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¿El modelo PCC en Uruguay? El gobierno, preocupado por la sindicalización de grupos criminales en las cárceles
“Uruguay no es una isla”, dijo Carlos Negro; para el exdirector de Inteligencia, clanes uruguayos ya actúan “como apéndices” de organizaciones internacionales
El crecimiento de la población en la cárcel de Santiago Vázquez es uno de los que más inquieta a las autoridades del gobierno
En 1993 Taubaté era una de las prisiones más temidas de São Paulo, un estado con un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento y la violencia. Con escasas oportunidades de rehabilitación, nulas actividades educativas y una rutina dominada por el encierro, fue terreno fértil para el nacimiento ese año de una nueva organización: el Primeiro Comando da Capital (PCC).
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Ocho presos idearon la iniciativa como una alianza contra el abuso policial a los reclusos. Y bajo ese objetivo logró expandirse con rapidez: primero dentro de Taubaté, luego en otras cárceles paulistas y finalmente en todo el sistema carcelario de Brasil. Con una estructura disciplinada, reglas internas estrictas y una red de comunicación eficaz, se convirtió en una fuerza de choque organizada, capaz de coordinar acciones desde las prisiones y ejecutarlas incluso en la vía pública —cortes de calle, incendios, entre otras— para desafiar abiertamente al Estado brasileño en protesta por malas condiciones en las prisiones o por el traslado de ciertos reclusos.
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Pintada del PCC en la zona de Cracolandia de la ciudad de São Paulo, Brasil
Suamy Beydoun/AGIF vía AFP
Consciente de ese poder real, el PCC abandonó su intención inicial de resistencia y autodefensa de derechos para transformarse en una organización de crimen organizado pura y dura, involucrada en narcotráfico, contrabando de armas, robos, extorsión y lavado de dinero. Hoy tiene presencia confirmada en Europa, Asia y África, y miembros activos en Argentina, Bolivia y Paraguay.
Como en los comienzos de la organización, la mayor parte del reclutamiento se da en las prisiones. En Uruguay, la Policía Nacional detectó a partir de 2018 la presencia de “decenas” de integrantes del PCC: primero en cárceles fronterizas ubicadas en el departamento de Rivera y luego en Montevideo. No ejercen influencia en la interna penitenciaria ni tampoco actúan para el afuera en nombre de la organización. Son “células dormidas”, presos de baja escala que se afiliaron a la organización para tener cierta protección y a la espera de que en el futuro comience a operar en Uruguay como lo hace en otros países.
Carlos Negro, ministro del Interior, durante un Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva
Mauricio Zina/adhocFOTOS
El tema provoca especial preocupación en las autoridades uruguayas, tanto de gobiernos anteriores como del actual. “Es una organización realmente poderosa”, advertía en 2022 el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en referencia al PCC. Su sucesor, Carlos Negro, ha ampliado el enfoque: la preocupación ya no se limita a esa estructura brasileña, sino que abarca también la posible infiltración de otras redes criminales internacionales en el sistema penitenciario uruguayo, así como la formación de grupos locales que imiten su modelo operativo.
Entre las organizaciones extranjeras que están en el radar se encuentra el Tren de Aragua, una banda surgida en el sistema carcelario de Venezuela que, en la última década, ha extendido su presencia a países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En Uruguay, si bien no hay evidencia de una instalación estructurada, la Policía ha detectado señales de su posible penetración informal a través de individuos vinculados al grupo que se dedican a los préstamos gota a gota, una modalidad asociada al financiamiento criminal y la extorsión sobre personas de bajos recursos.
“Estamos generando un grave riesgo para que las bandas criminales se sindicalicen dentro de la cárcel, como ha ocurrido a lo largo y ancho de América Latina. En Uruguay van a pasar las mismas cosas que están ocurriendo en todas partes del mundo porque el Uruguay no es una isla y está al lado de dos gigantes que tienen graves problemas de criminalidad, insertos, además en América Latina, el continente más peligroso y violento del mundo”, dijo Negro en abril, durante una comparecencia en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores.
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Aunque en Uruguay los presos no formaron organizaciones intracarcelarias, sí mantienen operativos sus delitos en el exterior
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Se refería, de manera más contextual, al crecimiento sostenido de la población carcelaria en Uruguay, que ya superó las 16.000 personas privadas de libertad para ubicarse mundialmente como uno de los 10 países con más presos cada 100.000 habitantes. Un caldo de cultivo ideal, especialmente en las dos unidades de rehabilitación más pobladas del sistema: Santiago Vázquez (ex-Comcar) y el Penal de Libertad, donde además de la cantidad de privados de libertad se aglomeran los más peligrosos, entre ellos los narcotraficantes.
En establecimientos como Santiago Vázquez y Libertad los presos aprenden de otros más experimentados —en muchas ocasiones extranjeros— de temas como la venta de drogas; además, mantienen su liderazgo en las bandas delictivas que tienen en el exterior, vía órdenes a través de las visitas o el uso de celulares apañado por funcionarios policiales cómplices.
En el Parlamento, Negro señaló que “milagrosamente” todavía las organizaciones criminales no operan en las cárceles uruguayas. “Eso no ha ocurrido, pero no podemos descartarlo y no podemos ser tan negadores de considerar que en nuestro país no va a pasar”, dijo respecto a la existencia de grupos sindicalizados del estilo del PCC o el Tren de Aragua.
Álvaro Garcé, exdirector de la Secretaría de Inteligencia, durante un evento en 2023
Presidencia de la República
Aunque las advertencias del ministro Negro apuntan a una amenaza inminente, el exdirector de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE) entre 2020 y 2025, Álvaro Garcé, tiene una posición más contundente en cuanto al presente. En diálogo con Búsqueda, afirmó que la presencia de integrantes extranjeros de grupos de crimen organizado “es una percepción ampliamente compartida”, aunque es complejo cuantificar su número y su condición, es decir, si están activos o “en descanso”.
“También es unánime la percepción sobre su enquistamiento en las cárceles, partiendo de la base de las amplias facilidades que el sistema carcelario evidentemente otorga, por la debilidad de su aparato de seguridad, que está completamente desbordado”, apuntó Garcé.
Añadió que tanto la SIEE como otras agencias de la comunidad nacional de Inteligencia han discutido la problemática y coincidido en que actualmente son grupos delictivos uruguayos los que “actúan como apéndices más o menos orgánicos de poderosos grupos” internacionales con base en Brasil y Argentina. Se trata en su mayoría de clanes familiares con bajo nivel de organización.
Fuentes de la Policía Nacional confirmaron esta dinámica, al señalar que ya han identificado algunos clanes familiares locales que mantienen vínculos informales con organizaciones criminales extranjeras, aunque por el momento no dependen estructuralmente de ellas.