Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

Las dudas del gobierno recibieron nuevos elementos esta semana. Búsqueda informó el miércoles que EuroCommerce fue disuelta por las autoridades regulatorias del Reino Unido por no cumplir con requerimientos legales básicos como entregar información de sus accionistas y sus directores.

Así quedó reflejado, por ejemplo, en un correo electrónico que el estudio Delpiazzo envió al ministerio y a Cardama con comentarios sobre los cambios propuestos por la empresa a uno de los borradores del contrato.

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Sobre la garantía de fiel cumplimiento, que el astillero quería suprimir y proponer una retención de pagos como penalización, explicó que la normativa uruguaya exige “garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el pliego particular”. Al respecto, agregó: “De ese modo, la retención de los pagos —según se propone— está habilitada como una medida para acrecer la garantía del 5%, pero no en sustitución de esta. En base a ello, se vuelve reiterar la propuesta original”.

Para contemplar aunque sea en parte la solicitud de Cardama, sugería que la garantía exigida se mantuviera luego de la entrega de los buques “por 12 meses (en lugar de los 18 que se había indicado)”. “Sobre esta base —acotó—, se volvió a incluir también el requisito de constitución de la garantía como condición para realizar el primer pago”.

Esa no sería la única instancia donde las garantías —la de cumplimiento y la de reembolso, también prevista en el contrato— serían discutidas. Cardama quería una versión más laxa, sin plazos establecidos para conseguirlas.

El Ministerio de Defensa había aceptado dar un plazo de 20 días en lugar de cinco para presentar la garantía de reembolso, pero Cardama insistió “en que ello sea ‘lo antes posible después de la firma del contrato’, sin fijar un plazo expreso”, describió el estudio Delpiazzo en un mail del 13 de diciembre de 2023. Ese pedido corría para los dos avales exigidos.

El contrato firmado entre las partes dos días más tarde, el 15 de diciembre, otorgaría a Cardama un plazo de 45 días desde la firma del contrato para presentar las garantías al Estado. Ese plazo probaría ser imposible de cumplir para la empresa.

El estudio Delpiazzo sugiere firmeza

Mario Cardama demoró 11 meses en conseguir que el Ministerio de Defensa aceptara los borradores de las dos garantías que necesitaba para dar inicio al contrato que había firmado para construir las OPV. Una de ellas —la de “fiel cumplimiento”— fue la más compleja.

A lo largo del proceso y por los reiterados pedidos de prórroga que luego no servirían para nada, el estudio Delpiazzo sugirió al ministerio en agosto de 2024 rescindir el contrato. Esa propuesta, informada por Eduardo Preve el martes, se fundamentaba en que, “habiendo pasado más de 8 meses desde la firma del contrato y estando próximos a los 6 meses de vencido el plazo máximo prorrogado para presentar las garantías proyectadas, no se han constituido las garantías”, según el documento que obtuvo Búsqueda. “Por tal razón, corresponde tener por ‘no celebrado’ el contrato referido”.

Esa idea de tomar una medida drástica estuvo antecedida de varias recomendaciones del estudio hechas al gobierno de Luis Lacalle Pou de ponerse más firme con el proveedor.

El 1º de marzo del 2024, ante un nuevo pedido de prórroga de Cardama, Delpiazzo Abogados redactó una propuesta de respuesta. “Sin perjuicio de la nueva extensión acordada, se solicita a Cardama realizar los máximos esfuerzos para constituir las garantías en el menor tiempo posible antes del nuevo plazo máximo, informando que no se habilitarán nuevas prórrogas considerando la trascendencia de los plazos del contrato, cuyo cómputo se origina a partir de la ‘Entrada en vigor’ ya dilatada en dos oportunidades”, decía.

En julio de ese año, el estudio, ante otra prórroga solicitada, que incluía una promesa de conseguir la garantía no obtenida hasta ese momento, le escribió al ministerio que, “desde el punto de vista contractual, el plazo para constituir la garantía de fiel cumplimiento del contrato está vencido hace tiempo”. Añadía que “contractualmente no correspondería evaluar nuevos borradores de garantías que Cardama estaría gestionando en la actualidad y con entidades diversas a las ya informadas. Si así se quisiera acceder, ello implicaría una concesión de una nueva prórroga al plazo previsto en el contrato”.

El estudio hacía notar que era “preocupante que aún no hayan podido constituir la garantía ya comprometida hace meses”. Para peor, en ese pedido mostraba una posible garantía de una aseguradora de Camerún.

En setiembre, cuando negociaba con Abitab, Cardama pidió una extensión de 72 horas que fue concedida por “mandato oral” del ministro de la época.

Las decisiones de aceptar las prórrogas de Cardama mucho más allá de los plazos del contrato fueron tomadas por los ministros de turno (Javier García y Armando Castaingdebat, sucesivamente) en acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou, según describió el exviceministro Rivera Elgue a Búsqueda.

Rivera Elgue y Javier García

La preocupación por las desprolijidades

Delpiazzo Abogados no solo advirtió por los incumplimientos del plazo, sino que también alertó acerca de inconsistencias en los documentos que Cardama presentaba vinculados a las garantías, como informó Búsqueda la semana pasada. El problema central, al final del proceso, involucraba a EuroCommerce.

El gobierno presentó una denuncia en Fiscalía la semana pasada, prepara acciones en el Reino Unido y comunicó formalmente al astillero el inicio del proceso de cancelación previsto en el contrato porque sospecha que esa garantía es falsa.

