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Manifestación "Donde están nuestras gurisas"
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
Piden medidas urgentes frente a casos de explotación sexual
Una de las investigaciones en marcha refiere a la muerte de la adolescente embarazada. Otro caso es el de una adolescente que se encuentra desaparecida desde, al menos, principios de abril. El tercero refiere al de una niña de 12 años que tuvo un embarazo, que luego interrumpió, y que estuvo un tiempo desaparecida. En los tres casos que investiga la Inddhh hay “elementos de presunción de situaciones de explotación sexual”, según indica una de las resoluciones del organismo, a la que accedió Búsqueda.
El 5 de agosto, la Institución envió al presidente del INAU, Guillermo Fossati, dos oficios firmados por el director Bernardo Legnani. En uno de ellos le pide que disponga de forma “urgente” la búsqueda y localización de la menor que se encuentra desaparecida desde abril, ante “el grave riesgo de vulneración” de sus derechos. Le encomendó que articule “activamente” con las autoridades intervinientes en el caso y que adopte medidas de protección. Y mandató al INAU a informar sobre las actividades desarrolladas en un plazo no mayor a los 10 días.
Además, pidió que detalle qué actuaciones de “urgencia” se realizaron “a partir de los hechos de público conocimiento”, con relación a la muerte de la adolescente.
Por otra parte, la Institución solicitó al INAU que informe sobre lo que hizo en los últimos dos años respecto a los casos en los que el equipo técnico del centro de Rivera detectó indicios de explotación y abuso sexual infantil. Pidió que identifique a las posibles víctimas y que detalle qué acciones se tomaron desde el INAU; solicitó copia de los informes técnicos elaborados y constancia de las denuncias presentadas ante la Justicia o la Policía. Además, reclamó información detallada sobre las medidas de protección adoptadas y la coordinación con otros organismos.
La Institución pidió también un listado completo de todas las adolescentes que ingresaron en el centro en los últimos dos años y su situación actual. Reclamó, asimismo, un listado completo de todas las adolescentes con salidas no autorizadas y las acciones tomadas en consecuencia.
Cuatro hermanos en riesgo, una adolescente desaparecida y las demoras del Estado
El segundo oficio enviado por la Inddhh al INAU se enfoca en una menor que se encuentra desaparecida. De acuerdo al oficio y a expedientes judiciales consultados por Búsqueda, en enero de 2023 la menor concurrió a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Rivera acompañada de una funcionaria del INAU, para denunciar que su hermana, de 15 años, sufría agresiones de parte de su madre y su padrastro. Otros tres hermanos también eran víctimas de violencia, según relató. La adolescente pidió a la Policía que interviniera porque temía por la integridad física de sus hermanos, debido a que el padrastro era una “persona muy violenta”.
El expediente judicial se inició más de un año después, el 6 de mayo de 2024. El día 17 de ese mes, el juez de tercer turno de Rivera pidió al INAU un informe actualizado sobre la situación de los menores. El organismo no respondió. Un mes después, el juzgado reiteró el oficio, dejando “expresa constancia” de que se trataba de una reiteración y fijó un plazo de 20 días para que el INAU respondiera. De acuerdo al expediente judicial, la respuesta fue finalmente trasladada a la defensa de la menor el 4 de agosto. Por el momento, no figuran nuevas actuaciones.
El oficio de la Inddhh describe que la adolescente ya había denunciado la situación de violencia familiar tres años antes —en abril de 2021—, en el marco de la intervención judicial que dispuso otorgar su cuidado a su abuela primero y al INAU después. En el expediente judicial iniciado en 2021 figuran al menos ocho decretos en los que el juez ordena a la Policía la búsqueda de la adolescente por desconocerse su paradero, pese a estar bajo la tutela del organismo: en marzo, mayo, junio y octubre de 2023, y en febrero, abril, mayo y agosto de 2024.
También figura una solicitud de información de la defensa de la menor al INAU en noviembre de 2021, que fue respondida recién en agosto de 2022. Además, en marzo de 2023 se solicitó información que debió ser repetida en abril, nuevamente dejando constancia de que se trataba de una “reiteración” y fijando un plazo para responder. En los expedientes no hay información sobre la suerte de los hermanos de la adolescente.
La Inddhh solicitó al INAU que adopte medidas provisionales “urgentes” respecto a ellos. Pidió una intervención técnica bajo la supervisión del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia que “permita valorar y atender la situación de los cuatro hermanos”, y fijó un plazo de 10 días para que el INAU reporte las novedades.
También pidió información sobre las actuaciones del INAU luego de la denuncia de enero de 2023, con relación a los hermanos de la menor. Preguntó, además, si hubo un seguimiento de la denuncia y del núcleo familiar, e interrogó al INAU sobre las razones por las que “no se informó en tiempo y forma a la sede judicial”.
