La jueza —que es una tercera imparcial en el proceso, que controla la investigación y que se cumplan las garantías— explicó que “para asegurar el resultado de la investigación” penal, se adoptaron “medidas limitativas de la libertad ambulatorias” en un proceso que está en “etapa inicial”, como había a transmitido minutos antes el fiscal Rodríguez. También aseguró que por ahora “no existen elementos objetivos para iniciarles un proceso” a los implicados “porque de lo contrario el fiscal estaría solicitando su formalización” y “mucho menos” existe “semiplena prueba como para una medida cautelar de prisión preventiva”.
En paralelo a las actuaciones penales, en la justicia civil el juez de Concurso de 1° turno, Leonardo Méndez, dispuso el concurso de Conexión Ganadera y de la empresa vinculada Hernandarias XIII, y de otras “poco significativas”. También determinó el embargo por US$ 250 millones para Carrasco, Iewdiukow, Basso —y en las últimas horas lo amplió a las hijas de este último— y la intervención de las comunicaciones de la empresa. Como síndico designó al presidente de la Comisión de derecho concursal del Colegio de Abogados, el abogado Alfredo Ciavattone, que es el administrador concursal y quedó en sustitución de las autoridades originales de las empresas. Además de quedar encargado de determinar los activos de Conexión Ganadera, es quien administra el ganado y puede llegar a solicitar autorizaciones para vender parte del ganado, y cubrir gastos que sean necesarios para su cuidado.
En el marco del concurso, la etapa que comenzó es la de verificación de los créditos, que se extenderá hasta abril, y las personas damnificadas tienen 60 días para presentar los documentos que acrediten la inversión realizada, que les permitirá en un futuro tener derecho al cobro. A partir de la documentación entregada a la Justicia, también se conocerá cuál es el pasivo real de Conexión Ganadera.
Las dificultades para demostrar la estafa
Desde un inicio, la megacausa Conexión Ganadera —definida de esa forma por la magnitud, en relación a la cantidad de dinero y de damnificados— estuvo enmarcada en el delito de la estafa, e incluso algunas denuncias mencionan que se trata de un “esquema Ponzi”, una forma de estafa piramidal.
Varios fiscales consultados por Búsqueda hicieron referencia a la complejidad de la investigación penal en un caso de este tipo para probar la existencia del delito.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez, consideró que “lo que hace complejo el caso”, en su opinión, es “la maniobra” que se debe estudiar y no la cantidad de víctimas. “Es muy importante que el fiscal construya una teoría del caso, o varias” y “tener claros los hechos de presunción delictiva que está persiguiendo, porque eso le ayuda a ordenar la investigación y saber qué cosas es importante pedir”, explicó.
Contó que una de las dificultades más grandes que tienen en la fiscalía que él lidera es obtener las evidencias de los “estratagemas” y los “engaños” que deben existir para que algo se considere estafa, como lo exige el Código Penal. En las estafas “hay una puesta en escena; un negocio mal hecho no es una estafa”, dijo, y agregó que es particularmente complicado cuando las situaciones se generan a partir de contratos o inversiones, “donde se pone de manifiesto la confianza del inversionista, que confía sus ahorros, capital”, a una propuesta que “está librada a la fluctuación y los riesgos del mercado financiero”.
“La estafa de Marketplace es clarísima, pero otras no lo son”, dijo en el mismo sentido el presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, y agregó que los casos que no son claros requieren “más evidencia” y tiempo. “Tenés que tener un caso muy robusto para ir a una formalización”, aseguró. Como Gilberto Rodríguez, puso acento en que la estafa implica “intención de engañar”: “un negocio que salió mal, no es estafa”.
De cara a la investigación, Gilberto Rodríguez explicó que como es “materialmente imposible tomarle declaración a todas las víctimas”, se deberán analizar los contratos que se presenten para identificar “patrones que siguen la misma estructura” y agruparlos. “Son investigaciones que llevan tiempo”, afirmó.
Además deberá ser analizada la información bancaria, que todavía no fue enviada a la Fiscalía en este caso, y con esos datos también se puede investigar si existió apropiación indebida, que es cuando se recibe un dinero para un fin, pero las personas lo utilizan para su beneficio o el de otra persona.
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Enrique Rodríguez, fiscal de Lavado de Activos
Mauricio Zina / adhocFOTOS
“Escasísimos recursos” para la investigación
La primera denuncia sobre Conexión Ganadera llegó a finales de enero y el caso había sido asignado por el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación a la Fiscalía de Delitos Económicos de 1º Turno, liderada por Alejandro Machado, pero sus integrantes solicitaron el derecho de abstención, debido a que “dos familiares directos de una fiscal que integra el equipo fueron damnificados en la maniobra”, aclaró en un comunicado la Fiscalía, que fue difundido el 14 de febrero. Según los criterios preestablecidos de subrogación, fue finalmente asignado a la Fiscalía de Lavado de Activos, al igual que el caso República Ganadera, del cual también Machado pidió abstenerse por haber recibido un correo de un abogado en un “tono desajustado”, informaron a Búsqueda fuentes cercanas al caso.
