—En 1989 fue el primer país de toda Iberoamérica que hizo su reforma procesal civil, con el Código General del Proceso, que básicamente fue pasarnos a procesos orales, y Uruguay se transformó en una especie de modelo de laboratorio en Iberoamérica. Después obviamente se fue mejorando el modelo, la reforma portuguesa de 2013 fue muy importante, la brasileña de 2015 también. Y obviamente la escuela procesal uruguaya tiene mucho peso en el exterior, a lo que se le suma algo muy importante, que es la posición que ocupa Uruguay en los rankings internacionales.
—Uruguay sigue siendo modelo, pero ¿ese modelo tendría que actualizarse o cambiar?
—Es bastante complejo el tema. Uruguay tiene en los estándares internacionales una excelente posición, pero hay que hacer una distinción, porque en Justicia civil tenemos una muy buena posición, pero en Justicia penal no. En cuanto a independencia judicial, sí, yo creo que somos un modelo que tiene mucho que ver con cómo está diseñada en la Constitución la elección de los jueces, la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el tribunal de los procesos administrativos, eso hace que esté bastante desprendido de la política del partido que ocupa el gobierno en ese momento. Pero tenemos algunos llamados de atención que tenemos que atender.
—¿Cuáles serían esas advertencias?
—Hay varias luces amarillas. La primera es entender que todo proceso de fortalecimiento de la Justicia va más allá de un período de gobierno. Después, el primer problema grave que tenemos es con la tecnología. Uruguay es el sistema de Justicia de la región más atrasado en tecnología.
—No hay expediente electrónico, por ejemplo.
—Y tampoco hay posibilidad de que un abogado o una persona que viva en Artigas pueda presentar un escrito en internet. Eso ya se puede hacer en prácticamente todos los países de la región. Eso necesita presupuesto, innovación, desarrollo. Un segundo problema es la falta de acuerdos políticos, que para mí es uno de los más graves. Tenemos un problema con la designación del fiscal general, de los ministros de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Y obviamente la Constitución está pensada sobre la base de que los partidos políticos negocien cuál es la mejor persona para ocupar esa posición.
—Lo que pasa en Uruguay es que el ministro del tribunal más antiguo es quien asume.
—Ese no es un buen mensaje, me parece, para la sociedad. Tampoco es bueno un sistema que alguna vez se utilizó: “Bueno, hay dos cargos, poné uno vos y pongo otro yo”. No era bueno porque la Constitución busca seleccionar a las mejores personas para ocupar esas posiciones.
—A veces se plantea que lo que hay detrás de la falta de consenso para las designaciones es un interés en que el sistema de Justicia no funcione correctamente.
—Tengo mis dudas sobre esa teoría. No creo que esté ocurriendo, pero creo que pasa por algo que quizás pueda ser hasta peor, que es un total desinterés del sistema político por el sistema de Justicia. Pareciera que los problemas del sistema de Justicia son ajenos al sistema político hasta que hay una persona del sistema político enjuiciada, juzgada, o se afecta una licitación internacional o el desarrollo clave de algún aspecto del país. Entonces, diría que hay una falta de sensibilidad política en general para que estos asuntos mejoren, y creo que sucede porque es un tema que no trae votos. Dar recursos al Poder Judicial para que mejore no le va a traer votos a nadie. También estamos quedando entre los más atrasados en la región en lo que tiene que ver con los procesos colectivos, que están pensados para la defensa fundamentalmente de derechos ambientales, el patrimonio histórico y cultural. Había una norma en el proyecto de reforma del Código de lo Contencioso Administrativo que incluía eso y el Parlamento la sacó. Estamos quedando atrás de Argentina, Brasil, Chile, Perú, y hoy es muy difícil en Uruguay hacer una defensa adecuada. Estamos trabajando ahora en un nuevo proyecto para presentarlo al Parlamento.
—¿Qué propone?
—La posibilidad de que una organización de consumidores, ambientalista o el Ministerio Público pueda representar en forma genérica a todos los afectados en una situación determinada, como en un daño ambiental que se expande a muchísimas personas. Hay una reticencia jurisprudencial a que esto se desarrolle. Y obviamente es algo que el Estado mira con cierto resquemor, porque es uno de los principales proveedores de bienes y servicios en el país y puede ser un eventual demandado. Ese riesgo podría ocurrir. Pero lo que hace esto es mejorar muchísimo el funcionamiento del mercado, transparentar muchísimo más. Las empresas que cumplen con los estándares adecuados de defensa del medio ambiente o de defensa del consumidor no van a tener problemas, las que los incumplen los van a tener.
—¿Cuál es otra de las luces amarillas del sistema de Justicia uruguayo?
—Se suele decir que Uruguay tiene mucha seguridad jurídica, y es cierto, porque Uruguay tiene reglas de juego claras, porque respeta, porque no cambia permanentemente su normativa. Pero tenemos ciertas falencias en la jurisprudencia.
—¿Por qué?
