La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante el Parlamento, en el marco del análisis del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Senadores, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Una vez más, reiteró a los legisladores la falta de recursos en la Fiscalía: asegura que está “haciendo magia” para su funcionamiento, y dejó claro que hizo un pedido de recursos humanos “mínimos” para la institución encargada de la persecución penal de los delitos.
Una de las advertencias que hizo en el Senado es que la Fiscalía puede enfrentar dificultades en los juicios de investigaciones por lavado de activos. En la única fiscalía especializada, liderada por Enrique Rodríguez, no hay un contador.
“No me hago responsable si después los casos de lavado de activos no salen con el fallo que deberían salir”, afirmó Ferrero ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, según la versión taquigráfica.
La única especialista en pericias contables que tuvo de forma temporal el Ministerio Público —que trabajó en causas como los fondos ganaderos— había sido un pase en comisión y fue reclamada por el Banco Central, por lo que volvió a su trabajo original. “Pudimos obtener un montón de condenas gracias a los informes que la contadora hizo”, dijo Ferrero.
La Fiscalía hizo un llamado para incorporar un contador, pero debió suspenderlo luego de resolver que el cargo debía tener dedicación exclusiva, porque no era conveniente que una persona encargada de analizar casos de lavado trabajara en el sector privado con empresas que pudieran ser objeto de una investigación.
Ferrero señaló que tener un contador es una herramienta que los fiscales necesitan para respaldar ante un juez el análisis de los datos financieros y las operaciones investigadas en las causas de blanqueo de dinero. “Todos los días nos bombardean con casos de lavado de activos, pero no tengo contador (...) ¿Cómo quieren que llevemos adelante el combate al lavado si no tenemos un contador?”, preguntó.
Según indicó la fiscal de Corte, la exclusividad tiene que estar establecida por ley, algo que, asegura, le negaron. “Quieren avanzar en el combate al lavado de activos y no me dan el contador”, planteó la fiscal de Corte. Sobre este punto hizo una advertencia más: dijo que cree que si no se concreta ese ingreso, el fiscal le va a decir que “no avanza nada porque sin un informe va a ir a un juicio y lo va a perder”.
Vacantes sin cubrir
El reclamo de un contador es uno de los varios temas que planteó Ferrero en su pedido presupuestal para el año que viene, en el que informó a los senadores que usa el dinero generado por las vacantes sin cubrir para financiar parte de los gastos de funcionamiento.
De acuerdo con los datos presentados durante la comparecencia, de los $ 288 millones anuales destinados a gastos de funcionamiento, el 72% se financia con las “economías del rubro cero”.
“La Fiscalía no llena vacantes y con ese dinero paga el alquiler, paga la seguridad, paga la limpieza y paga los suministros”, dijo Ferrero.
Por su parte, el integrante del Departamento de Planificación y Presupuesto de Fiscalía, Guillermo Larrañaga, explicó que las economías del rubro cero representan aproximadamente el 20% del total de los puestos previstos para la Fiscalía, una situación que se mantiene prácticamente desde 2021. “Hace cinco años que la Fiscalía está funcionando al 80% de su personal, para poder subsistir, evidentemente, en los gastos de funcionamiento e inversión, que son nulos”, aseguró.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público advirtieron que ese mecanismo no se podrá sostener en 2027, porque en 2026 se están cubriendo algunas vacantes, como el ingreso de 46 funcionarios administrativos en todo el país, más de 20 abogados, otros de choferes y un arquitecto. “El próximo año no vamos a tener ni siquiera para contratar seguridad y limpieza”, dijo el secretario general, Pablo Velasco.
Más trabajo para Ricardo Perciballe
Durante la comparecencia, Ferrero también anunció que va a “hacer un sondeo” de la distribución de las cargas de trabajo entre sus distintas fiscalías, y a “las que tengan menos causas y que las hayan llevado durante años” va a asignarles materias conexas y “van a tener que trabajar más”.
“Hay que cumplir con el servicio y no voy a tener una fiscalía de alto costo, con 20 causas durante todo el año cuando hay otros que tienen 1.500 casos en la bandeja”, dijo.
Como adelantó Búsqueda en la edición del 3 de setiembre, la medida alcanzará a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que dirige Ricardo Perciballe, que “no se va a eliminar, pero se le van a agregar competencias”, porque “tiene baja cantidad de causas” y es una fiscalía que “tiene un alto costo”.
“No lo vamos a dejar desaparecer porque eso es muy importante para todos —ya de por sí la fundamentación de la fiscalía lo amerita—, pero en la realidad y en la economía que estamos haciendo necesitamos agarrarnos de todo lo que venga”, dijo Ferrero.
En diálogo con la diaria, Perciballe dijo que es un error decir que su fiscalía tiene pocas causas, porque maneja entre “100 y 120 causas por el viejo Código del Proceso Penal y 25 en investigación en el nuevo código”. A eso se debe sumar que hay 15 personas prófugas de la Justicia, que cada una está requerida por varias causas. “También, implícitamente, se desmerece el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que ha sido reconocida por las víctimas y por los organismos internacionales”, respondió.
Policías sin preparación
Ferrero reclamó que los nuevos policías que se incorporen reciban una formación adecuada para trabajar con los fiscales. Según contó, hay funcionarios policiales que “ni siquiera entienden la orden del fiscal”, y “el fiscal no puede estar perdiendo 10 minutos enseñándole al policía lo que tendría que haber aprendido” en la Escuela Nacional de Policía.
“Si traen más policías, prepárenlos”, reclamó la fiscal de Corte, de quien se ha destacado su buen vínculo con la Policía durante los años que investigó el crimen organizado y lideró la Fiscalía de Estupefacientes de 1er turno.
Ferrero señaló que la investigación penal requiere que exista coordinación entre los fiscales y los policías, porque una falla en una etapa puede afectar las siguientes, como puede ser el juicio que viene después de la formalización y la acusación. Puso como ejemplo los allanamientos: “Si el policía va a transmitir que tiene una necesidad y no sabe decir para qué quiere el allanamiento, ¿cómo el fiscal le va a pedir al juez el allanamiento?”.
Al respecto, el artículo 72 de la Rendición de Cuentas que se aprobó en la Cámara de Diputados busca incrementar las horas docentes de educación policial. A su vez, a principios de setiembre, la Dirección Nacional de la Guardia Republicana realizó un curso que estuvo a cargo de la fiscal de Flagrancia Betina Ramos, junto con integrantes de su equipo. Según publicó el Ministerio del Interior en su página web, estuvo orientado a profundizar los conocimientos vinculados a los procedimientos de flagrancia y detención, “con especial atención” a la intervención inicial ante un hecho, la preservación de la escena, la identificación y obtención de elementos relevantes y la confección de los partes policiales.
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