Frente a las resistencias políticas, desde la bancada parlamentaria del Frente Amplio consideran que no están dadas las condiciones para dar la discusión sobre la creación de un ministerio de justicia en el corto plazo, según manifestaron a Búsqueda, en un momento donde también hay otras prioridades, como abordar la situación de la “caja de los profesionales” y el proyecto de Presupuesto que enviará próximamente el Poder Ejecutivo.
En una entrevista con El Observador, Orsi adelantó que el Presupuesto quinquenal no contemplará la incorporación de la nueva cartera. Sin embargo, Díaz dijo en una rueda de prensa este miércoles 25 que “es una de las cosas que quedan por resolver” e hizo referencia a la reunión del Consejo de Ministros de este jueves, donde se establecerán “las líneas básicas”.
Acceso a la Justicia y políticas públicas
El martes 24, en la previa del seminario internacional, se realizaron dos conversatorios sobre el ministerio de justicia: uno fue dirigido al sistema político, donde participaron representantes del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y el segundo, para periodistas y analistas políticos.
Los expositores internacionales fueron la exministra de Justicia de España Pilar Llop, el exministro de Justicia argentino Germán Garavano, la abogada consultora en derecho penal de Colombia Ana Linda Solano y Santiago Pereira Campos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
En el conversatorio dirigido a periodistas, Díaz, que se hizo presente junto con varios de sus asesores, enfatizó en que es una “modificación institucional que requiere una discusión conceptual” que “elimine las dudas y las confusiones que hay sobre la mesa” y que “implique acuerdos”. Si bien se precisan mayorías absolutas en ambas cámaras para crear un nuevo ministerio, para Díaz es un tema que “requiere consensos (…), y no los consensos de la mitad más uno, sino consensos más amplios”, dijo en la rueda de prensa.
El asesor en comunicación de la Prosecretaría de Presidencia, Gabriel Márquez, hizo una presentación inicial en la que dio los lineamientos sobre qué pretende el gobierno que incluya el ministerio de justicia, en caso de crearse, y qué funciones debería cumplir. Se trata de tareas que hoy se encuentran dispersas en distintos organismos.
Una de las competencias sería mejorar el acceso a la Justicia, en el entendido de que hay gran cantidad de situaciones que no llegan a tratarse en ámbitos judiciales. “Nadie mide los casos que quedan fuera” y, por tanto, los números del sistema de Justicia “ocultan una parte de la realidad” al no medir las “barreras” en el acceso, dijo Santiago Pereira Campos.
Una de las responsabilidades en la cual todos los disertantes pusieron énfasis es en que sea el órgano encargado de elaborar las políticas públicas en temas de justicia y derechos humanos, sin afectar las competencias del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
La exministra española aseguró que el ministerio de justicia “no es un órgano jurisdiccional que dicte sentencias”, sino que debe estar a cargo de definir las políticas públicas para los ciudadanos en temas judiciales porque no deberían hacerlo los jueces. “La construcción de políticas públicas está en los ministerios”, dijo la especialista colombiana.
Llop también consideró que “tiene que haber alguien que tome decisiones en política criminal” porque, si las competencias están dispersas, “puede haber disparidad de criterios”. Con una mirada local, Pereira Campos señaló que “nos falta un gran articulador que defina políticas públicas sobre la justicia con una visión integral para que todo funcione adecuadamente”.
Además, que las políticas públicas las elabore un ministerio permite el control parlamentario, señalaron los disertantes. “No hay una comisión de justicia, entonces, ¿cómo se rinden cuentas?, ¿quién está controlando esa materia?”, planteó la exministra de Justicia española.
Control de las cárceles
En caso de crearse el ministerio de justicia, se propone que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) pase a la nueva cartera, abandone el Ministerio del Interior y gestione “las cárceles con un nuevo enfoque como servicio descentralizado”.
“Es un contrasentido que quien persigue la delincuencia busque la rehabilitación”, dijo Pereira Campos.
Este punto ha estado sobre la mesa en las últimas administraciones y fue planteado tanto por el exministro del Interior Eduardo Bonomi como por la cartera durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que primero lideró Jorge Larrañaga y luego Luis Alberto Heber. En el documento final de la mesa de discusión interpartidaria de seguridad, que trabajó durante siete meses en 2023, se planteó que el Ministerio del Interior de ese entonces entendía que las “carencias estructurales” del sistema penitenciario “no pueden ser superadas” en la medida que continúe bajo su órbita, porque esa cartera está “predominantemente enfocada en el control y la represión del delito”.
El INR está a cargo de la gestión del sistema penitenciario y también de las medidas alternativas a la prisión, que el gobierno busca profundizar para mejorar la reinserción en la sociedad de los reclusos cuando recuperan la libertad y bajar los índices de reincidencia, que según los últimos sondeos oficiales alcanzan al 70%.
Sin embargo, para el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit —que ve con buenos ojos la creación de un ministerio de justicia y derechos humanos—, la salida del INR de Interior no debería depender de la eventual creación del ministerio. “La prioridad en este momento desde el punto de vista del sistema penitenciario es la descentralización del INR”, y “eso no tiene por qué esperar a un ministerio de justicia, que sabemos que va a ser un debate técnico, institucional y político que va a tener un tiempo”, aseguró.
Además del INR, desde la Prosecretaría de Presidencia informaron que la creación del ministerio de justicia podría tener un área especializada en abogacía del Estado, para trabajar en las demandas nacionales de gran complejidad y en los arbitrajes internacionales.
También se plantea que la Dirección Nacional de Registros pase a depender del nuevo ministerio y que la Defensoría Pública, que hoy funciona dentro del Poder Judicial, se transforme en un servicio descentralizado del ministerio de justicia.
Actualmente, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores estudia el proyecto de ley para transformar la Defensoría Pública en un servicio descentralizado —independiente del Poder Judicial— y los legisladores que la integran tienen la intención de aprobarlo a corto plazo. Se trata de un pedido que los abogados de oficio —que atienden a las personas de menores recursos económicos— realizan desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez, porque les permitiría reclamar un presupuesto de forma directa y fortalecer el servicio.
Cooperación internacional
En la instancia frente a los periodistas, los cuatro especialistas extranjeros destacaron la importancia de tener un ministerio de justicia en el marco de la cooperación internacional, sobre todo en un contexto del desarrollo del crimen organizado transnacional.
“Hace falta un interlocutor de nivel”, afirmó Llop, que puso como ejemplo que como ministra de Justicia española “no podía tener una reunión bilateral” para definir algunos asuntos tan importantes como un tratado bilateral o un memorando de entendimiento. También señaló que todos los países de la Unión Europea tienen una cartera especializada en temas judiciales y que “nunca ha habido un cuestionamiento de por qué existe un ministerio de justicia”.
Por su parte, el exministro de Justicia argentino durante el gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, planteó que en el caso de Argentina, “más allá de las miradas ideológicas, todos los gobiernos interpretaron la necesidad del ministerio”. Señaló que durante su gestión tuvo un “rol activo” en la cooperación internacional y que tanto en las reuniones de ministerios de Justicia de América como en las reuniones del Mercosur de Justicia y Seguridad “siempre fue una pena” que Uruguay estuviera representado por funcionarios, pero tenía “una dificultad de representación institucional importante”.
