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    La Justicia imputó a Charles Carrera por tres delitos en medio de críticas a la Fiscalía

    La jueza le prohibió salir del país por 90 días mientras se desarrolla la investigación por fraude, falsificación ideológica y uso indebido de información privilegiada

    La jueza Lorena Juliano formalizó la investigación contra el exsenador del Frente Amplio Charles Carrera por presuntas irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, en una audiencia que duró cerca de cinco horas. La magistrada lo imputó por tres delitos: fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada, por la atención que recibió un civil, de forma excepcional, en el Hospital Policial.

    El caso se remonta a 2012, cuando Víctor Hernández quedó parapléjico como consecuencia de una bala perdida. Según denunció, la bala que lo lesionó salió de la casa del subcomisario de La Paloma, donde se celebraba un cumpleaños, aunque nunca se llegó a comprobar. Sin embargo, Hernández recibió de forma gratuita desde julio de 2013 hasta finales de 2016 atención en el Hospital Policial (lo que incluyó atención médica, psicológica y rehabilitación), así como la cobertura de sus gastos de alimentación por tickets equivalentes a $ 20.000 de forma mensual.

    Según la teoría de la Fiscalía, Carrera fue quien dio la orden de que recibiera las prestaciones, lo que le produjo “un gasto patrimonial al Estado en beneficio de un tercero”, dijo la fiscal especializada en Delitos Complejos de 2° turno, Sandra Fleitas, durante la audiencia.

    Para que pudiera recibir la atención, debió falsificarse la ocupación de Hernández y hacerlo pasar en su historia médica como “suboficial ayudante”, razón por la cual la fiscal pidió imputarlo por falsificación ideológica. “A esta persona le mejoraron su vida”, dijo en la audiencia el abogado Juan Manuel González para defender la atención que recibió en el Hospital Policial. “No pasó hambre porque recibió tickets y pudo estar internado. Gracias a eso hoy está trabajando”, agregó.

    La instancia judicial fue transmitida por YouTube en el marco de un convenio que la Asociación de la Prensa Uruguaya tiene con la Suprema Corte de Justicia para dar publicidad a audiencias de interés público o periodístico.

    Como medidas cautelares por 90 días, mientras avanza la investigación de la Fiscalía, la jueza dispuso la prohibición de salir del país y la fijación de domicilio y negó el pedido de Fleitas de imponerle un arresto domiciliario total y la imposibilidad de usar redes sociales. Esta última medida la fiscal la solicitó por una “actitud de amedrentamiento” de Carrera, que manifestó en los últimos días que “estaba siendo objeto de una operación política” y “emitió juicios políticos de valor” hacia los fiscales, en “un raid por todos los medios de prensa”, y porque podría dirigirse a testigos que aún no han declarado.

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    Charles Carrera durante la audiencia pública en el Juzgado de la calle Juan Carlos Gómez en Montevideo

    Charles Carrera durante la audiencia pública en el Juzgado de la calle Juan Carlos Gómez en Montevideo

    Tiene “una clara filiación política”

    Luego de conocer que la fiscal pediría su imputación, Carrera pidió el jueves 5 a la fiscal de Corte Mónica Ferrero la recusación de Fleitas, porque planteó que se ve afectado “el deber de imparcialidad que debe revestir todo funcionario público”.

    En el escrito que presentó el senador frenteamplista cuestiona que la fiscal haya resuelto su formalización de forma “exprés”, a 10 días hábiles de haber asumido como titular de la fiscalía que investiga su caso. También, por haber descartado la formalización por abuso de funciones, que habían sostenido los otros dos fiscales que actuaron en el caso —en un principio Ricardo Lackner y luego Silvia Porteiro—.

    Carrera señaló que cambió el delito por el cual iba a pedir la formalización “sin ningún tipo de aviso ni advertencia, de forma absolutamente inesperada, sorpresiva y desleal”.

    En la audiencia, la abogada Lucía Fernández, que también representa al exsenador, planteó que entienden que “se configura procesalmente una hipótesis de indefensión” y que la defensa “se encuentra prácticamente a foja cero” porque es una causa compleja y en tan pocos días “es materialmente imposible llegar a conclusiones que permitan ejercer un buen contralor” de la nueva imputación. Los abogados pidieron una prórroga de la audiencia de formalización, pero fue rechazada por la jueza.

    Sobre los cuestionamientos por la modificación de los delitos, Fleitas dijo que “tal vez a la defensa costosa le cuesta entender” que los miembros del Ministerio Público actúan “con libertad de acción” y que “a la luz del principio de independencia técnica cada fiscal es independiente para tipificar un delito”.

    En tanto, la jueza dijo que “no hay obligación legal de que la Fiscalía deba comunicar informalmente cuáles son los delitos y el motivo de formalización”.

    En el pedido de recusación que había sido presentado, Carrera también señaló que es “indiscutido” que Fleitas tiene “una clara filiación política y afinidad ideológica” con los partidos de la coalición y sus posiciones políticas. Para fundamentar su posición, presentó una lista de retuits que realizó la fiscal desde su cuenta personal. Por ejemplo, menciona el retuit de una publicación de Guido Manini Ríos donde hablaba sobre el problema carcelario, uno de Teledoce en el que Mariana Pomiés señalaba que el 45% votaría para mantener la Ley de Urgente Consideración, uno de una queja del senador Raúl Lozano por la fijación de una audiencia judicial y otro de Telenoche en el que Mónica Bottero informaba que no participaría de la marcha del 8M.

    “Estamos trabajando con profesionalidad y objetividad”, aseguró Fleitas en la audiencia.

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    Sandra Fleitas durante la audiencia de formalización

    Sandra Fleitas durante la audiencia de formalización

    “Manejo extraño”

    Al reclamo de Carrera se sumó que la bancada de senadores del Frente Amplio le solicitó el pasado lunes 9 de junio a la Comisión de Asuntos Administrativos, que preside Pedro Bordaberry, que la fiscal de Corte Mónica Ferrero sea citada “con carácter urgente” debido a un “manejo extraño” en el traslado de fiscales, con base en “criterios poco claros y confusos”.

    Los legisladores frenteamplistas señalan que Ferrero dispuso “el traslado de ciertos fiscales que tenían a su cargo causas sensibles”, como el caso de la fiscal Fleitas —que pidió la imputación de Carrera—, que pasó de la Fiscalía de Flagrancia a la Fiscalía de Delitos Económicos de 2º Turno a mediados de mayo.

    En el escrito los senadores plantean que para su traslado “no se siguieron los criterios” que la Fiscalía había aplicado con anterioridad para designar fiscales en sedes especializadas, un “llamado a interesados para ascender”. Mencionan que, dos meses atrás, Fleitas había sido la última fiscal en ingresar a las fiscalías de Flagrancia de Montevideo, que son 16 turnos.

    Otro de los casos que citan es el traslado de la fiscal Sabrina Flores de la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno a la Fiscalía de Homicidios, cuando tenía a su cargo las derivaciones de la causa Astesiano, y meses después de que Ferrero negara realizar una nueva pericia internacional al celular del exjefe de la custodia presidencial como había pedido la fiscal. El tercer caso que mencionan es el traslado de la fiscal Stella Alciaturi luego de solicitar la formalización del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi.

    “Estos movimientos de fiscales en causas complejas requieren que la fiscal de Corte subrogante aclare cuáles son los criterios de traslados que se han venido aplicando”, plantean los senadores frenteamplistas.