La Unidad de Víctimas de Fiscalía priorizará la descentralización para afrontar “demanda insatisfecha” en el interior

El departamento de Soriano es uno de los ejemplos de falta cobertura. Solo tienen una especialista en Mercedes, y cuando sucedió el caso de violencia vicaria de Francisco y Alfonsina por parte de su padre, que vivían en esa ciudad junto con su madre, debieron trasladar a cuatro técnicas de los departamentos de Paysandú, Salto, Río Negro y Colonia para trabajar con las familias afectadas.

Trabajo especializado

Reguera, que se ha especializado en psicología forense y penitenciaria y en técnicas de evaluación judicial y forense, identifica como la principal falla en el sistema que “no todas las víctimas tienen el acceso a dispositivos especializados de reparación”, con profesionales formados en trabajar con quienes sufrieron violencia basada en género o violencia sexual.

Más allá de los técnicos de la Unidad que reciben capacitaciones, uno de los problemas que identifica es la falta de especialistas para trabajar con las víctimas, que tienen que seguir viviendo después del trauma. En los casos de violencia doméstica, por ejemplo, Reguera advirtió que, si no se trabaja en la construcción de la autoestima de las víctimas, en identificar el origen que las llevó a vivir esa situación y en relaciones saludables, “es factible que haya una repetición”. Además de que “puede haber una naturalización”, explicó que “también hay una forma de no saber vincularse distinto”, y cuando una persona se cría en una casa con mecanismos violentos para relacionarse, “es muy difícil que conozca otra cosa”.

Ante este tipo de situaciones, insistió en la necesidad de tener más personas con formación específica para trabajar con víctimas y también para la valoración del riesgo de reincidencia de los agresores. “Es lo que nos está diciendo también toda la región”, dijo Reguera, en relación con un contexto de aumento de la violencia de género y de delitos sexuales.

En 2024, en Uruguay la Unidad de Víctimas atendió a 4.050 víctimas, y el 61% fue por delitos sexuales y violencia basada en género.

Investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) realizaron un estudio que se publicó en octubre de 2025, a pedido del Instituto Nacional de Rehabilitación, sobre un instrumento internacional que permite evaluar el riesgo de reincidencia en delitos sexuales. La herramienta, conocida como SVR-20 (Sexual Violence Risk–20), se utiliza en distintos sistemas penitenciarios del mundo. Los autores de la investigación, de la cual informó Búsqueda, concluyeron que aplicar esto en Uruguay permitiría “fortalecer la prevención secundaria de la violencia sexual, mejorar el monitoreo y evaluación de las intervenciones, y reforzar la protección de las víctimas”, además de desarrollar intervenciones basadas en evidencias.

La directora de la Unidad de Víctimas indicó que las técnicas cognitivo-conductuales o el EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) —una terapia para ayudar al cerebro a reprocesar recuerdos traumáticos— están respaldadas por estudios de otros países para trabajar con niños y niñas, pero no hay en Uruguay, que todavía tampoco cuenta con una red suficiente de terapeutas especializados.

Solo en 2024, del total de las víctimas que atendieron, 1.601 eran niños, niñas y adolescentes. Un 11% tenían entre cero y cinco años, un 38% de seis a 12 años y un 51% de 13 a 17 años. La cifra de niños que atendió la unidad ese año marcó un aumento respecto a lo que había ocurrido entre 2021 y 2023.

Cómo es el trabajo con las víctimas

La atención de la Unidad de Víctimas comienza, en la mayoría de los casos, en el momento más crítico. La unidad cuenta con un servicio de guardia que funciona los 365 días del año, entre las 8 de la mañana y la medianoche, porque, como señala su directora, “a la gente no le pasan cosas solo de lunes a viernes en horario de oficina”. Dos técnicas atienden las llamadas desde todo el país, acompañadas por supervisoras que coordinan y evalúan cada intervención.

Si bien deberían atender a las víctimas de todos los delitos, por una cuestión de recursos deben aplicar un “criterio de selección”, en el marco de la vulnerabilidad de las víctimas. Se les da prioridad a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.

El primer contacto busca brindar “primeros auxilios psicológicos”, a través de una llamada o mensaje de presentación, orientación y contención. Quienes llaman, víctimas o personas cercanas a las víctimas, suelen encontrarse desorganizadas y sin capacidad de autocuidado. “Nos ha pasado que llamamos y las personas dicen que no le pudieron comunicar al hijo de la víctima lo que pasó. Entonces, lo que hacemos es orientar a la persona sobre la mejor forma de comunicar la mala noticia”, explicó Reguera. A veces se trata de cuestiones que en momentos de “estrés agudo, no se piensan”, como que el ambiente sea de privacidad y se evite el acceso de dispositivos electrónicos de los menores o ayudar en los trámites administrativos para que las personas puedan hacer el sepelio.

A partir de ese primer abordaje, la unidad diseña un plan de acompañamiento individual, que evalúa el impacto del delito no solo en términos psíquicos, sino también sociales y económicos. En algunos casos implica derivaciones terapéuticas; en otros, apoyo para reorganizar la vida cotidiana, resolver trámites urgentes o fortalecer capacidades laborales. Una segunda dimensión del trabajo tiene que ver con el proceso penal: informar a la víctima, prepararla para declarar si así lo desea y reducir su exposición al sistema judicial. “Cuanto antes establecemos contacto, mayor es la confianza en la Justicia”, afirmó la directora.