Para el comisionado parlamentario penitenciario, no es posible superar “en el corto o mediano plazo” el acumulado de “varias décadas de baja inversión y priorización”. Según los datos del informe, la evolución de la cantidad de funcionarios “no se condice” con el aumento de personas presas. El gasto diario de alimentación por persona privada de libertad se calcula en $ 88, cifra que ha caído. También los recursos destinados a la atención integral a personas privadas de libertad disminuyeron un 8% respecto a 2019.
Si bien en 2023 se registró un incremento significativo en los recursos para infraestructura carcelaria, alcanzando casi US$ 11 millones, y se superó el monto total destinado a inversiones entre 2020 y 2022, se arrastra un déficit histórico de inversión.
Petit escribió en el informe que “la simple narración de las carencias” o de “episodios chocantes de negación de derechos” no va a generar que aparezcan los recursos y la inversiones necesarias y “mucho menos” que lo hagan de “manera sostenida”. No obstante, aporta recomendaciones para elaborar un proyecto estratégico, que considera “deberá tener ya una primera concreción” en la Ley de Presupuesto 2025.
Entre las iniciativas, propone un “fortalecimiento institucional” que incluya la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación como un organismo descentralizado, la incorporación de una política penitenciaria para mujeres “fuertemente diferenciada”, la creación de un programa nacional de atención al consumo problemático de sustancias y de un fondo concursable para financiar proyectos de organizaciones sociales que brinden servicios de educación, salud, capacitación laboral, cultura, deporte y asistencia en adicciones. Por otro lado, se sugiere la creación de un Programa Nacional de Educación en Cárceles, y de Centros de Inserción Social, para que quienes tienen penas cortas o están a poco tiempo de ser liberados reciban capacitación laboral, apoyo social y acompañamiento para la reinserción.
“Hacinamiento crítico”
El documento incluye un diagnóstico de la situación del sistema, que informa que el año pasado el hacinamiento empeoró dos puntos porcentuales con respecto a 2022, hasta alcanzar el 120%. Esa densidad, que “han amortiguado” en breves períodos de tiempo con la construcción de nuevas cárceles, ha aumentado desde 2018 y, al menos desde 2020, “supera ampliamente” la capacidad de alojamiento.
Además, plantea que “la lógica de responder al aumento de población con la construcción de más y más cupos penitenciarios es de muy dudosa viabilidad”, y que “la alternativa real es un rediseño del sistema, que aumente su eficiencia con medidas alternativas fuertes y sustantivas para delitos con penas cortas y baje la reincidencia con programas y trabajo post penitenciario”.
Si bien la realidad es dispar según los centros penitenciarios, o incluso entre módulos o sectores de una misma unidad, “se observan situaciones de hacinamiento crítico en la mayoría”. En la zona metropolitana, las situaciones más complejas se registran en el Centro de Ingreso, donde alcanza el 171% —por momentos se llegó a albergar al triple de sus 100 plazas— y la Unidad Nº 5, que es la principal cárcel de mujeres, donde es de 169%.
En el otro extremo, está la Unidad 10 Juan Soler con 54% de hacinamiento, la Unidad 25 —cárcel de máxima seguridad— que tiene 48% y la Chacra de Libertad con 41%. Esas cifras, apunta Petit, dejan en evidencia una “subutilización de espacios-chacra”, que se caracterizan por contar con mejores condiciones de vida para los reclusos con relación al resto del sistema.
“A mediados del 2024, el hacinamiento crítico continúa y las plazas nominales libres son más de 1.000”, dice el informe, que agrega que a esa cantidad de plazas libres habría que sumar las vacantes de las chacras y sectores más abiertos del interior, lo que “llama la atención, dadas las condiciones críticas de sobrepoblación en la mayoría de las unidades”.
Semáforo de cárceles
Al igual que en informes previos, incluyó una clasificación de los centros penitenciarios que toma como base las normas del sistema internacional de derechos humanos, empleado por todos los organismos y mecanismos de monitoreo de prisiones, como la Convención contra la Tortura y las Reglas Mandela. Según las condiciones de reclusión y la rehabilitación, las cárceles uruguayas se dividieron en verde, amarillo y rojo.
En color verde se identificaron las que tienen buenas oportunidades de rehabilitación, como acceso a la salud, a la educación, a actividades productivas, buena convivencia y un relacionamiento institucional abierto a la comunidad, relación con la familia, razonable situación edilicia, capacitación, deporte y fomento de proyectos para preparar el egreso. En esa categoría se ubicaron 19 cárceles o sectores, como la Chacra Libertad, los módulos 7, 8 y de preegreso del Comcar, algunos sectores de la Unidad Nº 5, la Unidad Nº 6 Punta de Rieles y la de Domingo Arena.
Con amarillo se señalaron los centros de reclusión que no alcanzan los objetivos de la categoría anterior, o los que tienen de forma parcial. Pueden ser cárceles con “rubros muy positivos”, pero que tienen otros “aspectos centrales” sin resolver, como la inseguridad, un régimen regular de salida al patio y el acceso a la salud.
“Son lugares donde, paradójicamente, se encuentran, en el mismo establecimiento, realidades muy dispares, con internos que, por ejemplo, van a estudiar o realizar tareas agrícolas y otros que no salen prácticamente de la celda”, indica el informe.
Dentro de esta categoría se ubicaron otras 19 cárceles o sectores, como la antigua Cárcel Central, la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles que se construyó por participación público privada, seis módulos del Comcar, el Módulo 1 de la cárcel de Canelones y “Barracas” y un sector del Penal de Libertad.
El color rojo, finalmente, se corresponde con un “trato cruel, inhumano y degradante”. Allí están los lugares donde las condiciones de vida son muy malas, con elevados niveles de violencia, no se cumplen estándares mínimos previstos en las Reglas Mandela y en el mandato de la Constitución. Entre esos factores, que por sí solos los ubican en esta categoría, está el “predominio total del encierro” y la ausencia de un régimen de patio regular, que las Reglas Mandela estipulan que debe ser como mínimo de una hora al aire libre diario. “Cuando eso no ocurre —nótese que estamos señalando un mínimo muy básico—, eso es indicativo de muchas otras afectaciones que ocurren en cascada”, plantea el informe. Por ejemplo, agrega, si no hay funcionarios para que el régimen de patio se cumpla “tampoco los hay para ir a la policlínica, ser llevados a las aulas, recibir y tramitar solicitudes o para generar actividades educativas”.
En centros clasificados como rojos están el 43% de las personas que son privadas de la libertad por cometer delitos, según la ponderación realizada por la Oficina del Comisionado Parlamentario. En esa categoría están el Penal de Libertad, los Módulos 4, 10, 11 del Comcar (y parcialmente el 3 y 8), la Unidad Nº 5, la cárcel de Canelones, de Rivera, Maldonado y Paysandú.
En 2023, fue el primer año que el volumen de las unidades y sectores con trato cruel, inhumano o degradante superó a la categoría amarilla, de insuficientes condiciones para la integración social, que fue del 40%, según señala el informe. En tanto el 17% está en contextos con buenas o muy buenas oportunidades y acceso a oportunidades de rehabilitación.
En 2022, en la categoría roja estaba el 41%, en la amarilla el 44%, y en verde el 15%.
