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Cantidad de presos en cárceles uruguayas aumentó más de 130% en los últimos 20 años
De acuerdo al Instituto Nacional de Rehabilitación eran 6.901 en 2003 y hoy son alrededor de 16.000; drogas, hurtos y rapiñas, las causas más frecuentes para la prisionalización
La Unidad N° 4 de Santiago Vázquez es la más poblada entre todas las cárceles de Uruguay
Al cierre del año pasado la cantidad de privados de libertad en las cárceles de Uruguay llegó a 15.913, una cifra en aumento sostenido que únicamente se detuvo en 2018 y que creció 130,5% desde 2003. Las cifras confirman, además, la concentración de la mayoría de los reclusos en la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez.
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Publicados a inicios de enero por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), los números forman parte de datos sobre el sistema penitenciario que el Ministerio del Interior decidió hacer accesibles por primera vez y que prevé actualizar trimestralmente. La información detalla la cantidad de presos, su sexo, la identidad de género, la nacionalidad, los delitos que ocasionaron las penas y ciertos eventos dentro de las prisiones como homicidios, suicidios y fugas. Además, incluye datos sobre las medidas alternativas como la evolución por tipo de medida, por género y por departamento.
“Garantiza el acceso público y fortalece la transparencia del sistema penitenciario. Este avance no solo facilita el acceso a la información, sino que también permite a actores relevantes como políticos, técnicos y académicos intervenir con mayor conocimiento en la mejora del sistema”, afirmó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa.
El número total de privados de libertad se remonta a 2003, cuando eran 6.901. La cifra creció anualmente, salvo entre 2017 y 2018 cuando disminuyó de 11.005 a 10.181. La tasa de prisionización, por su parte, pasó de 207 en 2003 a 445 en 2024, un número que ubica a Uruguay con una de las 15 tasas más altas del mundo. Se trata de un indicador utilizado en criminología y sociología para medir la cantidad de personas privadas de libertad en un determinado país o región en relación con su población total. Se expresa generalmente como el número de personas encarceladas cada 10.000 habitantes.
El año pasado, una delegación del gobierno concurrió a las Naciones Unidas para presentar datos sobre el sistema penitenciario. Allí, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, criticó que “frente a un crecimiento demográfico nulo de la población del país”, la población penitenciaria creció sostenidamente con porcentajes del 8% anual en 2019, 12,6% en 2020, 10% en 2021, 5% en 2022 y 4% en 2023. Además, subrayó que casi 9.000 presos tenían penas menores a los tres años, evidencia de que no se trataba de crímenes muy graves que justificaran la cárcel como única salida.
Según los datos del INR, hay tres delitos que aglomeran a la mayoría de los reclusos: 3.828 está detenidos por causas relacionadas a estupefacientes, 3.749 por hurto y 3.443 por rapiña. Por causas de homicidio, en tanto, hay en las cárceles uruguayas 1.793 personas.
El ex-Comcar, la prisión más poblada del país
De los casi 16.000 privados de libertad, más de un tercio están detenidos en la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez, conocida como ex-Comcar, y donde hay 5.096 personas (31,6% del total del sistema). Además de la cárcel más poblada, es también la más peligrosa, con módulos especialmente complejos por el carácter y el historial de los reclusos. En setiembre, seis internos murieron y uno debió ser internado en estado grave luego de ser atacados con fuego y cortes carcelarios por otros internos con quienes compartían el mismo sector. En octubre, el comisionado parlamentario penitenciario publicó un informe sobre el hecho y cuestionó el hacinamiento dentro de Santiago Vázquez.
“Pese a la situación global de sobrepoblación crítica, paradójicamente, existen cientos de lugares libres en el sistema que no se utilizan por inhabilitación o por falta de trabajo socioeducativo con las personas para su acceso a procesos de progresividad en el sistema para ocupar esos lugares. Entonces el hacinamiento en buena parte del sistema no parece ser un problema de falta de construcción de plazas. La situación se debe más bien a una combinación de un déficit de inversión en políticas de rehabilitación unido a carencias en la promoción de políticas de alternativas al encarcelamiento. Esos cupos no pueden hoy usarse, por la falta de personal y materiales para hacerlos operativos”, indicó Petit.
Algunos de los problemas de Santiago Vázquez —falta de plazas y escasez de programas de rehabilitación, entre otros— son extensibles a buena parte del resto de las prisiones. De acuerdo al Ministerio del Interior, la publicación de los indicadores del INR busca “la sensibilización de la población sobre la situación del sistema penitenciario, basándose en datos y evidencia científica”. Este es uno de los objetivos fijados en el Libro blanco de reforma penitenciaria lanzado en diciembre e impulsado por Diego Sanjurjo, asesor del ministro Nicolás Martinelli que se mantendrá en ese rol con la asunción el 1º de marzo de Carlos Negro.
El documento fue destacado por Negro y por Ana Juanche, quien asumirá como directora del INR. “La política criminal va a tener que repensar el uso de la cárcel en forma tan masiva. Está probado que la cárcel no cumple con ninguno de sus fines”, señaló Juanche la semana pasada.
Elaborado por Ana Vigna, licenciada y magíster en Sociología, el libro blanco fue destacado por Negro y pretende ser una guía base para que los próximos gobiernos intenten mejorar las prisiones de Uruguay, ampliamente criticadas por políticos y especialistas nacionales e internacionales, y desde donde se alimentan situaciones de violencia, delitos e inseguridad pública que afectan a todo el país. “Surge del agotamiento estructural del sistema penitenciario. En las últimas décadas, el estado de crisis del sistema se ha caracterizado por el aumento constante de la población encarcelada, el hacinamiento, las malas condiciones edilicias, las dificultades para el ejercicio de derechos y el acceso a programas de tratamiento, las carencias en términos de recursos humanos y materiales, así como la debilidad del sistema de medidas alternativas y de las políticas pospenitenciarias”, afirma el documento.
