Según dijeron a Búsqueda fuentes de la bancada del Frente Amplio, los legisladores están evaluando citar al expresidente Luis Lacalle Pou a la comisión. El tema está siendo discutido en estos días entre los legisladores que están trabajando en el caso, y planean tomar una definición el próximo lunes en la reunión de bancada. Si la idea prospera, el plan es pedir ese mismo día, cuando vuelva a sesionar la investigadora, que se le envíe la citación al líder del Partido Nacional.
El expresidente no tiene obligación de comparecer, porque la comisión no tiene la potestad de imponerlo. Solo puede solicitarle que asista. Lacalle Pou podría optar también por un camino intermedio, como responder preguntas por escrito. “Pero correspondería que venga, porque es el responsable político y el que firmó la resolución del contrato”, opinó un legislador oficialista.
Según las declaraciones que han hecho durante el avance de la investigadora, las valoraciones de los legisladores sobre lo que sucedió con Cardama son muy disímiles, lo que anticipa que no habrá un único informe al finalizar la investigación.
Para los integrantes del Frente Amplio es claro que durante la selección del astillero y la posterior firma y ejecución del contrato se cometieron múltiples irregularidades que implican no solo a la compañía, sino al gobierno anterior. Y creen que las responsabilidades políticas alcanzan a los extitulares del Ministerio de Defensa —Javier García y Armando Castaingdebat—, pero no terminan ahí. Por eso también quieren poner bajo escrutinio al expresidente Lacalle Pou.
Los representantes de los partidos de la oposición, en cambio, si bien admiten que la empresa presentó documentación falsa —tras el cúmulo de evidencias reveladas en los últimos meses—, niegan responsabilidades del gobierno y acusan al oficialismo de haber rescindido el contrato por motivos políticos.
La fiscalía, que investiga el caso a partir de una denuncia del gobierno de Yamandú Orsi por posibles delitos de fraude y estafa, pidió días atrás a la comisión que le enviara todas sus actuaciones. Según dijeron fuentes parlamentarias a Búsqueda, los legisladores del Frente consideran presentar en fiscalía, además, una ampliación de la denuncia penal que presentó el Poder Ejecutivo, con el detalle de los posibles delitos identificados durante el proceso y los hechos y testimonios que los probarían.
Mientras no se designa un titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de primer turno, Gilberto Rodríguez está a cargo del caso. Tras reunirse con un abogado de Presidencia, el fiscal concluyó que García, Castaingdebat, el exdirector general de Secretaría Fabián Martínez y el exdirector de Recursos Financieros Damián Galó tendrán calidad de indagados al comienzo de la investigación, informó el miércoles 5 El Observador.
“No sé por qué lo meten”
La intención del oficialismo de involucrar a Lacalle Pou en el caso Cardama —a quien considera el responsable político de un contrato fraudulento— ya ha generado rispideces con la oposición.
En las últimas semanas fueron convocados a la comisión los exministros García, quien ocupaba el cargo durante la contratación de Cardama, y Castaingdebat, que asumió sobre el final del período, cuando se le otorgaron prórrogas a la empresa para que consiguiera las dos garantías exigidas por el acuerdo. Esta semana asistió la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, para explicar la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero.
Los exministros blancos reivindicaron la decisión de avanzar en la contratación de Cardama para construir dos OPV por 82 millones de euros y luego otorgarle sucesivas prórrogas. Ambos se consideraron los responsables políticos de esas medidas, aunque contaban con el respaldo del entonces presidente Lacalle Pou, y destacaron que fueron decisiones apegadas a las normas.
La senadora Liliam Kechichian le preguntó a García quién había tomado la decisión de realizar una compra directa, luego de que las ofertas recibidas en el llamado competitivo superaran el monto previsto por el ministerio. “Sinceramente, me parece muy absurda la pregunta. ¿Quién es el responsable político del ministerio? Lo dice la ley: el ministro o la ministra. ¿Quién va a ser?”, respondió el actual senador.
