Juan Miguel Petit propone que el Poder Judicial “ajuste las penas” de los delincuentes por las “duras condiciones” de las cárceles

El asesor del Parlamento en asuntos carcelarios planteó que “sería bueno” dialogar entre los tres poderes del Estado sobre la administración de la justicia y la ejecución de las penas. Lo hizo con una pregunta más. “¿No debería el Poder Judicial plantearse un diálogo entre pares (...) sobre las condiciones a las que sus operadores y en especial sus jueces deben enviar a las personas a cumplir una sanción penal sin las garantías constitucionales establecidas?”.

Según González, las condiciones de las cárceles “deberían considerarse en la determinación de la pena, que es una decisión del juez”, y “no es lo mismo cumplir un año en la cárcel de Minas que en el Penal de Libertad”.

Del lado contrario, un fiscal expresó su desacuerdo y planteó que “no es el camino correcto”, porque “implica dar por perdida la batalla y resignarse a que las cárceles nunca van a mejorar”. Según el fiscal, “dar esa discusión implica reconocer la derrota” y “renunciar a una política de Estado penitenciaria, que permita condiciones dignas y reinsertarse en la sociedad”. Insistió en que la solución es estructural y no ofrece resultados a corto o mediano plazo.

Por su parte, el abogado y juez de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 3^er turno, Diego González Camejo, opinó que la situación de “emergencia penitenciaria” que atraviesa el país hace necesario “discutir” todas las propuestas que surjan. En su opinión, muchas personas condenadas por delitos menores, como hurto o receptación, “tendrían que estar fuera del sistema”.

Otro abogado penalista consultado consideró que la propuesta de Petit es “interesante” y que “debería estudiarse”. Sin embargo, advirtió que podrían surgir problemas procesales en los casos de acuerdos abreviados, donde la pena es acordada entre la Fiscalía y los imputados antes de ser ratificada por un juez.

Para González Rossi, la propuesta sobre que tenga un valor distinto estar preso en una cárcel que en otra según las condiciones de reclusión “es teoría”, pero después “es una decisión política o gubernamental cómo debe implementarse en un sistema”. Desde el punto de vista crítico del sistema, aseguró, “es irrefutable”, indicó.

Ana Vigna, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, quien se ha especializado en el sistema penitenciario, consideró que es un planteo “más que razonable” el que hace el comisionado, porque, “si sobre la base de la pena que reciben las personas condenadas está la dosimetría, resulta necesario tomar en consideración las condiciones en las que se cumple la condena para poder calibrar la respuesta penal”.

“Capaz que hay que empezar a valorarlo”, aseguró un magistrado consultado, quien consideró que “podría ser una de las pautas” a utilizar en las sentencias para establecer la individualización de la pena, que es una tarea de los jueces. El artículo 86 del Código Penal establece que son quienes deben determinar “la pena que, en su concepto, corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, sus antecedentes personales, la calidad y el número —sobre todo la calidad— de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en el hecho”.

El magistrado indicó que la individualización de la pena tiene tres fases: una que proviene del Poder Legislativo, que es la abstracta, otra del juez que la concreta y una tercera de ejecución, que es cuando podría aplicarse el ajuste de las penas. “Si es para bien y para cumplir con lo que establece la Constitución y los derechos humanos, me parece genial”, agregó.

Cupos penitenciarios

Vigna propuso pensar en una “ley de cupos penitenciarios”, que indique la capacidad real del sistema para alojar reclusos y que “oriente a los operadores para hacer un uso más racional de la capacidad disponible”.

González Camejo coincidió en la necesidad de una “priorización” en el ingreso de personas al sistema penitenciario. “Siempre hay lugar, pero eso es una mentira”, afirmó, señalando que el costo de esta afirmación son “condiciones de reclusión inhumanas”.

“Hay algunas de nuestras cárceles que, en mi opinión, deberían ser cerradas, como los módulos 10 y 11 del Comcar. Ahí las condiciones de vida son inhumanas, hay encierro total en muchos sectores, hacinamiento, no hay ninguna posibilidad teórica ni real de rehabilitación”, aseguró el juez, que realiza visitas periódicas a los centros penitenciarios para controlar la ejecución de las condenas.

Según el informe de 2023 del comisionado parlamentario penitenciario, que fue publicado la semana pasada, existe un hacinamiento “crítico” en la mayoría de las cárceles, que es consecuencia de la combinación entre el aumento sostenido de la cantidad de presos y “varias décadas de baja inversión y priorización” del sistema carcelario. El 43% de los reclusos está encerrado en prisiones que dan un “trato cruel, inhumano y degradante”. En otro 40% de los centros hay “insuficientes condiciones para la integración social”, porque tienen aspectos “positivos”, pero tienen otros “aspectos centrales” sin resolver, como la inseguridad, un régimen regular de salida al patio y el acceso a la salud. Según el relevamiento de la Oficina del Comisionado Parlamentario solo el 17% de las cárceles tienen buenas oportunidades de rehabilitación.