Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

Aquel episodio, y otros que sucedieron semanas después, impulsaron al Poder Ejecutivo a analizar una modificación normativa que permita a la Justicia accionar contra los barras bravas con mayor autonomía. El objetivo está en manos de la Secretaría Nacional del Deporte, al frente de una comisión permanente creada en julio de la que forman parte la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Nacional, Peñarol y la Federación Uruguaya de Basketball.

Pereda concurrió en setiembre a la Comisión Especial de Deporte y Juventud de la Cámara de Senadores y centró su exposición en un tema ya discutido previamente en el Parlamento por legisladores y dirigentes de fútbol: la extorsión que sufren los directivos por parte de los barras bravas de sus propios clubes, quienes reclaman entradas para los partidos, locomoción a viajes al exterior, acceso a las canchas y otros espacios institucionales, como ser retirados de las listas de impedidos de ingreso a los espectáculos deportivos, entre otras exigencias.

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Alejandro Pereda, secretario nacional del Deporte.

Mauricio Zina/adhocFOTOS

“Es conocido que muchas veces un dirigente no se anima a denunciar a un hincha o a un barra brava, como se le dice, por miedo a las represalias que pueda tener. Esto pasa mucho, sobre todo, a nivel del básquetbol. Esto, de alguna manera, permitiría a la ley actuar sobre estas cuestiones sin tener que pasar necesariamente por una identificación y denuncia concreta de un dirigente o de otra persona respecto a estos elementos que, de alguna manera, generan esa presión y ese miedo a actuar”, indicó Pereda.

El año pasado el propio presidente de la AUF, Ignacio Alonso, admitió en el Parlamento que los directivos reciben “todo tipo de presiones”, una situación que, añadió, está “supercomprobada incluso a nivel personal”. Pocos meses después, Alonso hizo pública una amenaza que recibió de una persona del barrio Cerro Norte. Luego de identificar e interrogar al responsable, la fiscal letrada penal de Montevideo de Flagrancia y turno de 1^er turno, Graciela Peraza, archivó en mayo la denuncia por entender que no configuró una conducta delictiva. Según la investigación policial, la persona pretendió contactar al presidente de la AUF para forzarlo a sacar a una persona de la lista negra.

También Ricardo Vairo, presidente de Nacional, apuntó al nivel de complejidad delictiva que enfrentan los directivos. “Ha ido cambiando cada vez más este tema y los que hace 10 años se llamaban ‘barras’, hace dos meses, cuando tuvimos un encuentro con el ministro Carlos Negro y todos los altos cargos del Ministerio del Interior, ellos mismos dijeron que son mafias organizadas. Ya no hablamos más de barras, sino de mafias organizadas”, admitió.

Al tanto de esta realidad por las reuniones internas que ha mantenido con representantes de la AUF, Nacional y Peñarol, Pereda explicó que la Secretaría Nacional del Deporte se encuentra ahora analizando las ventajas, las debilidades y el diseño técnico-legal para definir a un evento deportivo como un bien jurídico tutelado. “Quiere decir que si el bien a proteger es el evento deportivo, quien realiza una acción que conspira contra ese bien protegido es plausible de ser sancionado de oficio”, argumentó.

La situación de las banderas en la Policía Nacional

Además de la violencia en Peñarol-Cerro, el 6 de julio un policía fue herido de gravedad por una bengala náutica lanzada por un hincha de Nacional desde la tribuna Colombes en la final clásica del Torneo Intermedio, disputada en el Estadio Centenario. A partir de ese caso, la Secretaría Nacional del Deporte quedó al frente de una mesa de discusión normativa y el Ministerio del Interior ordenó la creación de otra mesa, de carácter operativo, entre la Policía Nacional, la AUF, Nacional y Peñarol.

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El Ministerio del Interior dejó en funcionamiento una mesa permanente entre la Policía Nacional y las instituciones de la AUF.

Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

En este ámbito se pretende discutir regularmente una serie de medidas recientes dictadas por el Ministerio del Interior y la forma de aplicarlas. Una de las principales es la prohibición del despliegue de banderas de gran porte, en cumplimiento con un reglamento de seguridad ya existente dentro la AUF pero que no se aplicaba. El reglamento establece que el tamaño máximo de las banderas que pueden ingresar a una cancha es de dos metros por un metro y las que exceden esas dimensiones son retenidas en la entrada a las canchas.

Tras el episodio de la bengala, el Ministerio del Interior definió que “las puertas de los estadios no se abrirán si hay banderas colocadas que impidan una clara individualización de quienes están en las tribunas”. El reglamento de la AUF prevé sanciones económicas y, desde el inicio del Torneo Clausura en agosto, la Comisión Disciplinaria ha multado a clubes, como Peñarol, por la presencia de banderas de mayor tamaño del permitido. Sin embargo, las multas son bajas y las irregularidades se han repetido. Además, aún quedan por definir los procedimientos que deberán adoptar las autoridades si los hinchas logran superar los controles para colgar banderas prohibidas durante un partido.

Por el momento, la Policía ha reiterado que no pretende ingresar a los estadios y que será decisión del organizador privado —la AUF y los clubes respectivos— determinar cómo proceder. Según las fuentes, desde el gobierno se ha comunicado a las instituciones que lo correcto sería suspender los partidos si se detectan banderas prohibidas, y que la seguridad privada sea la encargada de requerir a sus propietarios que las retiren.