Fiscalía advirtió a la SCJ que por falta de recursos la Unidad de Víctimas no puede atender casos derivados por jueces

En el escrito, Ferrero señaló que la Fiscalía había recibido “en reiteradas oportunidades” oficios de juzgados letrados y tribunales de apelaciones que en sus sentencias disponían la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos, para víctimas de diversos procesos.

En el oficio, Ferrero se refirió a que la unidad tiene entre sus cometidos adoptar o solicitar las medidas necesarias para facilitar la participación de las víctimas en el proceso penal y “evitar o disminuir al mínimo” las afectaciones de sus derechos.

“Se entiende pertinente poner en su conocimiento los hechos acaecidos a efectos de su consideración y decisión de las medidas que entienda pertinentes, resaltando que nuestra institución carece de los recursos suficientes que permitan extender el ámbito de actuación de la Unidad de Víctimas y Testigos a petición de otros organismos”, escribió Ferrero a la Suprema Corte.

El reclamo también lo hizo público la propia Ferrero ante el Parlamento, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, el 2 de setiembre. Según surge de la versión taquigráfica, la fiscal de Corte destacó ante los senadores el trabajo que hace la unidad y dijo que “es buena la atención”, a tal punto que recibieron sentencias del Poder Judicial en las que se ordena a la unidad seguir atendiendo a la víctima.

“No podemos, porque esta unidad se creó con la finalidad exclusiva de ayudar a los fiscales en sus investigaciones penales y en el seguimiento de las víctimas cuando las llevamos a juicio”, afirmó Ferrero, y agregó que no pueden “ayudar” al Poder Judicial “como obligación”. Según explicó, eso no significa que la unidad nunca intervenga en situaciones vinculadas con otros organismos o que no pueda asistir a víctimas en casos puntuales, pero no puede hacerlo como norma.

Según Ferrero, la limitación está vinculada con “la escasez de recursos” y aseguró que la unidad tiene una carencia de psicólogos especializados. “Créanme que esos profesionales son muy importantes”, sostuvo. La fiscal de Corte relató que como fiscal acompañó a víctimas que llegan a las diferentes instancias judiciales con una fuerte carga emocional y que, en algunas ocasiones, ni siquiera comprenden el proceso. “Entonces, que el psicólogo esté ahí, de verdad, es muy bueno”, afirmó.

La directora de la Unidad de Víctimas, Manuela Reguera, había reconocido a Búsqueda a finales de 2025 que, si bien deberían atender a las víctimas de todos los delitos mientras duran los procesos y los juicios, por una cuestión de recursos deben aplicar un “criterio de selección” que toma en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas y da prioridad a niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.

Esta situación se da en un contexto de aumento de las intervenciones de la Unidad de Víctimas y Testigos en los últimos años porque, a la par del aumento de la cantidad de delitos, también son más las personas que deben ser atendidas y acompañadas.

Durante la comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Reguera había señalado que existe una “demanda insatisfecha” en la atención y por eso se solicitaba la creación de cinco cargos, con perfil de trabajador social o licenciado en Psicología. “Los resultados que esperamos con la creación de estos cargos tienen que ver con ampliar la cobertura a víctimas y testigos de delitos en todas las sedes y, sobre todo, profundizar la atención en las sedes del interior”, señaló.

La instrucción para los fiscales

En el oficio que Ferrero envió al Parlamento, incluyó la Instrucción General Nº 5 de la Fiscalía, aprobada en octubre de 2017, que establece los principios, los objetivos y los procedimientos generales para la atención y la protección de víctimas y testigos.

El documento define la unidad como un equipo “a disposición del trabajo con los fiscales”, que desarrolla acciones de atención y protección de víctimas y testigos. La instrucción establece que las respuestas deben adaptarse según el grado de riesgo, la relación con el agresor y el perfil de cada persona al momento del proceso.

La atención puede incluir orientación, acompañamiento y apoyo psicológico, además de coordinación con otros servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil. La propia Fiscalía plantea que la atención a las víctimas “trasciende la acción penal” y requiere “respuestas sistémicas e integrales” para “abordar y reparar secuelas emocionales, vinculares, físicas, laborales y económicas”.

“Se trata de un derecho de las víctimas y una responsabilidad del Estado”, agrega.