El diputado Joaquín Garlo insistió sobre el tema y le preguntó quién había propuesto dejar sin efecto la compra. “Yo. Le contesto ya, si no quedó claro. Yo era el responsable político del Ministerio de Defensa Nacional, ¿quién otro, además del ministro, va a decidirlo?”, respondió. Y agregó después: “Yo propuse y firmamos con el presidente, pero soy yo el que decide y se lo propuse al presidente”.
En una línea similar, el diputado Claudio Arbesún interrogó a Castaingdebat sobre la intervención de Lacalle Pou en el proceso de aceptación de una de las garantías, lo que provocó uno de los momentos más álgidos de la tarde. “No entiendo, porque es la primera vez que aparece la figura del presidente de la República en esta discusión; no sé por qué lo meten”. El ida y vuelta continuó ante una repregunta de Arbesún: “¿Qué tiene que ver el presidente de la República?”, protestó el exministro, “sacá para afuera al presidente de la República”.
La figura de Lacalle Pou
En el oficialismo tienen buenos motivos para intentar involucrar al expresidente, así como la oposición tiene buenos motivos para buscar mantenerlo al margen. Es que el líder blanco, que se ha mantenido con bajo perfil desde que dejó el gobierno, pero que todos pronostican que será el candidato de la coalición en 2029, es el político más conocido de Uruguay, el que despierta más simpatías y el único con saldo positivo entre valoraciones negativas y favorables, de acuerdo a una reciente encuesta de Equipos. Eso lo convierte en un gran activo para la oposición y en un potente rival para el oficialismo.
Ya desde el momento en que el gobierno anunció que rescindiría el contrato con Cardama —en una conferencia de prensa con el presidente Yamandú Orsi—, el tema se convirtió en el centro de una disputa entre la actual y la anterior gestión. “Arrastraron al presidente a una operación política”, dijo Lacalle Pou en rueda de prensa. “Es una decisión política”, añadió.
En el oficialismo esperan que este y otros episodios de irregularidades durante la pasada administración, como la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y el posterior ocultamiento de información al Parlamento, golpeen la figura de Lacalle Pou. Por eso veían con expectativa que el exmandatario fuera citado por la fiscalía en el marco de la investigación sobre la destrucción de documentos que probaban que su gobierno sabía que Marset era un narco peligroso. Sin embargo, pese a que el entonces fiscal a cargo, Alejandro Machado, informó que lo interrogaría, Lacalle Pou no fue citado hasta el momento y ahora la sede que tiene la causa abierta cambió de titular, lo que puede implicar un cambio de estrategia.
Lacalle Pou reaparecerá en la agenda pública el próximo domingo 9, cuando pronuncie un discurso durante el acto de conmemoración por los 190 años del Partido Nacional.
La “pesquisa” de Lazo
La oposición también puede jugar algunas cartas en la investigadora sobre Cardama antes de que termine sus funciones. Durante la comparecencia de Lazo, el lunes 3, diputados blancos, colorados e independientes fueron críticos con la gestión de la ministra y la acusaron de desarrollar una “pesquisa” dentro de la secretaría de Estado.
Apuntaron, en particular, al trabajo desarrollado por Damián Rojas y Daniel Marsiglia, que asesoraron a Lazo en la transición y al comienzo de su gestión. Ambos interrogaron a oficiales y participaron en reuniones antes de ser nombrados en los cargos.
Lazo reconoció que los dos actuaron en su nombre antes de que se formalizara “su vínculo” laboral como adscriptos de la ministra, pero que el trámite había sido iniciado el 1 de marzo de 2025.
El diputado colorado Felipe Schipani sostuvo que “tanto Marsiglia como Rojas actuaron durante tres meses y medio uno, cuatro otro, sin ningún tipo de habilitación”. Incluso, Rojas tenía un correo electrónico institucional con el que se comunicaba con jerarcas y personas fuera del ministerio, pese a que todavía era asesor de un diputado oficialista.
Durante la sesión, representantes de todos los partidos de la oposición reconocieron que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama era fraudulenta. No obstante, mantuvieron el planteo de que la decisión de rescindir el contrato fue equivocada y que el gobierno podría haber seguido otro camino.
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