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Juan Miguel Petit se despide como comisionado parlamentario tras 10 años y acepta postulación para el directorio de la Inddhh
El 5 de agosto la Asamblea General votará entre seis postulantes quién ocupará el cargo vacante; Petit puso énfasis en la comunicación con la sociedad y el Parlamento
En octubre de este año, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, terminará su segundo mandato después de haber estado 10 años en el cargo, el máximo que permite la legislación vigente. Es uno de los seis candidatos para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), después de que ese lugar quedara vacante tras la renuncia de Bernardo Legnani por “motivos estrictamente personales”.
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La candidatura de Petit, cuyo nombre fue propuesto en un inicio por dirigentes colorados, cuenta con un gran respaldo político. Firmaron su postulación los colorados Robert Silva, Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, la frenteamplista Bettiana Díaz, el independiente Gerardo Sotelo y los nacionalistas Pablo Abdala y Martín Lema. Entre las organizaciones de la sociedad civil, lo postularon Familias Presentes, Instituto de Comunicación y Desarrollo, Idas y Vueltas y Sur Palermo, y presentó una nota de adhesión Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
También son candidatos Mariana Achugar, Daniel Bruno, Ricardo Changala, Óscar López Goldaracena y Ana Agostino. La votación entre los seis postulantes se realizará el próximo martes 5 de agosto en la Asamblea General y, en el caso de que no se elija en esa sesión —por no alcanzar dos tercios de los votos—, la segunda será el miércoles 6 de agosto, donde será por mayoría.
Lineamientos de trabajo
La comisión especial bicameral, integrada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, estuvo enfocada primero en la designación de la sucesora de Wilder Tyler —que también había renunciado a la institución—, en su lugar fue designada Mariana Mota, y en los últimos días se dedicó a avanzar en la selección de los candidatos para el otro cargo vacante.
En ese marco, en la sesión de este lunes 28 de julio comparecieron el comisionado parlamentario y la asistente social Agostino para presentar sus lineamientos de trabajo de cara a la eventual designación. Los otros cuatro postulantes lo habían hecho cuatro días antes.
Según consta en la versión taquigráfica, Petit destacó que es un honor haber sido postulado por legisladores de varios partidos políticos y cuatro organizaciones de la sociedad civil y destacó su experiencia como comisionado parlamentario, un rol desde el cual ha defendido la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Allí expuso un programa centrado en fortalecer la institución, con énfasis en la comunicación, en trabajar en propuestas y no solo en denuncias, y utilizar el mecanismo de los grupos de trabajo “para discutir en frío algunos temas”.
Defensa de los derechos humanos
Durante su intervención, Petit definió el sentido de los derechos humanos como “frenar el dolor humano” en todas sus formas y señaló que lo que une a quienes trabajan en esta área es que les “molesta el dolor humano”, ya sea por enfermedad, presión indebida, migración no deseada, falta de educación, pobreza o cualquier otra afectación de un derecho. También planteó que las políticas públicas deben ser vistas como instrumentos para mitigar esos dolores y que la defensa de los derechos humanos debe trascender afiliaciones políticas, religiosas, institucionales o profesionales.
En ese marco señaló que es una “joyita” que Uruguay tenga en el Parlamento áreas con fuerte compromiso en derechos humanos, como son el comisionado parlamentario para las cárceles y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tienen autonomía y “un mandato y un compromiso fuerte en derechos humanos”. También puso énfasis en que la Institución Nacional de Derechos Humanos debe ser una institución especializada, “técnicamente compacta”, que tenga una presencia y cercanía con el territorio, “con mucho y buen diálogo externo” con la sociedad civil y el Parlamento, “muy capacitada y formada técnicamente” y “abierta a la ciudadanía, la academia y el conocimiento”.
“Que interactúe intensamente tanto con la sociedad civil organizada como con la sociedad civil no organizada, es decir, que haya canales de comunicación”, dijo Petit. Y agregó: “Me gustaría aportar en la comunicación entre la institución y el cuerpo legislativo”.
Como temas prioritarios en caso de resultar designado, mencionó la educación en derechos humanos, la salud mental, la búsqueda de personas desaparecidas, las adicciones y las violencias. Pero también planteó que existe una agenda de temas nuevos, y mencionó el medio ambiente, la inteligencia artificial y las tecnologías, que requieren una mirada de derechos humanos.
Consultado por el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez sobre la eventual renuncia a su cargo de comisionado parlamentario penitenciario para poder asumir como director de la Inddhh —como señaló un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil— dijo que lo hará en el momento que corresponda. “Yo consulté en jurídica y me dijeron, claramente, que en todos los casos de concursos se renuncia una vez que se hace la designación”, señaló. Y aclaró que “para poder cerrar las cosas” y “hacer una transición ordenada” le “gustaría cumplir con los plazos que establece la ley” y “entre una eventual designación y la asunción que corran esos 45 días previstos en la ley”.
Otras candidaturas
Agostino es doctora en Desarrollo por la Universidad de Sudáfrica y fue defensora de vecinas y vecinos de Montevideo durante cinco años. Su candidatura tiene el apoyo de 19 colectivos, entre ellos, la Asociación de Profesionales del Trabajo Social, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Cotidiano Mujer, Gurises Unidos y Ovejas Negras. En su comparecencia en la comisión, destacó que puede aportar en fortalecer la Defensoría del Pueblo, para que tenga llegada a la población en general, “trabajar en la inclusión de la mediación comunitaria, orientada a favorecer procesos de resolución pacífica de conflictos”, y “llevar adelante una articulación permanente con la sociedad civil, la academia y los organismos del Estado”.
Achugar es profesora grado 5 y titular de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos en la Universidad de la República (Udelar). Además, es cocoordinadora del Observatorio de Medios de Uruguay de la Facultad de Información y Comunicación y del Núcleo de Justicia Ambiental en el espacio interdisciplinario de la Udelar. Según informó la diaria, fue propuesta por la Fundación Mario Benedetti, Redes-Amigos de la Tierra, Crysol, Madres y Familiares y otras cinco organizaciones sociales. En la comisión consideró que su incorporación “podría fortalecer el trabajo en dos áreas específicas: la protección del medio ambiente y la descentralización”. También destacó que “el trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos a nivel de descentralización se vuelve clave para poder crear una cultura integral de respeto, promoción y vigencia de los derechos humanos en todo el territorio”.
Bruno, un abogado venezolano vinculado a las reivindicaciones de los ciudadanos legales para acceder a la nacionalidad, tiene el respaldo de la Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana. Frente a los legisladores propuso “intensificar” la actividad de la Defensoría del Pueblo, “descentralizar” funciones en trabajadores para acelerar la tarea y “reforzar la parte mediática” al hacer una “gran campaña para instruir a la población sobre cuáles son las funciones” de la institución, según surge de la versión taquigráfica de la sesión.
Changala es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y tiene una maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el respaldo de 10 organizaciones sociales, como la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y el Servicio de Paz y Justicia. Consideró que la Inddhh debería atender algunos temas como la tecnología y los derechos humanos, la lectura de algunos datos del censo en clave de derechos humanos y la “estimulación y capacitación” en relación con “lo que acontece en materia de avance normativo, nueva legislación nacional e internacional”.
Por su parte, el abogado especializado en derechos humanos López Goldaracena fue propuesto por cinco colectivos, entre los que se encuentran la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca y la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo. Propone “trabajar con la sociedad civil, con las instituciones educativas, con las autoridades de la enseñanza” para desarrollar un plan “de educación de convivencia en materia de derechos humanos”. También en temas de salud mental y personas con discapacidad, además de poner foco en la búsqueda de los desaparecidos.
