El argumento predominante fue que la ley aprobada por la coalición de gobierno, en los casos clasificados secretos, elimina toda capacidad de control por los otros dos poderes del Estado.
“No es un cuestionamiento a las personas, sino a las políticas públicas”, fundamentó el senador Charles Carrera (MPP), y advirtió que la nueva norma “da poderes exorbitantes” a la nueva agencia de inteligencia, además de romper con la tradición de tratamiento de este delicado tema por consenso.
El abogado Ochs dijo a Búsqueda que “un Estado de derecho que dibuja un perímetro inaccesible al control” en realidad “está pegándose un tiro, no en el pie, sino en la boca”, y que eso es más grave con los antecedentes que existen de los servicios, aun en democracia.
Para el penalista y exsecretario de la Presidencia y ministro Gonzalo Fernández, en cambio, aunque es un tema muy discutido, el secreto de Estado, igual que el profesional y el de confesión, “debe existir en determinadas circunstancias”, mientras que en la comunidad de inteligencia predomina la idea de que el secreto es una herramienta necesaria.
Ángel y demonios
Una vez confirmado como director, Garcé recibió a Búsqueda en su oficina del piso 10 de la Torre Ejecutiva para insistir en la idea de que en el país hace falta crear una “cultura de inteligencia” y que “se puede hacer inteligencia estratégica de calidad dentro de la Constitución y la ley”.
El nuevo jerarca defendió el texto votado con el argumento de que se trata de una demanda de agencias de los países “amigos”, cuyos nombres no precisó, así como tampoco quiso dar números del presupuesto ni detalles de actividades.
“Las reformas más profundas a la ley de inteligencia se concretaron por la sustitución del verbo coordinar por dirigir y la introducción de esta categoría del secreto, donde fuimos muy cuidadosos en delimitar qué tipo de información podía entenderse como secreta, y es solamente la que se obtiene por cooperación internacional y cuando su divulgación pueda causar un perjuicio al Estado o a la existencia de esos acuerdos, es decir, no cualquier información puede ser declarada secreta, sino la que encuadra en esa categoría”, explicó el director.
Según Garcé, esta nueva categoría “no está relacionada con violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, pero tampoco en el presente, porque cualquier actuación que violara los derechos humanos viola el principio de legalidad”.
Garcé considera que para cumplir con la misión asignada a la SIEE, que él ubica principalmente en torno a la defensa nacional, la seguridad interna y la represión del crimen organizado, mediante la obtención de información, el análisis y el procesamiento de información, “hay que tener estándares de información que sean por lo menos similares al de aquellos estados que estén dispuestos a trabajar y colaborar con Uruguay, porque es evidente que no existiría ninguna razón para que una información clasificada como secreta en origen fuera compartida a 14.000 o 16.000 kilómetros con un país que tiene niveles de protección más bajos y donde eventualmente esta información pueda ser revelada”.
Además de su honor y sentido de hombre de derecho, Garcé apela a las normas: “El abecé de la inteligencia en Uruguay y en todos los estados democráticos de derecho es el principio de legalidad, es decir, que la actividad de los órganos de inteligencia nunca puede ser en desmedro de los derechos individuales. La información que manejan los órganos de inteligencia es aquella indispensable para el cumplimiento de la misión y sea útil al combate al terrorismo, el narcotráfico y los objetivos nacionales”.
Torre Ejecutiva. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Verdes y azules
Desde el regreso de la democracia, las agencias de inteligencia locales trabajaron de forma más o menos atomizada y autónoma, y en el segundo gobierno de Julio Sanguinetti se produjo un intento de centralización bajo el control del Ejército, a la cual la Policía presentó resistencia.
Luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos el mundo de los servicios fue trastocado y, entre otras cosas, comenzó a verse más claro que la competencia entre agencias de un mismo país tenía una parte muy negativa. En Uruguay, recién en el Presupuesto de 2005 se creó el cargo de coordinador de inteligencia, pero no pudo ser llenado hasta que, en el período siguiente, José Mujica designó al tupamaro Augusto Gregori.
