—¿Cómo evalúa los primeros nueve meses desde la puesta en marcha de la fiscalía?
—Estamos comenzando a andar en este proceso de que sea una Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Está compuesta por quien habla, que es el titular, y dos fiscales adscriptas. No tenemos ningún otro funcionario, salvo algún administrativo que esté con nosotros. Se creó en la ley de Rendición de Cuentas 20.075, que está rigiendo, un cargo de contador, pero han pasado 10 meses y todavía no se ha llenado. Por tanto, nosotros, que somos los tres abogados, los fiscales, estamos trabajando y teniendo el apoyo de las otras agencias del Estado que pueden brindar cooperación.
—¿Los análisis más económicos los hacen otros organismos?
—Por ejemplo, el Banco Central, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, es el que hace el análisis principal desde el punto de vista financiero, nosotros tenemos que pedir el levantamiento del secreto bancario al juzgado, luego el juez lo da y a partir de ahí se empieza a desencadenar todo el proceso de investigación. Ahí podemos pedir que el Banco Central recopile una cantidad de información de las instituciones financieras, que nos la brinda y la tenemos que analizar nosotros. La fiscalía es la que termina analizando todo. Cuando tenemos una duda o ampliar algo consultamos al Banco Central. Pero todo concluye en la fiscalía.
—¿Han tenido algún caso emblemático o testigo que muestre que vale la pena tener una Fiscalía Especializada en Lavado de Activos?
—Creo que las fiscalías especializadas en general no son un fenómeno de Uruguay. Es algo común, es más, en otros países hay fiscalías anticorrupción. Siempre que uno pueda tener una fiscalía especializada que esté para un tipo de delito específico va en redundancia, en tener gente preparada para ese tema, dedicar tiempo solo a eso y que no se diluya en otras investigaciones. Es decir, poder concentrar el análisis de determinados delitos es fundamental. Yo siempre lo voy a ver justificado. Sirve porque si estuviera investigando un hurto, una estafa, una violencia doméstica, y aparte un lavado de activos, seguramente no iba a poder concentrarme en el tema específico o la importancia que tiene el lavado, que son complejos e investigaciones que llevan mucho tiempo. A todas luces es beneficioso que esté la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

Fachada de la Fiscalía General de la Nación en Montevideo. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
—¿Se puede medir en resultados el beneficio?
—Dentro de un tiempo. No todas las investigaciones de ningún delito, no solamente lavado de activos, terminan en una condena. En Chile, que es un país que tiene posibilidades económicas, que tiene una Justicia bien organizada, una fiscalía fuerte, entre 2007 y 2020 tuvo 197 condenas por lavado de activos. Es un promedio de 16 por año en un país que tiene 17 millones de habitantes. No es que en Uruguay tenga que haber 50 condenas por año para que veamos que dio resultado haber creado una fiscalía. Habrá la cantidad de condenas que tenga que haber cuando las investigaciones determinen que las personas cometieron delitos y se pueda responsabilizar a una persona. Que no haya condenas no quiere decir que no se trabaje, porque las investigaciones se hacen y son complejas, llevan meses o años. Si fuera tan fácil descubrir el lavado de activos, estaría todo el mundo preso en cualquier investigación y no es así. Justamente, lavar es tratar de ocultar, disimular, esconder, determinadas operativas comerciales, bancarias, ingresos de dineros provenientes de los delitos y que trata de disimularse en el sistema, de forma tal que no se advierta que proviene de un delito. Es una mecánica que tiene que hacer quien va a lavar dinero, para que quien va a investigar no la tenga fácil. No es que hay una cámara en una esquina de Montevideo y está viendo cómo un ladrón le roba la cartera a una señora.
—Pero ha habido pocas condenas por lavado de activos...
—Sí. Es un fenómeno mundial. Habrá que ver si en Uruguay se lava tanto dinero, en la magnitud que uno piensa que se lava, o capaz que no es tanta cantidad y creemos que sí. Eso uno nunca lo puede saber. ¿Quién puede decir que Uruguay es un paraíso fiscal? Yo creo que no es así. El país ha sido bien calificado. Uruguay ha hecho todos los deberes a escalas nacional e internacional y sigue mejorando, porque siempre hay algo para mejorar o avanzar. No significa bajar los brazos porque tenemos todo regulado, porque el riesgo está latente, en todos los países del mundo se lava dinero, en potencias mundiales que tienen muchas mejores posibilidades económicas se lava dinero. Y no olvidemos que la fiscalía no interviene de forma preventiva, no tiene competencia de prevención. Interviene cuando se le da noticia de un hecho que tiene apariencia de delito.
—La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobada por el gobierno, marca que el sistema produce pocos resultados. Su autor, Alejandro Montesdeoca, dijo a Búsqueda que en el período 2019-2021, ha habido 30 imputados por lavado de activos. En el mismo período, sin embargo, ha habido 4.500 personas imputadas por narcotráfico, 625 por contrabando, 23 por delitos tributarios y 1.119 por tráfico de armas. En cuanto a activos decomisados provenientes de delitos precedentes al lavado de activos, ha habido aproximadamente US$ 5 millones en el mismo período.