—Porque en Uruguay puede ocurrir que una misma persona, por una misma enfermedad, que reclama un mismo medicamento lo reciba de un tribunal y no lo reciba de otro. ¿Cómo le explicamos a la sociedad que el sistema de Justicia le da A y no le da B ante una situación igual? ¿Cómo lo resuelven los países de la región? A través de un sistema de precedentes. Si frente a una determinada situación tengo una sentencia que ya ha fundamentado que en tal hipótesis hay que dar tal medicamento por tal patología, cuando venga otro caso igual se resuelve de la misma manera, salvo —siempre reservando ese derecho— la posibilidad de explicar por qué me aparto.
—Sería una forma de unificar criterios.
—Sí. Una de las principales críticas que se le hace a esto es que dicen que afectaría a la independencia judicial. Yo creo que hay una confusión entre la verdadera independencia judicial y lo que es la seguridad jurídica, porque nadie está diciendo que el juez no se puede apartar. Pero sí se está colocando sobre el juez el deber de fundamentación de por qué se aparta. Esto lo que permite es que el ciudadano, cuando lea su sentencia, va a entender por qué el caso es distinto. Esto va unido con un quinto elemento, en el que estamos trabajando mucho también en Uruguay, que hemos creado la Red Uruguaya del Lenguaje Jurídico Claro, que integran varias organizaciones del Estado y varias organizaciones privadas, porque el otro gran problema es de comunicación entre el sistema de Justicia y la ciudadanía. No puede ser que las personas vayan a una audiencia, estén sentadas al lado de los abogados y le tengan que pedir al abogado que les explique qué pasó. No puede ser que se lea una sentencia y no se entienda lo que está resolviendo.
—Un estudio del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República señaló que existe una “débil conexión” entre la esfera de los partidos políticos y la judicial porque la Suprema Corte de Justicia elabora la propuesta de presupuesto y la eleva al Ejecutivo, este puede modificarla y enviar una distinta al Legislativo, que es el que finalmente se encarga de aprobarla. ¿Coincide con ese diagnóstico?
—Por supuesto que la falta de independencia financiera es un factor que puede afectar la independencia judicial, pero en la mayor parte de los países no tienen una independencia económica. En la mayor parte de los casos lo que hay que hacer es negociar y esa negociación puede ser buena, y por eso estoy a favor de la creación de un ministerio de justicia, entre otras cosas porque me parece que al Poder Judicial lo que le falta es un interlocutor especializado en temas de justicia para que genere sensibilidad política ante los reclamos, porque es muy difícil hacerle ver al Ministerio de Educación y Cultura temas excesivamente técnicos de la Justicia.
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Javier Calvelo / adhocFOTOS
—Actores del sistema de Justicia uruguayo, por ejemplo en la Fiscalía, dicen que se ven limitados en el cumplimiento de su función por la falta de recursos y reciben críticas del sistema político, pero es el Parlamento el que no asigna los recursos necesarios. ¿Qué piensa al respecto?
—Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. La Defensoría Pública tiene que ser una entidad lo más independiente posible y con recursos suficientes, a la Fiscalía se la ha dotado de mayores recursos con la reforma del proceso penal, y eso fue importante, pero está claro que hoy necesita muchos más recursos, porque además las investigaciones son cada vez más complejas, sobre todo los delitos de cuello blanco, que hay que desenmascarar con expertos en economía, con expertos en ingeniería, con expertos en temas informáticos. Si un fiscal no tiene un equipo de distintas especialidades para trabajar, es muy difícil que pueda avanzar una investigación. Y el sistema político lo primero que hace es decir “¿por qué funciona tan lenta la investigación?”.
—¿Esa falta de recursos impide investigar de forma adecuada al poder? El poder político, el poder económico.
—Totalmente, hay dificultades para investigar al poder político y al poder económico y esas dificultades provienen fundamentalmente de la falta de recursos .
—Usted planteaba algunos problemas del sistema en la persecución penal de los delitos. ¿Qué cambios se podrían hacer para que eso mejore?
—Hay varias líneas de trabajo. No hay país del mundo que pueda perseguir todos los delitos, entonces se habla de la persecución penal o criminal estratégica, es decir, uno tiene que tomar determinadas decisiones estratégicas. Por ejemplo, no voy a perseguir el microtráfico, voy a perseguir el tráfico grande y, obviamente, los delitos más graves. Entonces, se toman políticas para perseguir homicidios, las grandes estafas, y se tienen equipos especializados, capacitados, y mucha tecnología para la persecución estratégica del delito. Ahí se necesitan más recursos para tener herramientas tecnológicas, capacitación y, sobre todo, expertos de distintas áreas que puedan trabajar en un equipo multidisciplinario. Después está la otra punta, que es el drama del sistema carcelario. Creo que hay que establecer una prioridad absoluta con los primarios para que la persona que cometió por primera vez el delito tenga todo el acompañamiento necesario para no volverlo a hacer. Tenemos desequilibrios a nivel penal con las penas que hay que equilibrar.
—Habría que hacer una reforma general del Código Penal.
—Exacto. Habría que poner todas las figuras del Código Penal y buscar los equilibrios y ver, de acuerdo a esa estrategia de persecución criminal, qué es lo que la sociedad hoy entiende que debe tener mayor pena.
—¿De alguna forma la Justicia civil es justa y la Justicia penal no lo es tanto?
—Bueno, yo diría que la Justicia civil funciona de una manera razonablemente eficiente en el comparativo internacional y la Justicia penal en Uruguay no funciona tan adecuadamente.
