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    Los miembros del PCC aumentan en las cárceles uruguayas, por el momento inactivos y a la espera de recibir órdenes para actuar

    La Policía Nacional de Uruguay y la Policía Federal de Brasil investigan un desplazamiento similar que está ocurriendo con el PCC en cárceles uruguayas

    Ubicada al noreste de Paraguay y limitando con Brasil, Pedro Juan Caballero es una ciudad históricamente ligada al contrabando: de cigarrillos, de pesticidas, también de madera. Con el auge del narcotráfico la ciudad ganó espacio como clave regional de la marihuana, primero, y de la cocaína, después. El Primer Comando Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales del mundo, comenzó a establecerse en ese lugar a partir de 2010 con el objetivo de cortar intermediarios y controlar directamente el tránsito de droga. El movimiento fue parte de un plan mucho más ambicioso con el cual el PCC, originario de Brasil, logró crecer dentro de las cárceles paraguayas hasta convertirse en un grupo potente en el país, con miembros y operaciones criminales activas.

    La Policía Nacional de Uruguay y la Policía Federal de Brasil investigan un desplazamiento similar que está ocurriendo con el PCC en cárceles uruguayas. Fuentes policiales brasileñas indicaron a Búsqueda que desde 2018 se ha comprobado un “crecimiento sostenido” en el reclutamiento de reclusos en Uruguay y no únicamente en la unidad de rehabilitación N° 12 de Cerro Carancho, ubicada en Rivera, donde el PCC tiene más influencia por la cercanía geográfica con Brasil y la profileración de bandas locales de microtráfico.

    La captación se realiza vía celular, generalmente a través de WhatsApp, y finaliza con el tradicional bautismo del PCC: el preso debe ser presentado por otro miembro, aceptar el rango que se le otorga y jurar cumplir con el estatuto de la organización. Búsqueda obtuvo una ficha del PCC que recoge los datos de uno de sus integrantes uruguayos: nombre, edad, apodo original, apodo de bautismo, fecha y cárcel de bautismo, fecha en la que ingresó a la cárcel, castigo que cumple, las últimas tres cárceles en donde estuvo y hasta un código alfanumérico para identificarlo.

    Aunque la existencia de decenas de miembros del PCC en Uruguay está comprobada, no hay aún indicios de que la organización actúe directamente en el país. Sus miembros pasan a integrar la franja jerárquica más baja del grupo y no ejercen influencia en la interna penitenciaria, no reciben visitas extrafamiliares y viven una frágil situación económica, lo que para las autoridades revela la falta de órdenes operativas y de apoyo financiero. La hipótesis es que están “latentes” para actuar en el futuro, según las fuentes.

    En agosto del año pasado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había admitido ante el Parlamento que el PCC era un desafío para el gobierno por tratarse de “una organización realmente poderosa”, más allá de que no tenía confirmada su presencia en Uruguay.

    El PCC ha protagonizado sangrientos motines en Brasil. Foto: AFP

    Especialmente vulnerable

    Creado en una prisión del estado de San Pablo, el PCC es la organización criminal más fuerte de Brasil y una de las de mayor crecimiento global, con cálculos estimados de entre 20.000 y 30.000 miembros. Una de las razones para su desarrollo es la fidelidad de sus integrantes y el rigor bajo el que proceden, con un estatuto interno de 45 reglas que especifica el organigrama del grupo y establece entre otras cosas castigos y normas de comportamiento para sus afiliados penitenciarios y los que se encuentran en libertad.

    “La disciplina se ha convertido en el aspecto que diferencia al PCC de muchas otras organizaciones criminales. Es un aspecto central de cómo el PCC estableció cierta ‘moralidad’ entre criminales. Se fortaleció cuando fue reconocido como autoridad capaz de ser un organismo regulador del delito”, narra un artículo de investigación de 2020 de Insight Crime.

    De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la organización actualmente ha expandido su presencia a otros países de Sudamérica y más allá de África y Europa, por lo que domina varias etapas de la cadena de suministro de cocaína al financiar operaciones de comercialización y al subcontratar grupos locales para servicios logísticos.

    Hasta ahora su acción sobre Uruguay se da de manera indirecta: el PCC y los traficantes brasileños asociados al grupo tienen vínculos con compradores mayoristas europeos y desde Paraguay actúan como intermediarios para traficar la droga que viene desde Bolivia vía la hidrovía Paraguay-Paraná, el corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo que permite la navegación continua entre puertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

    Esa droga termina en el puerto de Montevideo y desde allí se envía a Europa, en ocasiones con escala previa en África. Uno de los compradores mayoristas que vende la droga en Europa es la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa que tiene un vínculo estrecho con el PCC y que integra Rocco Morabito, detenido en Montevideo en 2017.

    Estas conexiones con Uruguay han generado advertencias a escala internacional. De acuerdo al último Informe Mundial sobre la Cocaína de la Unodc, publicado en marzo, debido a su salida marítima el país es “especialmente vulnerable a la rápida propagación del PCC”, que “normalmente encuentra un punto de apoyo” entre los prisioneros. El martes 25 en la Universidad Católica, en una conferencia sobre narcotráfico, política y desarrollo en América Latina, el académico chileno Juan Pablo Luna sostuvo que el statu quo de la seguridad pública en Paraguay se vio afectado a partir de la “sindicalización” de presos locales por parte de grupos narcos brasileños.

    Estas alarmas han repercutido en las autoridades de seguridad uruguayas, que además del crecimiento del puerto de Montevideo como ruta de la cocaína observaron con preocupación el aumento de la violencia en Rivera, donde una pandilla originaria de Río Grande do Sul, Os Manos, supo tener una relación con el PCC para el tráfico de drogas y armas.

    Desde el año pasado agentes de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional viajan al Centro de Cooperación Internacional (CCPI), que con sede en Río de Janeiro agiliza el intercambio de información y la recopilación de datos de inteligencia entre Policías de distintos países. La decisión, tomada por Heber, obedece a una línea estratégica del Ministerio del Interior de profundizar la interacción regional y con Interpol para poder combatir a organizaciones de carácter global.

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