Maestra destituida de la ANEP por “ineptitud física” es una “rehén” del Estado, según su abogado

Para su abogado, Ariel Ghans, Del Puerto es una “rehén” de dos organismos estatales con dos baremos distintos a la hora de computar ineptitud física. Esto último es reconocido incluso por la directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, mientras el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP busca una alternativa para resolver esa contradicción. Para este caso puntual, el letrado presentó el mes pasado un recurso que tiene como pretensión de máxima revocar la destitución y reintegrarla laboralmente, y otra de mínima: que se le conceda como “excepción” trabajar dos años más para alcanzar los años que requiere para jubilarse.

Sin embargo, esto nunca funcionó como debería. Según el recurso de revocación a la resolución de la ANEP redactado por su abogado y presentado el 14 de octubre, “sus superiores inmediatos manifestaron no encontrar una tarea específica para asignarle”. Propuso ser apoyo pedagógico de alumnos de nivel descendido. “La respuesta fue categórica: se me informó que, en la modalidad de docencia indirecta, no podía tener contacto con los niños”, indica el texto. Eso fue expresado “en términos tales” que la hicieron sentir “estigmatizada” o —en términos menos contemporáneos— “una leprosa”.

Tampoco le aceptaron realizar tareas de apoyo a maestras de inicial. Todas sus solicitudes fueron denegadas por la Inspección Departamental de Canelones Jurisdicción Este. “Realmente no sé qué hacer contigo”, dice que le dijo la directora.

“Yo lo único que nunca propuse fue no hacer docencia”, dice la maestra, sin ocultar la rabia.

Otras tareas

Lo que sí hizo, mientras pudo, poco y nada tuvo que ver con la docencia, directa o no. “Como la cocinera de la escuela no tenía una auxiliar, la ayudaba con el almuerzo. Iba de mañana a atender la cantina y luego le servía la comida a 200 gurises. Tenía 10 minutos para lavar los platos y atender a los que entraban en el otro turno. En realidad, trabajé tres veces más que cuando era maestra”. El recurso agrega tareas como abrir el portón y repartir notificaciones en las clases: “Dichas actividades implicaban permanecer de pie durante las cuatro horas de labor, en abierta contradicción con las indicaciones médicas, situación que agravó de forma progresiva el estado de salud e hizo imposible continuar con este tipo de tareas”.

En marzo de 2022, la Junta Médica del Codicen de la ANEP le constató a Del Puerto “ineptitud” desde el punto de vista sanitario. Su cuadro había evolucionado desfavorablemente, no podía reintegrarse al trabajo y no había “logrado cumplir de forma regular” con las tareas de docencia indirecta, que —según resalta su abogado— nunca fueron las adecuadas a la situación. En diciembre de ese año se le hizo un sumario por ineptitud física. Ya no volvió a pisar la escuela donde trabajaba. Todo eso con base en la circular 66 del año 2000, que baraja la posibilidad de la destitución en caso de que el involucrado no solicite la jubilación.

Del Puerto había iniciado en abril de 2019 su trámite jubilatorio por imposibilidad física ante el BPS. Este expediente fue archivado porque el banco se lo denegó. “El dictamen de la Junta Médica del BPS sostenía que la funcionaria se encontraba apta para trabajar, con la única limitación de un problema óseo que le impide estar parada durante tiempo prolongado”, indica el recurso. El texto reza que para el BPS ella podía realizar incluso tareas de docencia directa siempre que no permaneciera de pie un largo rato.

“En el BPS me dijeron lo obvio, que hay gente en silla de ruedas que trabaja igual, ¿dónde se ha visto que un problema óseo no me deje trabajar?”, se pregunta, sin buscar respuesta, la maestra.

El trámite en la ANEP siguió su curso, y Del Puerto fue destituida por la resolución 2479/025, del 16 de setiembre de 2025. Aunque la esperaba, la notificación fue un mazazo. “Tuve que ir al psiquiatra, no estaba pudiendo, no hacía otra cosa que llorar, acudí a los antidepresivos. ¿Viste cuando te levantás y no sabés qué hacer con tu vida? Y es un día, dos, tres... y así desde que me pasó. Tuve que pedir ayuda”, cuenta. No incluye a su hijo chico (tiene otro mayor, casado, en Tacuarembó) en la conversación. “Y como me dice el abogado, los tiempos son largos...”.

Esa consulta al psiquiatra fue lo último que hizo antes de tener que darse de baja de la mutualista.

