En el femicidio de Natalia Barbat, en Treinta y Tres, el Estado volvió a llegar tarde. Quien la asesinó era su expareja, el padre de dos hijos en común, y había sido denunciado por la víctima por violencia de género, razón por la cual hasta hacía pocas semanas portaba una tobillera electrónica. El caso puso sobre la mesa la problemática y el debate sobre la capacidad real del sistema para anticipar situaciones de riesgo.
En los últimos cinco años, diciembre —que está marcado por las fiestas, las reuniones familiares y el cierre de ciclos— fue el segundo mes con mayor número de asesinatos a mujeres por violencia basada en género, de acuerdo con un documento del Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres que todavía no fue publicado, al que accedió Búsqueda.
Cifras
El informe, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, analizó todos los homicidios a mujeres cometidos entre 2019 y 2024, incluidos los que aún se encuentran en investigación, y puso en cifras una realidad que había sido identificada por los especialistas.
Durante los años estudiados, agosto concentró el 12% de los femicidios; diciembre, el 11%; y marzo y mayo, el 10%. En el resto de los meses los porcentajes fueron menores. A esa tendencia se suma otro dato: dos de cada diez asesinatos a mujeres fueron cometidos los lunes.
Aunque las causas no están del todo estudiadas, para la directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, Manuela Reguera, en diciembre hay una “conjunción de muchas cuestiones”, entre ellas los “movimientos emocionales” por las fiestas, las tensiones familiares arrastradas que emergen en las reuniones que deberían ser de celebración, que escalan como consecuencia del consumo de alcohol y otros estupefacientes. “Algunos femicidios se desarrollan incluso en el marco de las fiestas, hemos amanecido el 25 de diciembre con femicidios”, agregó en diálogo con Búsqueda.
Para Reguera, estos nuevos datos “están hablando” y es necesario profundizar en el diagnóstico, así como en acciones, porque parte del trabajo tiene que apuntar a “poder anticiparse”.
“Hasta ahora no teníamos estos datos, pero si ya sabemos los meses donde se concentran, y los días, algo tenemos que poder hacer”, afirmó la psicóloga que dirige la Unidad de Víctimas del Ministerio Público, que tiene como objetivo atender y proteger a las víctimas y testigos en el marco del proceso penal.
“Todo lo preventivo falló”
Reguera reconoce que existen problemas estructurales que condicionan la actuación del Estado. Cuando la Fiscalía toma conocimiento de los femicidios, el delito está cometido, “todo lo preventivo falló” y, entonces, “siempre se llega tarde”, dijo. Una muestra de esa falla es que gran cantidad de los femicidios escalan a partir de denuncias por violencia doméstica, incluso cuando hay una valoración de riesgo alta y medidas cautelares activas. Según el informe del Observatorio, en el 44% de las tentativas de femicidios en los últimos cinco años había al menos una denuncia previa de la víctima y en el 34% había medidas de protección vigentes.
La directora de Fiscalía consideró que “hay un debe” porque debería existir un “acompañamiento más cercano” con quienes tienen medidas de prohibición de acercamiento o de comunicación. “Para las medidas de riesgo alto, más allá de la tobillera, faltaría un acompañamiento más del orden psicosocial, porque les ponemos las medidas y después nadie sabe qué pasa con esas personas, cómo están, cómo siguen”, dijo Reguera.
En esa línea, la directora ve con buenos ojos el sistema Élida 360, un mecanismo de monitoreo para víctimas de violencia de género. Según informó el Ministerio del Interior, esta herramienta se va a utilizar en los casos en los que haya finalizado el uso de tobillera, y va a permitir que la víctima tenga un botón de emergencia en una aplicación para teléfonos celulares, a fin de alertar sobre situaciones de violencia y para ampliar la denuncia.
De todas formas, no todas las situaciones de violencia doméstica denunciadas llegan a Fiscalía, porque no todas constituyen delito, y ese primer filtro deja sin seguimiento muchas relaciones que luego aparecen en las crónicas policiales.
Para Reguera, también existe una falla “más estructural” vinculada con el sistema educativo y “las formas en las que estamos haciendo que los varones sean varones”. Las conclusiones del informe del Observatorio recomiendan promover un “cambio cultural respecto a las masculinidades”.
“Al ser el femicidio íntimo el más recurrente, y el vínculo de pareja o expareja el que prevalece, se sugiere profundizar el trabajo sobre la socialización de género de los varones en base a la construcción de nuevas masculinidades”, plantea.
Por otro lado, Reguera propone trabajar con las personas que están condenadas por delitos de femicidio, ofensores sexuales e imputados o condenados por violencia basada en género. “En la cárcel tenemos que poder tener programas de tratamiento, que la evidencia dice que reducen un porcentaje la comisión de nuevos delitos. Porque mañana van a salir y se van a vincular o con otras niñeces o con otras mujeres, y esto es un ciclo, que, si no se rompe, se reproduce”, aseguró la jerarca, que asumió el cargo en agosto de 2025 luego de la renuncia de Mariela Solari.
Reguera se ha especializado en psicología forense y penitenciaria y en técnicas de evaluación judicial y forense. Antes de ingresar a la Unidad de Víctimas en 2023, trabajó como encargada de la subdirección técnica de la cárcel de Santiago Vázquez, de la cárcel de Punta de Rieles, y como psicóloga forense en el Instituto Técnico Forense.
Nuevos “escenarios femicidas”
El diagnóstico del Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres confirma varios datos que se venían relevando, como que el hogar y la pareja son los escenarios de mayor peligro para la población femenina. La mayoría fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y en el ámbito privado. El 74% de los homicidios ocurrieron en la residencia de ambos o en la casa de la víctima, un 48% de las víctimas convivían con quienes las terminaron asesinando, y un 17% lo habían hecho en el pasado.
El diagnóstico concluye que, si bien el femicidio íntimo —la categoría utilizada para las mujeres cuyos agresores eran pareja, expareja o habían mantenido un vínculo afectivo-sexual— sigue siendo la forma más recurrente (70%), existe una “diversificación de los escenarios femicidas”.
Por un lado, la violencia relacionada con actividades criminales (que asciende al 8%) es una novedad porque en el estudio anterior del período entre 2012 y 2018 no se registraron casos de ese tipo. También hubo un aumento en el vínculo de amigo/conocido entre víctima e indagado. Esta última categoría tenía una prevalencia del 3% en el estudio anterior y aumentó al 13%.
El informe señala que “el ámbito no íntimo cobra relevancia” en relación con el estudio anterior y “es pertinente ampliar la mirada sobre este tema”.
En los últimos cinco años, las mujeres víctimas son más jóvenes en comparación con el período estudiado en la investigación anterior: un 31% estaban en el tramo de 18 a 29 años, mientras que entre 2012 y 2018 el rango etario con más víctimas se encontraba entre los 30 y los 40 años.
En relación con los agresores, el 73% no tenía antecedentes penales; en su mayoría, los formalizados o condenados tenían entre 30 y 40 años, y un 34% había sido denunciado por la víctima. Con respecto a la investigación anterior, el hecho de tener denuncias previas aumentó nueve puntos porcentuales.