Cuando Gregori renunció por discrepancias con Mujica y las presiones de la oposición ante “el jefe de los espías tupamaro”, el cargo estuvo unos meses vacante y luego fue ocupado por dos generales retirados de la Fuerza Aérea, primero José Bonilla y después Washington Martínez. Este último había sido edecán de Tabaré Vázquez y contó con toda su confianza.
Aunque Gregori, el único civil hasta ahora, había intentado construir otra cultura apelando a universitarios y a la capacitación española, los cuadros formados en el área siguieron siendo en su gran mayoría militares y policías y no siempre se relacionaron como una comunidad de inteligencia armónica, sino que defendieron los intereses y la cultura de su organización.
Gregori, ya fuera del cargo, fue muy crítico con la ley votada en 2018 a instancias de su propio partido en consenso con los demás actores del espectro político, sobre todo porque instalaba en la cima del poder una nueva agencia en lugar de una coordinación.
Salvo el ex director general del Ministerio del Interior Jorge Jouroff, el resto de los analistas de inteligencia que trabajaron en el piso 10 de la Torre Ejecutiva bajo el mando del general Martínez no eran notorios frenteamplistas, pero unos cuantos contratos, entre ellos el suyo, no fueron renovados.
Sin embargo, el nuevo director Garcé aseguró a Búsqueda que aspira a desarrollar “una inteligencia estratégica no de un gobierno y menos de un partido, sino de Estado” y que a los cerca de 30 empleados con que cuenta hasta ahora la nueva agencia no les preguntó su orientación política, sino que fueron contratados con base en la trayectoria profesional.
La cabeza visible del Ejército en la SIEE es el coronel Carlos Delgado, un oficial retirado del arma de infantería de filiación blanca que revistó como analista en la inteligencia militar, hoy Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), uno de los departamentos del Estado Mayor de la Defensa.
Durante cuatro meses del año pasado también estuvo trabajando en el piso 10 Fernando Calvete, asesor del senador herrerista Gustavo Penadés, especializado en defensa. Calvete iba a ser designado subdirector, y finalmente el cargo fue creado, pero no cubierto. Ello se debió oficialmente a razones de economía, aunque fuentes del área de inteligencia no descartan que la salida se deba a una puja de poder dentro del oficialismo de cara a 2024.
Unos 10 de los 30 analistas que trabajan en la nueva agencia, que no tiene funciones operativas, se inscribieron para cursar el primer posgrado en inteligencia estratégica que se dicta en el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), que dirige el general Hebert Fígoli.
Los cursos, a cargo del coronel retirado Gustavo Vila, que fueron suspendidos por la pandemia, aspiran a formar a los nuevos profesionales de la SIEE.
Aunque los diferentes escenarios mundiales en relación a la pandemia fueron motivo de algunos productos de inteligencia, según Garcé no ocuparon mayor energía de la agencia porque de eso se ocupó el Grupo Asesor Científico Honorario.
Además de la actividad de análisis, para el presidente Luis Lacalle Pou y otros jerarcas la SIEE reúne mensualmente a la Mesa Coordinadora de Inteligencia integrada por agencias de los cuatro ministerios relacionados directamente con el área: Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Economía.
Por Interior participan Inteligencia Policial, Drogas, Crimen Organizado e Interpol, además de otras reparticiones como Hechos Complejos que asisten de forma eventual.
También forman parte de la mesa, la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Senaclaf) y el jefe de Gabinete de la Cancillería y la DIE de Defensa.
Control parlamentario
“Cuando va más allá de los límites de la legalidad la inteligencia se transforma en espionaje”, repite Garcé como un axioma.
Para controlar que ese principio se cumpla funciona una comisión bicameral que preside la senadora blanca Graciela Bianchi e integran legisladores de todos los partidos.
Las dificultades propias de una comisión que debe integrar representantes de dos cuerpos con agendas diferentes y la pandemia conspiraron para el funcionamiento, explicó Bianchi a Búsqueda.
El diputado del MPP Daniel Caggiani, sin embargo, se quejó de que Garcé no ha enviado aún el texto del decreto reservado 389, firmado el 18 de diciembre de 2019 por Vázquez y otras informaciones que necesitan los legisladores para cumplir con su actividad de contralor que se realiza bajo compromiso de reserva.
