La controversia entre los accionistas de NSAL, su sucursal en Uruguay y Corporación Navíos SA, involucra un préstamo por cerca de US$ 160 millones tomado por la compañía con una empresa relacionada con la accionista mayoritaria, la griega Angeliki Frangou, y contratos presuntamente inflados, de acuerdo con documentos presentados en juzgados uruguayos, en Islas Marshall y en Estados Unidos, a los que accedió Búsqueda.
En una resolución adoptada el 28 de abril, el juez Darwin Rampoldi dio la razón al planteo de la empresa Peers Business Inc. —a través de la cual los hermanos Claudio y Carlos López, y los sucesores de su hermano Horacio poseen el 36,2% de NSAL— de que no pudo acceder a documentación clave de la naviera, pese a sus diversos esfuerzos. Ante esto, el magistrado designó un veedor “con la capacidad de tener acceso a la información que requiere la tarea, sin que intervenga en la actividad de administración ni representación de la sociedad NSAL (matriz o sucursal) pudiendo acceder a información contable relativa a ingresos y egresos, así como información financiera”.
NSAL apeló la decisión del juez de nombrar un veedor, quien tendrá un plazo de seis meses para desarrollar su trabajo. La directora de Riesgos a nivel global de NSAL, Anna Kalathakis, no quiso informar a Búsqueda los argumentos para apelar la decisión porque son “parte de su estrategia” judicial, aunque aseguró que “pelearán hasta el final”. “No tenemos nada que temer, somos profesionales, seguimos procesos y procedimientos, somos muy transparentes; todo lo que hacemos sigue los procesos adecuados y es por eso que los inversores de todo el mundo confían en nosotros”, añadió. “Litigaremos en la justicia y ganaremos”.
En medio de la polémica, además, NSAL informó que presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de inversión para ampliar su capacidad de acopio de granos y minerales en la zona franca del Puerto de Nueva Palmira. La iniciativa, de ser respaldada, implicaría una inversión de US$ 100 millones.
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La empresa Navios South American Logistics presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de inversión para ampliar su capacidad de acopio de granos y minerales en la zona franca del Puerto de Nueva Palmira
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Pedido “urgente” a la Justicia
Las relaciones entre los accionistas de NSAL, socios desde 2007, comenzó a deteriorarse en 2021 y terminó de explotar en agosto del año pasado, cuando la mayoría del directorio removió a López del cargo de CEO de la compañía y lo acusó de diversas irregularidades.
López reclamaba a la compañía que le brindara información sobre ciertas decisiones que, a su entender, buscaban “licuar” su participación accionaria. Ante la falta de resultados de esos planteos, en octubre de 2024 inició acciones ante la Justicia uruguaya para obtener la información. Denunció que muchas de las medidas tomadas por la mayoría accionaria implicarían un “vaciamiento” de la compañía.
En el escrito en el que reclama que se nombre de manera “urgente” un veedor, los abogados de López sostienen que Frangou “ha llevado adelante una estrategia para enriquecerse de NSAL, interviniendo a los efectos que la compañía suscriba acuerdos económicamente desfavorables con empresas controladas por ella”.
De acuerdo con ese relato, en 2020 NSAL emitió deuda en Nueva York por US$ 500 millones y a una tasa de 10,75%, que vence en julio de 2025. El año pasado, Frangou informó al directorio que, para hacer frente a esos compromisos, la compañía necesitaba tomar nuevo endeudamiento.
“Vale hacer notar que mientras se denunciaba una situación de estrés financiero que forzó a NSAL a contraer un pasivo millonario, se hacían inexplicables inversiones millonarias que sistemáticamente no obtenían los frutos esperados”, dice el escrito.
La compañía tomó dos préstamos bancarios, uno por US$ 300 millones y otro por US$ 50 millones. Para el primero puso como garantía el 100% de las acciones de Corporación Navíos SA, que opera el puerto de Nueva Palmira. Además, sostiene, a través de su “comité de crisis” firmó un “préstamo subordinado” por US$ 160 millones, más un fee de casi US$ 30 millones, de “una entidad controlada” por Frangou.
“El préstamo subordinado no permite realizar ninguna amortización durante su vigencia y es convertible en acciones tras un período de 7 años, sobre la base de una valuación de la empresa espuria, insólita y desprovista de todo respaldo que asciende a US$ 330 millones”, dice. Dos consultoras contratadas por López — Deloitte y KPMG— sitúan el valor de la empresa en más de US$ 1.000 millones.
“Esta valuación notoriamente desajustada, reduce el valor de la participación actual de Peers en NSAL y, provocará una dilución sustancial de su participación al ejercer esta opción al cabo de 7 años”, añade el escrito. “Como si fuera poco, quien determina si el préstamo subordinado se cancela mediante el pago o con la emisión de acciones, es la Sra. Frangou quien empleando esta estrategia ha logrado revestir la doble condición de ser acreedor y deudor al mismo tiempo”.
