Desde hace poco menos de un mes, los policías y los operadores penitenciarios del Penal de Libertad volvieron a tratar diariamente con Luis Fernando Fernández Albín, que pese a sus 37 años es un viejo conocido del sistema carcelario y uno de los protagonistas principales del narcotráfico en Uruguay.
Fernández Albín pasó casi 15 años consecutivos en la cárcel desde que en 2010 se lo condenó por un delito continuado de tráfico ilícito de estupefacientes en modalidades de exportación y organización. Parte de ese tiempo lo cumplió en la Unidad N° 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), históricamente conocida como Penal de Libertad.
Estar recluido no le impidió aumentar su poder. Todo lo contrario. Fernández Albín no está relacionado con la familia Albín de Villa Española, que a fines de 2023 encendió las alarmas del Ministerio del Interior por sus violentos enfrentamientos con la familia Suárez, un grupo rival en el dominio del mercado de droga en ese barrio. No se dedica al microtráfico ni al narcomenudeo, como los Albín y los Suárez de Villa Española. Está en una escala superior, la de distribuidor y exportador: provee a las bandas metropolitanas para que ofrezcan marihuana y pasta base al consumidor local, pero también participa de la venta de cocaína a Europa.
En ese esquema logró contactos de peso, según señalaron fuentes policiales a Búsqueda. Uno es Luis Alberto Suárez, alias Betito, el líder de la familia que controla parte de la venta de droga en Cerro Norte. Fernández Albín le suministra estupefacientes a cambio de dinero, pero también de armas y protección. En el plano internacional el vínculo es Sebastián Marset, quien ha confiado a Fernández Albín el acopio de megacargamentos de cocaína provenientes de Brasil y Paraguay previo a su partida por mar desde el Puerto de Montevideo. Según las fuentes, aunque en ambos casos la Policía Nacional comprobó la participación de Fernández Albín, no reunió las pruebas suficientes para presentarlas a la Justicia.
La preocupación de la Policía
En diciembre el nombre de Fernández Albín tomó relevancia a partir de un atentado contra la fachada de la oficinas administrativas del INR en el Centro de Montevideo. Telenoche informó que dos personas dispararon contra el edificio y dejaron en un papel un mensaje dirigido a Luis Mendoza, director del INR: “Los presos se respetan”.
Dos unidades policiales, la Dirección General de Información e Inteligencia y la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, determinaron que el responsable había sido Fernández Albín y que la amenaza obedecía al traslado del que días antes había sido protagonista: fue derivado de la Unidad N° 3 a la Unidad N° 25, la cárcel de máxima seguridad que tiene el sistema penitenciario y se ubica en un predio del extinto Comcar. “Se enojó porque lo sacaron del Penal de Libertad”, dijo un policía a Búsqueda.
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Luis Mendoza, exdirector del INR, fue amenazado a fines del año pasado
Mauricio Zina/adhocFOTOS
En el celdario 2 de esa prisión, conocido como La Piedra, desde 2020 comenzó a funcionar un sector especial acondicionado para reunir a los narcotraficantes más importantes del sistema carcelario. El objetivo: tenerlos más controlados y separados del resto de la población carcelaria. Aunque el régimen aseguró cierta parsimonia en una de las unidades de rehabilitación más densas y violentas de Uruguay, también permitió a personas como Fernández Albín manejar sus actividades desde prisión. Pensante, frío y con recursos económicos, vía celular controló envíos de droga al exterior.
En setiembre del año pasado, con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) logró incautar alrededor de una tonelada de droga valuada en más de 30 millones de euros en el mercado europeo. La Operación Faro ejecutó cinco allanamientos en Montevideo, Canelones y San José para incautar 42 bultos de cocaína lista para ser transportada en un camión, cuatro automóviles y una embarcación pesquera. “La organización desde Uruguay ofrecería logística para el acopio y posterior envío de droga vía marítima”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa.
La sospecha es que Fernández Albín formaba parte del negocio. La Policía también maneja la hipótesis de que estuvo implicado en 2022 en el frustrado envío a Europa de otra tonelada de cocaína, que apareció desparramada en la playa del balneario de San Antonio, en Rocha. Por aquel hecho, en febrero de este año un hombre fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel. Su nombre es Santiago Echart y según informó El Observador está vinculado a Fernández Albín.
Operaciones de narcotráfico de esta envergadura determinaron que, a pedido de la DGRTID, a fines del año pasado se trasladara a Fernández Albín a la Unidad N° 25. Inaugurada en 2021, fue un anuncio de campaña del gobierno de coalición, que prometió una millonaria inversión para una cárcel de máxima seguridad que siguiera modelos brasileños. La falta de presupuesto derivó en esta solución a escala dentro del predio de la Unidad N° 4 (antiguo Comcar).
