Los riesgos de no tener un Poder Judicial independiente

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el año pasado, poco antes de terminar su mandato y aprovechando el amplio apoyo popular con el que contaba —cerca del 80%—, logró una reforma constitucional por la que hizo cesar en sus cargos a la totalidad de los jueces del país, incluidos los de la Suprema Corte. En esa misma reforma, aprobada por el Congreso que también le respondía, se estableció que los nuevos magistrados serían todos elegidos por el voto popular, la mitad el pasado 1º de junio y la otra mitad en 2027. La razón de la arremetida contra el Poder Judicial se relacionaba, primero, con el hecho de que muchas de las reformas impulsadas por el presidente durante sus seis años de mandato fueron bloqueadas por fallos de los tribunales sobre la base de normas constitucionales que entendían resultaban violadas, y, segundo, por la bajísima confianza que los mexicanos tenían en sus jueces. La actual presidenta de México —del mismo partido que López Obrador—, Claudia Sheinbaum, afirmó poco antes de las elecciones de jueces celebradas en junio que “el poder judicial está mal, hay nepotismo. La justicia no es pareja, libera a delincuentes”.

El caso mexicano amenaza con convertirse en ejemplo para otros líderes de la región. Más allá de su viabilidad constitucional o política, desde el presidente colombiano Gustavo Petro hasta la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner han expresado que podrían impulsar en sus países proyectos similares. Estas propuestas se montan sobre una extendida falta de confianza de la gente en los jueces. Según la encuesta anual de Latinobarómetro, la confianza promedio en el Poder Judicial en América Latina ha variado entre 1995 y 2024 entre un máximo del 37% en 2006 y un mínimo de 22% en 2017, ubicándose en el 28% en 2024. Es por ello que, si se quieren evitar aventuras de final incierto —o con la certeza de un final muy negativo—, es preciso tomar iniciativas e implementar reformas que recuperen la confianza en los jueces antes de que sea demasiado tarde.

Son muchas las estrategias posibles y que han demostrado ser eficaces. Por ejemplo, instrumentar procedimientos más transparentes y participativos para su designación —sin que necesariamente se opte por la elección popular— no solo es posible, sino que es imperioso para que la ciudadanía empiece a confiar en sus jueces. También es necesario producir fallos bien fundados y convincentes para que no se presuma la arbitrariedad o el favoritismo de los magistrados; lograr la mayor consistencia posible de las decisiones en el tiempo para evitar que su carácter errático genere suspicacias; asegurar diversidad en la composición de los tribunales colegiados para que todos se vean representados en ellos y evitar, por ejemplo, cortes conformadas solo por varones; transparencia en el modo en que se decide intervenir o no en un caso específico, y cuándo hacerlo evitando el sospechoso oportunismo, son todas medidas que contribuirían a recuperar algo de la confianza perdida en los jueces y, en última instancia, también operarían como antídoto a propuestas populistas y aventureras que buscan principalmente deshacerse del control constitucional del ejercicio del poder.

En Argentina, tras dos renuncias, la Corte Suprema cuenta solo con tres de sus cinco miembros. Esta exigua conformación, sumada a alguna excusación, lleva a conformar el Tribunal con “conjueces” convocados ad hoc para casos específicos, lo cual no es bueno para la generación de confianza en la institución. El intento del presidente Javier Milei de cubrir esas vacantes por decreto, en lugar de esperar la aprobación del Senado, no contribuyó en nada a la construcción de confianza y legitimidad del Máximo Tribunal del país. Hace unos pocos días se eligieron de un modo oscuro en la provincia de Buenos Aires, de madrugada y sin deliberación alguna, casi 200 funcionarios judiciales, muchos de ellos jueces. Si se sigue por este camino, el peligro de que surjan ideas y propuestas aparentemente seductoras, pero seguramente dañinas para la democracia constitucional, será inminente. Si hay algo que demuestra el caso mexicano es la fragilidad de las instituciones de la democracia constitucional, pues basta con que un líder popular tenga la temeridad suficiente como para desarmar lo que tanto costó construir, para que en cuestión de semanas se desmoronen los cimientos del único sistema político conocido que puede darles a los ciudadanos alguna garantía de no ser víctimas del más abyecto abuso de poder.

* Profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo, Argentina.