El documento dice que a la minoría accionaria le brindaron muy poca información sobre esos negocios. En particular, cuestiona que no tiene datos de cuál es la entidad que otorgó el préstamo subordinado, la que “ante un escenario o evento de no pago, se haría del equivalente de las acciones”.
El pedido de veeduría también está motivado, según los abogados, en el “incremento desproporcionado de costos de NSAL que puede conducir a una situación de iliquidez o estrés financiero de la empresa”. A modo de ejemplo, indica que aumentó un 21,4% el gasto por contratos de servicios corporativos a otra empresa controlada por Frangou, un alquiler mensual por miles de dólares de oficinas en Buenos Aires y el arrendamiento diario de un buque propiedad de otra compañía de la griega por el doble de su valor.
La información recabada por los veedores será utilizada por López para iniciar una demanda, según surge de varios documentos. En un escrito presentado en Uruguay dice que “la espuria estrategia de las futuras demandadas y orquestada en su totalidad por la Sra. Frangou en connivencia con los directores actuales de NSAL, fue la de incrementar los costos operativos y financieros de forma de comprometer los ingresos de NSAL y de esa manera reforzar la supuesta ‘legítima’ causa del Préstamo Comercial y el Préstamo Subordinado”. Agrega que “de ahí que la conducta de las futuras demandadas, incluyendo los Directores actuales y del Comité de Conflicto que han actuado con total complicidad y en fraude de Peers, es absolutamente ilegítima y requieren una inmediata respuesta por parte de la justicia”.
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Grupo Navíos en la Zona Franca de Nueva Palmira, departamento de Colonia
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Denuncia contra los López
En las instancias judiciales y también en intercambios previos a la llegada a los estrados, las autoridades de NSAL rechazaron las acusaciones. Además, insistieron en que la jurisdicción adecuada para litigar es la de Islas Marshall.
“Rechazamos nuevamente cualquier acusación” de irregularidades en torno a los préstamos y otras decisiones adoptadas por los directivos de la compañía, dice una carta enviada por el directorio a los abogados de López en setiembre de 2024. “Reiteramos que NSAL ha actuado en todo momento de acuerdo con sus estatutos y la legislación aplicable; y que todas las resoluciones adoptadas por NSAL fueron debidamente aprobadas por los órganos sociales correspondientes y resueltas únicamente en el mejor interés de la empresa”.
En una nota posterior, ambas obtenidas por Búsqueda, el directorio informó a los abogados que estaban llevando adelante una investigación por supuesto fraude de López, mientras era CEO de la compañía, y su hermano Claudio López, que oficiaba como gerente comercial. La compañía los acusó de elaborar un esquema fraudulento con el que le habrían robado millones de dólares durante años. Entre otros mecanismos, aseguró NSAL, los López movían dinero en efectivo que depositaban en casas de cambio en Paraguay —Maxicambios y, en ocasiones, Fe Cambios— para trasladarlos a Argentina, para beneficio de “miembros de la familia López”.
“En total, creemos que decenas de millones de dólares fueron robados a la compañía solo a través de este esquema de facturas fraudulento”, dice una nota enviada por NSAL en noviembre.
Ese mes, semanas después de que López iniciara las acciones en Montevideo, NSAL presentó en Islas Marshall una denuncia contra los hermanos. Además, solicitó en Nueva York que un juez pidiera a instituciones bancarias información y trabara embargo sobre bienes de los hermanos.
El planteo en Islas Marshall —donde fue constituida la sociedad— no prosperó, ya que la corte local entendió que no tenía jurisdicción para analizar el caso. Esto se debe a que la compañía tiene sus oficinas y operaciones principales en Uruguay. Con el cierre de esa causa, en la que la corte no analizó la veracidad de los hechos denunciados, también cayó el pedido a la justicia norteamericana.
Kalathakis dijo a Búsqueda que echaron a López como CEO por mala gestión y que recién después detectaron el supuesto fraude. No quiso decir cuándo ni en qué país presentarán una nueva denuncia tras el cierre del caso en las Islas Marshall, pero aseguró que van a “perseguir hasta el final” a los López porque el “fraude está documentado”. Añadió que van a “recuperar el dinero” que consideran fue robado por los exdirectivos. “Los haremos responsables” por “usar y abusar” de la compañía para enriquecerse de manera ilegal, sostuvo.
Un pedido de arbitraje
En abril, NSAL presentó un nuevo recurso en Estados Unidos, esta vez para iniciar un proceso de arbitraje con el accionista minoritario, ya que el acuerdo entre accionistas establecía a Nueva York como jurisdicción para abordar controversias.
Los abogados de López rechazaron ese pedido porque consideran que el préstamo subordinado no debería ser parte de un arbitraje y porque es el tema en disputa en Montevideo. En ese marco, dejan claro que la información que quieren obtener de los veedores uruguayos es parte de su preparación previa a una demanda por fraude.
