Carlos Negro a empresarios: la seguridad pública no debe ser una “competencia discursiva” entre gobiernos

“Nadie a esta altura puede ofrecer fórmulas mágicas”, dijo Negro, en un concepto similar a lo que manifestó el 5 de marzo cuando asumió como ministro. La presentación de Negro en Piso 40 se basó en los mismos lineamientos que otros encuentros que tuvo a lo largo de marzo: su asunción, su reunión en la Dirección Nacional Guardia Republicana con las autoridades policiales de todo el país y el encuentro en el Palacio Legislativo con la bancada de parlamentarios del Frente Amplio.

Rapiñas y estafas

El aumento de los homicidios, la saturación del sistema penitenciario y el control de las armas de fuego fueron presentados por los integrantes del Ministerio del Interior como las prioridades del gobierno para el próximo quinquenio. Negro, en particular, advirtió sobre nuevas modalidades criminales apalancadas en la tecnología que crean nuevos patrones delictivos.

Mencionó la “sustitución de viejas prácticas delictivas”, como las rapiñas, por delitos más sofisticados, como las estafas. Durante la última administración, las denuncias de rapiñas descendieron 43%, de 30.640 en 2019 a 17.480 en 2024. Para Negro, este descenso —“que tanto se pregonó” por la administración anterior— “perfectamente puede obedecer” a factores como “la disminución del dinero circulante”, “la aplicación de nuevas tecnologías al crimen” y el hecho de que otros delitos, como las estafas, resultan más atractivos para los delincuentes, ya que son económicamente más rentables, menos expuestos, menos violentos y tienen penas más leves.

Esta semana, El Observador informó que las denuncias de estafas alcanzaron una cifra récord de 25.116 en 2024, veinte veces más que en 2015. En la exposición del martes, los jerarcas del Ministerio del Interior mostraron una gráfica que reflejaba el aumento de 38,7 (2013) a 857 (2024) en la tasa de denuncias de estafa por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a los datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. Negro argumentó que si las denuncias de rapiñas disminuyen pero suben las denuncias de estafas, “se tapa un agujero mientras aparece otro”.

También se exhibieron cifras de homicidios consumados, de prisionización y de tasa de denuncias de violencia doméstica, rapiñas, autos hurtados y delitos de estupefacientes. Rojido y Vigna señalaron que una de las medidas concretas del ministerio será el fortalecimiento de la unidad de Homicidios con mayores recursos humanos, capacitación y tecnología. También profundizar los programas de Cure Violence y disuasión focalizada. El primero busca disminuir las represalias entre bandas de narcomenudeo y microtráfico de drogas mediante la intermediación de referentes comunitarios. El segundo consiste en identificar a los grupos y cabecillas violentos, para notificarlos de que están bajo constante monitoreo y que sus acciones conllevan un alto costo penal, con el fin de que tengan un efecto preventivo.

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La rehabilitación penitenciaria es una de las principales preocupaciones del Ministerio del Interior

Mauricio Zina/adhocFOTOS

Ambos programas tienen el apoyo de Rojido, un sociólogo especializado en criminalidad que comenzó a colaborar con el Ministerio del Interior en el gobierno anterior. Elaboró en el perído pasado dos informes sobre seguridad pública y Negro lo designó este año como uno de sus asesores. Uno de los estudios de Rojido sugirió modificar algunas de las metodologías que el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad utiliza para analizar las causas de los homicidios, lo que causó un enfrentamiento con el director del observatorio, Javier Donnangelo.

Actualmente las recomendaciones de Rojido son tomadas en cuenta y, en Piso 40, Negro mencionó que el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad será “reformado” para divulgar publicaciones fijas, periódicas y de libre acceso “para entender lo que pasa, explicarlo y generar conocimiento que lleve al diseño de esas políticas públicas”.

Las cárceles, una de las prioridades

Doctora en Sociología por la Universidad de la República y profesora adjunta del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Vigna se especializó en políticas públicas carcelarias, pospenitenciarias y medidas alternativas. En un proyecto impulsado por el Ministerio del Interior y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, elaboró un libro blanco de reforma penitenciaria que fue presentado en diciembre. El estudio revisa experiencia internacional en la materia, identifica barreras en Uruguay y propone soluciones a largo plazo como políticas de Estado.

Este libro blanco fue también mencionado por Negro ante los ejecutivos y empresarios uruguayos, en relación con el aumento de las personas en situación de calle que hay en Uruguay. Dijo que la inseguridad “no se resuelve si no se atienden las cárceles”, que albergan hoy un número histórico de 16.000 reclusos y de las cuales salen libres anualmente alrededor de 10.000 personas, “muchas de las cuales van a parar a las calles y a las puertas de nuestras casas”.

El ministro dijo que aumentar las plazas y mejorar la rehabilitación de los presos requerirá, entre otras medidas, “de una importante inyección de recursos” y también de reformas legislativas. En ese sentido, sostuvo que “es clave” discutir la reincorporación de la suspensión condicional del proceso como medida alternativa a la prisión. “Esto es: que no estén presos los que no tienen que estar, y que sí vayan a la cárcel los que deben ir”, apuntó.