Caso de laboratorio

Entre los argumentos del recurso presentado por Del Puerto figuran la violación al artículo 53 de la Constitución (“El trabajo está bajo la protección especial de la ley”), el conflicto con convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por supuesto, el énfasis está puesto en la “situación paradójica” en la que está la maestra: inepta para la ANEP y con el trámite jubilatorio denegado por el BPS, “el ente rector en materia previsional de incapacidad”, porque, a criterio de este, un “problema óseo” que solo le impide estar de pie durante largos períodos no la inhabilita para enseñar.

“La situación sería distinta si la ANEP tuviera una caja paraestatal, pero sí o sí tiene que ceñirse a las decisiones del BPS”, dice Ghans.

Carolina del Puerto 2

Leonel García

El abogado dice a Búsqueda que este es “un caso testigo de la vulneración de derechos de las personas” y que, de no obtener un resultado favorable, acudirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) primero y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después. Para eso, claro está, hace falta tiempo: la ANEP tiene 150 días corridos desde la interposición del recurso para responder o, en su defecto, que opere la denegatoria ficta para poder apelar al TCA. Recién agotadas las instancias nacionales se puede acudir a las internacionales.

No es el único caso similar que ha llegado a su despacho, agregó, de docentes que han sido destituidos por la misma situación. “Me llegaron al menos 30 casos así”, afirma, luego que la situación de Del Puerto trascendiera en medios locales primero y luego en Canal 4.

Uno de los casos que también patrocina es el de Karina Ortiz, una docente de informática de UTU y secundaria de 45 años, también sumariada por una “mala evolución de patologías”, también con una causal jubilatoria denegada por el BPS, hoy en recuperación de una cirugía de tendinitis calcificante de hombro derecho y con una capsulitis adhesiva en el mismo lugar. “La Junta Médica que la atendió tenía dos psiquiatras y ningún traumatólogo”, ironiza Ghans. Por eso cree que “el caso de Carolina”, como detonante que fue, “puede llegar a ser un buque insignia, como un caso de laboratorio que permita repensar el sistema actual”, concluye.

La integrante del Codicen Elbia Pereira, también maestra, lamenta esta situación que, sabe, no es inusual. “Lo digo con dolor: lamentablemente la normativa hace que destituyamos a muchos compañeros y compañeras”, admite, aunque resalta que este es el “último paso”, cuando ya no hay causal jubilatoria ni posibilidad de asignarle otras tareas. La consejera, exsecretaria general del PIT-CNT, dice a Búsqueda que el organismo está buscando una solución institucional. “Hemos conformado un grupo de trabajo con las gestiones humanas de todos los subsistemas (de la Educación), los sistemas previsionales y sanitarios para buscar una alternativa en esos casos donde hoy hay destitución. Estamos trabajando en eso desde que asumimos, el 27 de marzo”, afirma. No tienen establecido un plazo para elaborar un bosquejo, admite.

Compensación jubilatoria

Pereira apunta que los maestros tienen un mínimo de 25 años de trabajo para pedir la jubilación. La directora general de Inicial y Primaria, Salsamendi, recordó a Búsqueda que los maestros tienen compensación jubilatoria: en escuelas urbanas cada tres años les computan cuatro. Si se trata de escuelas rurales, la bonificación es todavía mayor. “Por eso, con poco más de 50 años ya tenemos causal jubilatoria”. También señala que hay un límite de tiempo de docencia indirecta que imposibilita pedir una prórroga. No dice que sea este el caso. En todo caso, señala que “la Junta (Médica) que no la declaró apta es del Codicen”. Agrega que la involucrada tiene “todo el derecho” de accionar judicialmente de la forma que considere mejor. Reconoce sí, como todos en el sistema, que hay “un lío” por el baremo distinto que manejan el BPS y la ANEP.

No hay registros en el sistema educativo sobre maestros o profesores con algún tipo de discapacidad ni de los docentes cesados por ineptitud física, dijeron a Búsqueda desde la Dirección de Comunicación Institucional del Codicen. Ni siquiera hay datos sobre si hay docentes dando clases en sillas de ruedas. Al abogado Ghans esa situación también le parece insólita.

“Yo no tengo idea de qué va a ser de mí”, dice Del Puerto, luego de escuchar nuevamente los recursos, las leyes y las argumentaciones de su abogado, las que ya conoce de memoria. Cuando no sonríe, la mayor parte del tiempo, parece apagada. Pero es más de rabia contenida que de resignación. Consciente del posible final de su camino, se empecina en hacer todas las tareas cotidianas, moverse lo más posible, incluso bailar. “Sé que es difícil que logre algo antes de dos años... algo se me va a ocurrir, algo voy a hacer, algo voy a inventar. Aunque sea, la voy a pelear para que esto no le pase a nadie más”.