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Proceso de designación del comisionado parlamentario está “empantanado”, mientras la oficina trabaja con menos atribuciones
La falta de mayorías impide designar al sucesor de Juan Miguel Petit y limita el funcionamiento de la repartición que monitorea el sistema carcelario, lo que preocupa a funcionarios
A más de cuatro meses de la renuncia de Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario penitenciario, un cargo que dejó para pasar a integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la oficina permanece acéfala por la falta de un acuerdo político para designar a su reemplazo.
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Hasta diciembre del año pasado, trabajó una comisión especial integrada por diputados y senadores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, que se formó con la finalidad de designar un sucesor, como establece la normativa vigente. Sin embargo, no alcanzaron la mayoría de tres quintos de los votos para ninguno de los 16 candidatos, el proceso quedó trunco y quien deberá resolver será la Asamblea General.
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo a Búsqueda que la “voluntad política” es que quede resuelto en febrero, antes del inicio de la actividad legislativa en el mes de marzo, aunque reconoció que el requisito de una mayoría especial de tres quintos para el nombramiento, pensado para que tenga un amplio respaldo político, “es una dificultad”.
“Se necesitan tres quintos de la Asamblea General y ponernos de acuerdo en un solo nombre, pero somos conscientes de que es indispensable llegar a una solución, porque sería una pésima señal del sistema político si no lo acordamos”, aseguró.
Mecanismos de subrogación
A diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía de Corte, en el caso del comisionado parlamentario penitenciario no existen mecanismos de subrogación. “Hay que designar un comisionado o no hay comisionado”, agregó Abdala.
Desde el Frente Amplio, el diputado Alejandro Zavala —que también integra la comisión especial— consideró que el proceso quedó “empantanado”. Según explicó, la ley tiene un “problema” y es que “está pensada para alcanzar los acuerdos en la primera elección”, pero no establece una alternativa en caso de no obtener los votos necesarios. “Debería, en todo caso, resolver la Asamblea General por sí misma” y “cuanto mayor respaldo parlamentario, mejor”, agregó.
La Asamblea General fue informada de que no hubo acuerdo para elevar ningún nombre, por lo que serán las bancadas parlamentarias las que deberán negociar para designar un nuevo comisionado parlamentario, un proceso que no ha comenzado, señalaron los legisladores.
Oficina solo con tareas administrativas
Mientras ese acuerdo no se alcanza, la Oficina del Comisionado Parlamentario continúa funcionando, aunque con limitaciones y “a los efectos estrictamente administrativos”, dijo Abdala. El equipo técnico, que es el mismo que trabajaba cuando Petit estaba al frente del organismo, realiza las visitas semanales a las unidades penitenciarias, que son organizadas por brigadas y por áreas temáticas, como salud, planificación y educación. También reciben denuncias y planteos de privados de libertad, familiares, abogados y organizaciones sociales, pero tienen las atribuciones recortadas porque no cuentan con las potestades que la ley asigna al comisionado.
Por ejemplo, no pueden emitir recomendaciones formales a los organismos del Estado frente a irregularidades detectadas, tampoco elaborar habeas corpus —una herramienta legal que venía siendo utilizada por Petit para proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad— o promover acciones de amparo. Esa situación ha causado “preocupación” entre los funcionarios, porque limita el trabajo, según confirmaron a Búsqueda fuentes involucradas en el trabajo de la oficina. Si bien se están atendiendo las diferentes denuncias, hay “problemáticas más profundas” que requieren la actuación de la figura del comisionado y por tanto “se siente la falta”, agregaron los informantes.
La situación también despierta inquietud por la condición laboral de los trabajadores de la oficina del comisionado parlamentario, que no cuenta con funcionarios propios, y son todos pases en comisión desde distintos organismos, como la Intendencia de Montevideo, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura y el Banco de Previsión Social. Antes de su renuncia, Petit había solicitado que sus pases se extendieran hasta que se designara un nuevo titular, y todos salvo uno fueron autorizados, pero los funcionarios consideran que la indefinición prolongada no es deseable.
El proceso de selección
Como requisitos para ser comisionado parlamentario, la legislación establece que debe ser un ciudadano uruguayo, de 35 años como mínimo y ser una persona “con reconocida especialización en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad”.
Luego de constituida la comisión especial, la Asamblea General tuvo un plazo de 15 días para proponer precandidatos, la sociedad civil dispuso de 30 días para presentar otros nombres, y luego los legisladores entrevistaron a cada uno de los postulantes, una práctica que también se había aplicado cuando resultaron elegidos Petit y su predecesor, Álvaro Garcé, que fue el primer comisionado parlamentario para las cárceles, en 2005. Ambos fueron votados por unanimidad y reelegidos en un segundo período, el máximo permitido por la ley.
En el proceso actual, Abdala señaló que fue presentada “gente muy diversa y muy valiosa, con muy buen currículum”, pero “no se llegó a un entendimiento” entre los partidos políticos. De los 16 candidatos, hubo un solo nombre que fue promovido por legisladores: Pablo Galain, abogado e investigador, que fue propuesto por la legisladora del Frente Amplio Graciela Barrera y los colorados Robert Silva y Felipe Schipani. Otras de las personas que fueron postuladas fue Arial Sánchez, exdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil; Eduardo Katz, psiquiatra, exdirector del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y exdirector de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y Julio Boffano, exsacerdote y operador penitenciario.
