de un despachante a todo el comercio exterior.
La ADAU, que este año cumple su 90 aniversario, está integrada por 360 despachantes, que son la gran mayoría de esos agentes en actividad.
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El ministro de Economía exponiendo en el Día de la Construcción.
MEF
“Bien el ministro. Debe terminarse con las vacas atadas”, aplaudió desde su cuenta en la red social X Javier de Haedo, director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica (UCU).
Otro economista dio su apoyo. Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, expresó un “100% de acuerdo con el ministro”, y agregó: “Cuando te digan que Uruguay es caro, acordate de esta… que es solo un ejemplo de muchas vacas atadas”.
“¡Desatemos las vacas!”, proclamó por su lado Facundo Márquez, empresario del caviar y vicepresidente de la Unión de Exportadores. “En estos casos hay que ir ‘vaca a vaca’, porque cuanto más se visibilicen más difícil es mantener los statu quo que no tienen fundamento. Y el sector privado tiene la responsabilidad y obligación de apoyar estas iniciativas”, propuso.
La postura del economista Aldo Lema fue mucho más cauta. Llamó “a no crear falsas (y altas) expectativas. En Uruguay hay intentos de desatar terneritas, no vacas gordas”.
“Exacto, porque de la eliminación de la tasa consular no se habla y eso es una enorme restricción también. Hablemos de todo”, adhirió Ignacio Bartesaghi, un experto en comercio exterior e integración, y profesor en la UCU.
En el intercambio participaron varios usuarios anónimos de la red social de Elon Musk, algunos celebrando la iniciativa del MEF y otros defendiendo el rol de los despachantes de aduana. “Oddone es el nuevo (Alejandro) Végh Villegas. El MPP es la nueva ‘Lista 15’”, comparó uno del primer grupo.
Entre los que cuestionaron la medida, uno señaló que los despachantes existen porque la Aduana “es un laberinto sin salida, con trampas varias y multas desproporcionadas. Hasta que no simplifiquen, flexibilicen, dame un despachante siempre”, planteó uno. Otro consideró que, sin la intervención de esos agentes el comercio exterior sería más caro, habría “un descontrol y varios vivos tratarían de infringir normas”.