"Hay que entender lo que está fallando para arreglarlo"
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Senadora del Frente Amplio, Silvia Nane
Mauricio Zina/adhocFOTOS
La senadora Nane, que en el Parlamento interrogó a las autoridades sobre el caso de la adolescente fallecida y sobre las fallas “estructurales” del sistema de protección de la infancia, también visitó el centro para adolescentes mujeres de Rivera. Y volvió preocupada por lo que vio, según contó a Búsqueda. “Hay un sistema que no está andando. Ni Fiscalía, ni el INAU, ni ASSE. Hay que repensar todo”.
“Esto no es una cacería de brujas”, dijo Nane. “Hay que entender lo que está fallando para arreglarlo. Es difícil comprender cómo, si todos hacen las cosas bien, pasan las cosas que pasan”.
La directora de INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argenzio, reprochó que, pese a sus planteos, el organismo dispuso una investigación sobre la muerte de la adolescente recién cuando el caso se hizo público. “No se dimensionó la gravedad de la situación”, afirmó en diálogo con Búsqueda. Para Argenzio, es claro que el sistema de protección, que atiende hoy a unos 8.700 niños, niñas y adolescentes, está en “crisis”. Y que la situación se agrava por el creciente número de niños que ingresan a la protección del INAU, que aumentó 21% entre 2020 y 2023.
“La realidad hoy es crítica”, evaluó. Y aunque reconoce que el problema “no empezó ahora”, responsabilizó al actual directorio del INAU de ser “omiso y negligente” en la búsqueda y la protección de los menores que se van de los centros y cuyo paradero se desconoce.
Rivera no es la excepción, es la regla
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Zona de frontera entre Rivera y Santana do Livramento
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Varias de las fallas que quedaron expuestas con la muerte de la adolescente ya habían sido advertidas por la Institución de Derechos Humanos. Las fugas o “salidas no acordadas”, como se las llama institucionalmente, son frecuentes y las ausencias se alargan por semanas o meses: más que “salir”, hay menores que desaparecen del radar del Estado.
A veces son captados por redes de trata y explotados. Consumen drogas, se vuelven adictos y no reciben tratamientos específicos. Cada tanto vuelven, y se vuelven a ir. El INAU, el principal organismo responsable del cuidado de los niños y adolescentes, se excusa en que no puede encerrarlos. Pero sí puede ajustar los protocolos de actuación, responder rápidamente, seguir las denuncias policiales, colaborar con los organismos competentes de las investigaciones, dicen a Búsqueda fuentes vinculadas al monitoreo del sistema.
Y dicen también que hay mucho que está “naturalizado”: la explotación sexual, las drogas, las fugas. Son situaciones que se asumen casi como inevitables, cuando debería hacerse todo por evitarlas. Porque son niñas y adolescentes que llegan a la protección del Estado con “todas las vulnerabilidades posibles”. Y esos derechos dañados, sintetizó Nane, “no se reparan, se profundizan”.
No es un problema exclusivo de Rivera. Ocurre en los centros de todo el país. Un informe del MNP sobre la situación de los centros del INAU de la región litoral, publicado el pasado junio, y otro sobre la zona este, de octubre de 2023, señalan como uno de los principales “desafíos” las salidas no acordadas de los menores. También constatan la preocupación de los equipos y de las direcciones departamentales del INAU por la falta de recursos y de personal para atender al creciente número de menores que acuden al sistema. Relevan, además, problemas en la infraestructura de los centros, sobrepoblación, déficits en la atención de la salud mental y del consumo problemático de drogas, y demoras en el acceso al sistema de salud. También advierten que funcionarios investigados por malos tratos hacia los menores, continúan realizando tareas de atención directa.
Además, los informes plantean preocupación por el aumento de situaciones de explotación sexual y el crecimiento de la captación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección. Los documentos dejan asentado que los equipos manifestaban “no tener los recursos específicos para abordar tales situaciones”. También señalan la preocupación por la demora de las investigaciones judiciales y subrayan el impacto negativo que la ausencia de resultados tiene en las menores que realizan denuncias de explotación sexual.
Es en este contexto, diagnosticado desde mucho tiempo atrás, que murió la adolescente embarazada. Una menor que había sido separada del cuidado de su madre por la Justicia, debido a que sufría violencia. Que se iba del centro para adolescentes mujeres del INAU con frecuencia y que era víctima de explotación sexual. Que quedó embarazada y que, en una decisión poco clara —que hoy está bajo investigación—, fue reintegrada a su hogar, bajo seguimiento del INAU. Y que, por otra decisión poco clara, no interrumpió su embarazo, pese al riesgo que corría. “Es la crónica de una muerte anunciada”, admiten algunas de las fuentes consultadas por Búsqueda. Porque el desenlace fatal puedo ser inesperado, pero todo lo que ocurrió antes no.