—Pero no necesariamente en toda esa cantidad de delitos tiene que haber lavado de activos. Puede estar el delito, pero que no se haya lavado dinero. Si se hace un allanamiento en una boca, se incauta un poco de droga, dos motos, una cadena de oro y un reloj, ¿usted va a procesar por lavado de activos porque se compró dos motitos y una cadena de oro o un reloj? Usted lo incautará como producto del delito, pero no necesariamente quiere decir que sea lavado. Es lo que se llama en materia penal la disposición final del producto del delito. Es decir, el que vende chasquis en la esquina, y apenas junta unos pesitos se compra una motito, anda para todos lados, y lo ve todo el barrio. ¿Le parece que la persona quiere ocultar con un testaferro, disimular el producto de lo que obtiene de un delito? Es el agotamiento del delito.
—Pero también se ha condenado a distribuidores de droga.
—Pero en esos miles de condenas no dice que quedó impune el delito. Fueron condenados por el delito principal y los bienes fueron decomisados igual. No es que le quedaron los bienes para que cuando salga de la cárcel pueda seguir usufructuándolos. A veces esos informes hay que tomarlos con pinzas. ¿A dónde se apunta en materia de lavado de activos? ¿Dónde es que le duele a la persona que comete un delito? Cuando se incautan las cosas, cuando lo priva de aquello que obtuvo en forma mal habida. Ahí ya está actuando la Justicia. Lo chico no queda impune, porque se lo condena por el delito precedente y se incauta los bienes que se puedan tener, como que se agota en sí misma la investigación. De repente no hay necesidad o el fiscal que actúa en droga hace como un filtro: tengo la prueba de esto, de qué vende, sé cuánta droga manejaba, qué se compró y le incauté todo, me parece que no da para darle intervención al fiscal de lavado de activos. Ahora, si el fiscal que está actuando hace el procedimiento, incauta la droga, el auto y vienen dos testigos y dicen que el hombre tiene además un supermercado que está a nombre de otra persona, o que está manejando otro vehículo, o que se lo ha visto en un balneario conocido en el casino. Ahí puede haber algo más, entonces lo procesa por droga y le pasa los antecedentes al fiscal de lavado para que comience una investigación.
—De alguna manera esta fiscalía viene a subsanar la ausencia de investigaciones específicas.
—No pasa solamente en materias de lavado. Hay que tener cuidado con esos informes, porque dicho así parece que es un campo fértil para que todo el mundo cometa delitos precedentes y después no sean condenados por lavado. Pero hay que ver, de esa cantidad, en cuántos en realidad la fiscalía que intervino, haya sido estupefacientes u otra, logró la incautación de todo y consideró que no había otros elementos para seguir una investigación de lavado.
—¿Con qué dificultades se han enfrentado? Se han señalado en la coordinación con otras fiscalías, con respecto a la división del trabajo.
—Sí. Esto no es aislado. Hacemos reuniones: en Fiscalía de Corte nos reunimos la fiscalía de lavado con la de estupefacientes y las de delitos económicos, donde analizamos eso: qué casos derivar, cómo, ese filtro que hacen las primeras fiscalías que intervienen. Es un trabajo y una tarea de coordinación.
—¿Cree que cuando se investigan grandes casos de narcotráfico debería abrirse una investigación paralela para indagar en la posibilidad de lavado de activos?
—Generalmente, sí, pero si la propia fiscal de estupefacientes ve que puede imputar lavado de activos, se lo imputa. No hay necesidad de partir en dos el caso. Por ejemplo, la doctora Mónica Ferrero ha tenido cantidad de casos.

Policía antidrogas en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
—¿Se deben realizar modificaciones legislativas para mejorar el combate del lavado de activos?
—Sí. Por ejemplo, hay necesidad de adecuar la ley de lavado de activos en su terminología, y en algunos artículos que contiene la ley, al nuevo Código del Proceso Penal, porque algunas cosas quedaron redactadas como si fuera el sistema inquisitivo, donde el juez dirigía la investigación. Esas cosas hay que pulirlas y ampliarlas. Después, se viene reclamando en el ámbito internacional hace mucho tiempo la creación del delito de enriquecimiento ilícito. Por otro lado, creo que el proyecto de ciberdelitos va a ser muy útil, porque no olvidemos que las estafas, o el blanqueo, también se hace utilizando medios electrónicos, como criptomonedas. Eso va a ayudar.
—Se ha planteado la falta de controles a inversiones en pozo o automotoras de vehículos de alta gama, que usualmente son objetivos del dinero que se genera de actividades delictivas.
—En eso trabaja la Senaclaft. Hay cosas que están incorporadas, como las obras de arte. Se habló de los vehículos de alta gama, a partir de qué monto.
—¿Qué le parece esa propuesta?
—Me parece que sí, porque hoy en día un vehículo vale más que un apartamento, entonces me parece que habría que incluirlo.