En la Unidad N° 25 las condiciones de seguridad son rígidas: los reclusos no tienen comunicación entre ellos y tienen casi nulo acceso a actividades educativas, laborales o deportivas. Su única salida es una hora a un patio, con horarios estrictamente coordinados para evitar el contacto con otros internos. Dos veces a la semana pueden realizar llamadas de hasta 30 minutos desde una cabina telefónica y reciben visitas una vez a la semana por un máximo de dos horas. Prácticamente todo contacto se limita a los funcionarios policiales, quienes deben usar pasamontañas y cámaras personales para registrar las interacciones.
En noviembre Ricardo Cáceres, alias Ricardito y medio hermano de Luis Alberto Suárez, presentó un habeas corpus para denunciar que en la cárcel de máxima seguridad vive “entre las ratas”. En marzo, Ricardito fue trasladado al Hospital Español tras una intoxicación voluntaria por ingerir pastillas. Hoy está de vuelta en la Unidad N° 25. La amenaza de Fernández Albín a Mendoza no fue la única que hizo un interno de esa unidad: en 2021 Edwin Parentini, preso por el homicidio de un hincha de Nacional, escribió dos cartas en donde advertía a Mendoza y a Luis Alberto Heber —entonces ministro del Interior— de los peligros que corrían en la vía pública, responsabilizando a ambos del aislamiento y “la falta de derechos” que sufría en la Unidad N° 25.
La violencia en el Cerro
En diciembre, luego del atentado realizado a las oficinas del INR, Fernández Albín fue encontrado responsable y se le extendió su estadía en prisión. En febrero, tres meses antes de su libertad, la Justicia le concedió arresto domiciliario para cumplir el resto de la pena. El País informó que la decisión obedeció a que habían “disminuido los riesgos” y no era necesario que permaneciera recluido.
A fines de marzo, sin embargo, Fernández Albín volvió a prisión. Un procedimiento policial allanó la casa que habitaba y se le encontró un arma con la numeración limada. Fue condenado a la pena de siete meses de prisión como coautor de un delito de atentado agravado en reiteración real, con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con signos de identificación suprimidos en calidad de autor.
El allanamiento fue parte de un operativo policial más amplio coordinado por el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos en conjunto con la Fiscalía de Homicidios de 2º turno con el objetivo de frenar la escalada de violencia en el Cerro entre la banda de Luis Alberto Suárez y una banda rival de microtráfico, Los Colo. “Durante este operativo se obtuvieron indicios y evidencias probatorios para estudiar y analizar, y así continuar avanzando con la investigación de los delitos de homicidio ocurridos, que están posiblemente relacionados a enfrentamientos entre grupos de delincuentes”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa. Se desplegaron alrededor de 150 policías y se incautaron armas de fuego, municiones, estupefacientes y dispositivos electrónicos.
En su retorno a prisión, el INR decidió recluir a Fernández Albín de nuevo en el Penal de Libertad. Por ahora el INR no recibió ningún oficio de parte del Poder Judicial ni otros actores para solicitar su traslado a la Unidad N° 25. Los perfiles de internos para la prisión de máxima seguridad los decide la Junta Nacional de Traslados —compuesta por un representante de la dirección del INR y personal técnico y operativo— a partir de evaluaciones psicosociales y de seguridad.
En la Policía existe preocupación de que, otra vez en la Unidad N° 3, Fernández Albín tenga autonomía para manejar sus negocios. “Es un tipo muy hábil y a veces a las autoridades carcelarias les sirve que no se enoje”, graficó un policía retirado. En el pasado, desde el Penal de Libertad, Fernández Albín colaboraba con la Policía para mantener un clima de relativa calma en la cárcel, con pocos reclamos, hechos de violencia o motines. Esto le resultaba funcional, ya que ese tipo de conflictos suele derivar en requisas que afectan la comunicación con el exterior al incautarse celulares, lo que pone en riesgo la continuidad de sus operaciones narco.
Mientras, en el afuera, la DGRTID investiga el posible vínculo entre Fernández Albín y el fútbol para el lavado de dinero. La hipótesis surgió con su arresto en marzo, realizado en una casa alquilada de Colinas de Carrasco, un barrio privado de Canelones al que se accede desde la Ruta 101. El barrio está cerca de complejos deportivos como Los Aromos, Uruguay Celeste y el de Montevideo City Torque y suele ser punto de inversión para futbolistas, exfutbolistas, entrenadores, dirigentes y representantes.
Título papel: Fernández Albín, uno de los principales narcos de Uruguay, retornó al Penal de Libertad y causa inquietud en la Policía