En el escrito, la Fiscalía informó que sería asignada para “apoyar la investigación” de Enrique Rodríguez una contadora de la Unidad de Análisis y Contexto, que proviene de un pase en comisión del Banco Central y una coordinadora técnica, de profesión abogada, que trabaja en las fiscalías de homicidios. Esto fue replicado por los medios de comunicación y el presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, planteó en su cuenta de X que el hecho de que haya sido noticia “es penoso y demostrativo de la escasez rampante de recursos”con que trabajan. “¿Qué éxito puede pretender el Estado en delitos de ‘cuello blanco’ si la Fiscalía tiene tales carencias?”, cuestionó.
En ese sentido, el comunicado de la Fiscalía también habló sobre “las carencias de recursos humanos y materiales” existentes e informó que “solicitará en la próxima instancia presupuestal al sistema político los recursos necesarios para hacer frente a todas las investigaciones, aquellas complejas como el caso que amerita este comunicado y aquellas de menor entidad cuyas víctimas también merecen una respuesta del sistema de justicia”.
El fiscal a cargo de la investigación penal, Enrique Rodríguez, dijo a Búsqueda que “son causas muy complejas” las que tiene en investigación, que “recién se inician” e hizo referencia a los “pocos o escasísimos recursos” con los que cuenta: en su turno son tres personas para “atender todo”, más la contadora que comenzó a trabajar tres días a la semana este lunes 24 de febrero.
Además de las investigaciones sobre Conexión Ganadera y República Ganadera, la Fiscalía de Lavado de Activos tiene grandes casos como el del empresario Gonzalo Aguiar, la investigación contra la corredora de bolsa Sara Goldring y la causa sobre el contrabando de cálculos biliares.
Aumento de penas en debate
Lo sucedido con Conexión Ganadera volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la dosimetría penal, la proporcionalidad en la aplicación de las condenas y sanciones en función del delito cometido.
En la entrevista con VTV Noticias emitida el 19 de febrero, el exfiscal de Corte y futuro prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, consideró que existe un “problema legislativo” vinculado con las penas que determina el Código Penal para quienes cometen estafas. “Tenemos un Código Penal que tipifica la máxima pena de la estafa en cuatro años” y lo comparó con la mínima de la rapiña, que son cuatro años, y agregó: “El sistema es selectivo”.
Gilberto Rodríguez coincide con Díaz en que la pena del delito de estafa debe ser “elevarse” la pena máxima, al igual que para la apropiación indebida, de cuatro a “no menos de 10 o 12 años”, y “construir un margen más grande, porque hay estafas de miles de pesos, pero también millonarias en dólares”. El fiscal también acudió a la comparación con las rapiñas para argumentar su posición.
Con el comienzo de la nueva legislatura y con el contexto de la situación de los tres fondos ganaderos, el diputado Adrián Juri presentó un proyecto de ley que busca cambiar la legislación vigente. Plantea una modificación en el Código Penal que aumente la pena máxima de la estafa: ahora es castigada con entre seis meses de prisión y cuatro años de penitenciaría, y propone que la pena máxima se incremente a ocho años.
Investigación “lenta” que afecta al ganado
“La Fiscalía está actuando en forma absolutamente lenta en este tema”, opinó el 19 de febrero el exfiscal de Corte. Dijo que aunque se está hablando “de Conexión Ganadera desde hace tres o cuatro meses” la única medida cautelar que se dispuso hasta ahora fue la prohibición de salir del país”.
Al día siguiente, el 20 de febrero, a través de un audio dirigido a los periodistas, el encargado de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, transmitió un mensaje del fiscal Enrique Rodríguez, en el que asegura que desde “hace 15 días hábiles que tiene los casos”, en referencia a República Ganadera y Conexión Ganadera. Sobre el primero, aclara que lo “tiene en bandeja”, y sobre el segundo, que es el que ha tenido “avances más significativos”, recuerda que está dispuesto el cierre de fronteras con la entrega de los documentos de viaje.
Además, Benech señaló que el fiscal solicitó el levantamiento del secreto bancario, ofició a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y al Ministerio de Ganadería para obtener “documentación que pueda ser útil para la investigación”, y estuvo en contacto permanente con los abogados, de los cuales “ha recibido gran cantidad de información”. Fuentes de la Senaclaft informaron a Búsqueda que fue hace una semana que el fiscal mandó un oficio pidiendo información sobre una serie de personas físicas y jurídicas, aparentemente vinculadas a la causa.
En una entrevista con Canal 4 este lunes 24 de febrero, el senador nacionalista Sebastián Da Silva, dijo que comparte “en el fondo” lo que dice Jorge Díaz, porque “siempre las demoras en Fiscalía son un problema”. Pero, en este caso, aclaró, “cuando hay demoras y vos tenés un activo que anda caminando por los campos (en relación al ganado), comiendo pasto, probablemente con garrapatas, luego el ganado muere, entonces hay toda una desesperación atrás muy compleja”.
La tarea de administración del ganado es responsabilidad del síndico designado en el proceso de concurso. Fuentes judiciales señalaron a Búsqueda que uno de los asuntos que transforma al caso en “complejo” es que los activos de Conexión Ganadera son “perecederos”, porque “son animales que tienen gastos de mantenimiento y habrá que disponer de algunos para costear vacunaciones, el salario de los trabajadores rurales que los atienden o el arrendamiento de los campos.