—Montesdeoca mencionó además en una entrevista con Búsqueda que no hay ningún ejemplo en Uruguay de investigaciones que desarticulen redes sofisticadas de lavado.
—No estoy de acuerdo. Yo intervine en una que fue muy muy sofisticada, el tema de los turcos. Tuvimos que hacer un gran trabajo de ocho meses para detectar bienes inmuebles que estaban a nombre de otros, vehículos automotores, camiones, solares, dinero en efectivo, y permitió incautar US$ 8 millones.
—Las condenas fueron para los turcos.
—Fue uno condenado, pero se logró el decomiso de otras dos personas de nacionalidad turca, libramos orden de detención, pero no fueron encontrados en Uruguay. La ley prevé que pasados los seis meses se pueda proceder al decomiso del pleno derecho de los bienes incautados. Ahí está un ejemplo de cómo la norma permite una cantidad de cosas que se pueden hacer, aunque la persona no haya sido responsabilizada y condenada.
—¿Esos turcos lavaron dinero sin profesionales que los asesoraran?
—Fue ahí hasta donde llegamos con la investigación. No necesariamente siempre tiene que haber ayuda. Además, el dinero no provenía de Uruguay, provenía de otro país.
—¿Han recibido reportes de otros países como el caso de Argentina, de que se estuvieran realizando actividades sospechosas con el dinero en Uruguay?
—Hemos recibido solicitudes de cooperación jurídica internacional, por investigaciones que están haciendo otros países por delitos precedentes cometidos en esos otros países, y que pudieran tener vinculación con Uruguay en el sentido de que pueda ser el destino de los bienes o de los fondos. Esa solicitud ha motivado la solicitud de información y de levantamiento del secreto bancario y la comunicación a los países dándoles la información correspondiente.
—¿Efectivamente existió lavado de dinero de delitos cometidos en otros países?
—En algunos casos estamos haciendo la investigación, nosotros y ellos. En otros, recabada la información, se la remite a ellos, que realizan la investigación principal.
—El avance de las organizaciones criminales en la región se presenta como un desafío en cuestiones de lavado de activos y eso fue planteado en la Evaluación Nacional. En cuanto a recursos, ¿Uruguay tiene suficientes? ¿El sistema político da los recursos suficientes al sistema antilavado para enfrentar esta situación?
—Es también una definición política.
—Pero usted sabe las herramientas que tiene y si son suficientes.
—Lo que digo es que hay una Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Banco Central, una Secretaría Nacional Antilavado, hay una Dirección General Impositiva, Policía, dentro de la Policía un Departamento de Lavado de Activos, hay una fiscalía especializada, hay otras especializadas que pueden tener competencias en la investigación del delito. ¿Si los medios que tenemos alcanzan? Uno siempre entiende que no alcanzan. Yo estoy esperando al contador. Es un ejemplo que puedo decir, o me gustaría que la fiscalía especializada tuviera cinco asesores o analistas, o también tener un escribano que analice las escrituras. No los tenemos, entonces tenemos que tratar de apoyarnos en las otras agencias del Estado que puedan brindar eso. Y si se llegara a dar que hay un aumento por el crimen organizado, ahí indudablemente vamos a necesitar más recursos en general.
—¿Le parece que tendría que haber un mejoramiento de la normas de control del financiamiento de los partidos políticos?
—Hay un proyecto. Yo creo que todo lo que redunde en una mejor transparencia de todo, bienvenido sea.
—El expresidente de la Jutep Ricardo Gil declaró semanas atrás que si Uruguay no se toma en serio el problema, puede suceder que un día se encuentre en la situación que hoy vive Ecuador. ¿Comparte esa apreciación?
—Que cada uno se haga responsable de lo que dice. Yo creo que Uruguay ha hecho muchas cosas bien, que no somos el mejor de la escuela ni el peor de la escuela, y que siempre tenemos cosas para corregir. Hay que estar atentos al avance del crimen organizado. Me parece que cada país tiene que acompasar a donde apunta, y los controles, con lo que está ocurriendo en el mundo, entonces indudablemente habrá que mejorar y tener mucho más cuidado. Habrá que apretar las clavijas donde haya que apretarlas para lograr mejores investigaciones y para prevenir. Porque no olvidemos que, como en cualquier delito, hay una parte que es preventiva, de desestimular a aquel que vaya a lavar activos. Tiene que haber una tarea previa de prevención. Después, cuando interviene la fiscalía es cuando ya se cometió.
—¿Cree que es disuasoria la normativa?
—Sí. La normativa actual tiene una cantidad de sujetos obligados, una cantidad de controles: los escribanos, las inmobiliarias, las casas de remate, las sociedades civiles, las sociedades deportivas. La legislación está. Además, permite la incautación total de los bienes, el delito de lavado tiene penas de penitenciaría. Ahora, que eso haga que no se cometa el delito, no.
Edición 2248
2023-10-25T23:09:00
2023-10-25T23:09:00