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Narcotráfico: discuten crear una agencia independiente del Ministerio del Interior para investigar a la Policía
El Ministerio del Interior concluyó otra ronda de encuentros para elaborar su Plan Nacional de Seguridad Pública: la Fiscalía y el Poder Judicial advirtieron sobre la infiltración del crimen organizado en el Estado y pidieron procesos más rigurosos para seleccionar personal
Dos oficiales de la Guardia Republicana durante un procedimiento ordenado por el Ministerio del Interior en Villa Española.
El Plan Nacional de Seguridad Pública es uno de los proyectos claves que el gobierno pretende instalar para combatir la violencia en el país. Lanzado en julio, prevé presentarse en 2026 y fue definido por el Ministerio del Interior como “una política de largo plazo para lograr cambios a un problema estructural”. Desde agosto, representantes de la sociedad civil, agencias del Estado, academias y partidos políticos han mantenido reuniones para elevar medidas que formen parte del plan.
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La cuarta ronda de los encuentros tuvo lugar del 13 al 24 de octubre y estudió algunas de las propuestas que han surgido hasta ahora, basadas en siete ejes estratégicos: narcotráfico; homicidios; violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes; armas de fuego y municiones; ciberdelito y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal; y sistema de prevención del delito y la violencia.
Un documento publicado por el Ministerio del Interior en su sitio web repasa las presentaciones utilizadas durante la cuarta ronda de reuniones y menciona tres “ideas emergentes” en carpeta para desarrollarse en la producción final del plan: crear un órgano externo al Ministerio del Interior con capacidad investigativa profesional como mecanismo de control de la Policía Nacional; ser rigurosos en la incorporación de funcionarios a la Fiscalía para evitar infiltraciones y fortalecer la seguridad interna acorde a las funciones que desempeñan; y proteger a testigos y víctimas como parte esencial del proceso penal y garantizar residencias seguras o realojo transitorio para fiscales especializados en crimen organizado.
Estas y otras ideas, así como propuestas más específicas planteadas por algunos actores, fueron profundizadas el 16 de octubre. Ese día distintos participantes se dieron cita en la Torre Ejecutiva, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, para debatir las medidas sobre el narcotráfico que el plan podría incluir. La relatoría de esa reunión, elaborada por el ministerio y a la cual accedió Búsqueda, señala que la posible creación de un organismo autónomo de la Policía debe estar inspirada “en experiencias internacionales de fiscalización y cooperación interagencial”.
Los representantes de la Fiscalía General de la Nación afirmaron que el recién presentado Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico puede ser una “referencia” para diseñar ese órgano independiente de fiscalización policial que evite “dependencias operativas con el Ministerio del Interior”. El sistema, creado por decreto en mayo, funciona mediante un modelo integrado por numerosos ministerios y agencias del gobierno coordinados por la Presidencia de la República. Su objetivo es concentrar toda la información sobre la materia en un único espacio para evitar que se pierda en la burocracia administrativa.
Tras esa opinión de la Fiscalía, desde la Intendencia de Montevideo se recordó que, en el pasado, ya se han planteado “mecanismos para evitar la corrupción policial”, como trasladar la Dirección de Asuntos Internos fuera del Ministerio del Interior.
Asuntos Internos trabaja actualmente bajo dependencia de Interior y dispone de todas las facultades necesarias para prevenir actos de corrupción en el cumplimiento de la función policial o investigar hechos de apariencia delictiva cometidos por el personal policial. En el marco de las investigaciones, sus funcionarios actúan de manera independiente sin que la jerarquía policial, el grado, el cargo o la función del investigado les sea oponible.
En la campaña electoral de 2019, el Frente Amplio presentó como una de sus principales iniciativas en seguridad pública el fortalecimiento de controles institucionales para combatir la corrupción policial. “Para eso profundizaremos la incorporación de tecnología en todas las fases del trabajo policial para dar garantías al personal y tener respaldo de las actuaciones”, indicaba el plan de gobierno. A su vez, buscaba mejorar la Dirección de Asuntos Internos como “área de investigación de procedimientos policiales con personal especializado” y promover que la Junta de Transparencia y Ética Pública tenga “una mayor capacidad de auditoría real del patrimonio y bienes de los niveles jerárquicos del personal del Ministerio del Interior”.