El estudio pidió varias veces a Cardama que consiguiera documentación complementaria sobre EuroCommerce, en particular para certificar que la firma estampada en la garantía por un señor llamado Alex Walsh era válida.

Cardama envió un documento de un notario español que, en su opinión, servía de certificación de la validez del documento. Era un “acta de manifestación” tomada el 15 de noviembre en la que un señor llamado Francisco Sabater Cabanes había ido a la oficina del notario ese día y, como “representante de EuroCommerce LTDA”, dijo que Alex Walsh tenía “facultades suficientes para representar al banco” y “emitir y firmar la garantía”.

Consultado por Búsqueda en los últimos días acerca del acta que lleva su nombre, Luis Calabuig De Leyva dijo que los notarios españoles no emiten “certificaciones”, sino que realizan “legitimación de la firma”. Es decir: “Que una persona se presenta con un documento en mi despacho y estampa su firma en mi presencia. Yo únicamente doy fe de que esa persona es quien ha firmado delante de mí previo reconocimiento de su documento de identidad. Pero no certifico nada”.

El notario, tras las consultas de Búsqueda sobre los documentos y su firma en uno de ellos, presentó esta semana una denuncia por posible falsificación ante la Justicia de España.

En aquel momento, Delpiazzo Abogados consideró que el acta enviada por Cardama cumplía con los requisitos exigidos. El problema volvió a surgir después, cuando el titular del astillero debía enviar la versión apostillada del acta, lo que le daba validez a los ojos del Estado uruguayo.

Lo que envió era distinto a las versiones anteriores, en cuanto a la fecha en la que había sido tomada el acta —decía 25 y no 15 de noviembre de 2024— y a los sellos del notario firmante.

“La verdad que preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor, una y otra vez”, escribió en un mail el estudio, según informó la diaria. “En este caso, el acta no es la misma que nos entregaron para revisión la semana pasada, aunque sí repite su contenido (esto puede ser porque nosotros tenemos el original). A su vez, la apostilla es de ayer 27/11, por lo que sabían muy bien que no la habían mandado, según dijeron el martes. Además, el scan bastante desprolijo (cortado y al revés) y no sé si es continua con el documento, por lo que tendría que ver el original cuando llegue”.

Todas esas dudas no impidieron que la garantía finalmente fuera aceptada y que, un par de semanas más tarde, el Estado girara los primeros millones al astillero.

La disolución de EuroCommerce

Un año más tarde, cuando el gobierno uruguayo quiso ejecutar la garantía porque no había sido renovada, se encontró con que en la dirección que marcaban el contrato y la web de EuroCommerce funcionaba en realidad una inmobiliaria. Ese fue uno de los indicios que llevó al gobierno a denunciar la presunta estafa.

EuroCommerce Limited, domiciliada en Londres, estaba desde agosto en proceso de baja por no entregar información básica a las autoridades británicas. De hecho, los documentos del registro de ese país muestran que no tuvo actividad económica ni empleados entre 2023 y 2024.

En el sitio de internet del registro comercial británico, EuroCommerce Limited figura desde este miércoles como “disuelta”. La autoridad británica añade que el documento con la decisión estará disponible en los próximos 10 días.

Captura pantalla disolucion

Esta es la decisión final después de que el 19 de agosto el registro diera el “primer aviso” de que EuroCommerce Limited iba a ser dada de baja, salvo que ocurriera algo que revirtiera la situación dentro de los dos siguientes meses. Nada sucedió, y ahora el regulador cumplió con su advertencia. Las autoridades podrían quedarse con los bienes de EuroCommerce Limited —cuyo único director es un ciudadano ruso—, si es que existen.

La garantía renovada

El miércoles 22 de octubre, el presidente Yamandú Orsi informó que el gobierno presentaría una denuncia por presunta estafa o fraude al Estado uruguayo por considerar que el aval de EuroCommerce era falso.

Orsi, Sánchez y Díaz. Cardama

Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

Esa garantía había expirado sin que Cardama la renovara, lo que motivó las decisiones del gobierno.

El dueño de Cardama dijo ese miércoles a Búsqueda, después del anuncio del gobierno, que había mandado la renovación de la garantía que reclamaban las autoridades mediante un correo electrónico dirigido a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. A El Observador le dijo que había renovado la garantía el 26 de setiembre, pero se olvidó de mandarla.

“Adjunto les envío renovación del aval de fiel cumplimiento hasta el 22 de octubre del 2026”, decía el correo.

Cardama dio una entrevista a El País el 26 de octubre en la que aseguró que si existió una irregularidad fue de EuroCommerce y que la víctima del engaño era él y no el Estado uruguayo. “Me han dado una garantía que es mentira. Me pongo en contacto con el banco y me dicen que cambiaron de dirección. Tengo una nueva dirección. Le he pedido explicaciones, que me diga que no está en liquidación y que tiene capacidad de pagar el aval. Pero me siento defraudado”.

Al ser consultado acerca de quién es su contacto en la institución que le dio la garantía por más de 4 millones de euros, respondió: “No conozco a nadie del Eurocommerce Bank. No los conozco. He hablado con algún representante, pero no con ellos personalmente. Ni los he visitado”.

Interrogado por Búsqueda este miércoles 5 sobre la situación, Mario Cardama respondió: “Si nosotros procedemos, o no, y cuándo contra Eurocommerce, formará parte de un procedimiento judicial del que no vamos a publicar absolutamente nada. Quedará dentro del ámbito que tiene que estar y no en la prensa”.