La amenaza de infiltración en la Fiscalía
La relatoría de la cuarta ronda sobre narcotráfico se elaboró a partir de la transcripción del encuentro, y fue revisada por la Secretaría Técnica del Plan Nacional de Seguridad Pública y validada por los asistentes. La reunión fue coordinada por Emiliano Rojido, asesor en políticas de seguridad pública para el Ministerio del Interior.
Por la Fiscalía participaron la fiscal Mariana Borges y Patricia Marquisá, directora del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación. Por el Poder Judicial asistieron Juan Pablo Novella, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, la jueza de Ejecución Mercedes Reyes y la defensora pública Victoria Muraña. Hubo además representantes de la Cámara de Diputados, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Uno de los puntos discutidos en la reunión fue el riesgo de infiltración de la delincuencia en las instituciones, sobre lo cual alertaron tanto la Fiscalía como el Poder Judicial. La Fiscalía propuso procesos de selección más rigurosos para evitar “ingresos de personas con posibles conflictos de interés o vínculos previos con la defensa penal”. Las integrantes de la institución añadieron que el control no debería limitarse al ingreso, sino abarcar también el seguimiento continuo de los funcionarios, ya que “muchos se corrompen en el transcurso”. De acuerdo con la transcripción, el Poder Judicial compartió la preocupación al sostener que “la seguridad interna y la transparencia son condiciones esenciales para la legitimidad del sistema”.
El 25 de setiembre, en la tercera ronda de encuentros sobre narcotráfico, Novella y Javier Bonda —perito químico farmacéutico del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial— ya habían expresado su “preocupación por los riesgos de infiltración institucional del crimen organizado”, según consta en la relatoría de esa fecha. Dijeron que “en la actualidad hay personas que durante toda su vida defendieron a narcotraficantes y que tardíamente aspiran a ingresar a la Fiscalía”.
Emiliano Rojido es asesor en políticas de seguridad pública para el Ministerio del Interior.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Desde el Poder Judicial se citó incluso el ejemplo de familias albanesas en Países Bajos que mantienen a algunos de sus miembros por fuera de actividades ilegales para que se dediquen al estudio e ingresen posteriormente a puestos estratégicos en la administración pública, como los organismos de gestión portuaria.
El año pasado Europol, la agencia de la Unión Europea encargada de facilitar la cooperación policial entre los Estados miembros, publicó un informe donde identificó a las redes criminales globales que operan en la Unión Europea. El reporte describe en concreto una organización estructurada en torno a una familia de origen albanés que se dedica al tráfico de cannabis y cocaína. “Esta red mantiene estrechos contactos con una segunda red criminal, dedicada a la importación de hachís desde España y a la extracción de cargamentos de cocaína de puertos europeos”, afirma Europol, que menciona como dato fundamental que el grupo “tiene acceso a varios empleados corruptos que trabajan en las inmediaciones” de puertos en Bélgica y los Países Bajos.
Los puntos que se conversaron el 16 de octubre en la Torre Ejecutiva tuvieron como insumo un documento sobre narcotráfico elaborado por el Ministerio del Interior, que asegura que el mercado de drogas está “asociado a altos niveles de violencia y corrupción y constituye un desafío prioritario para la seguridad pública y la legitimidad del Estado”.
“El mercado de cocaína —que abarca tanto el acopio para exportación como el microtráfico local— se ha consolidado como uno de los principales motores de la violencia. El país dejó de ser solo una ruta de tránsito para convertirse en un espacio relevante de acopio, distribución y consumo, con impactos visibles en el aumento de homicidios, la expansión y atomización de bandas criminales y la gobernanza violenta en barrios vulnerables”, indica.
