Durante años, la conservación ambiental fue percibida en Uruguay como una traba, un costo añadido o un límite para el desarrollo. Esa mirada está cambiando. En un contexto en el que el agua, la resiliencia costera y los riesgos climáticos se volvieron variables económicas de primer orden, los ministerios de Ambiente y de Economía y Finanzas (MEF) impulsan un enfoque que busca integrar el valor de la naturaleza en las grandes decisiones de política pública y de inversión, mirada que se cristaliza en un proyecto conjunto para medir, con rigor científico, cuánto aportan ciertos ecosistemas al funcionamiento del país.
El proyecto Mainstreaming Natural Capital Assessment for Wetland Conservation in Uruguay, desarrollado con la Universidad de Stanford, financiado por el Green Environmental Fund y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene el objetivo de realizar una valoración del capital natural de los humedales de Uruguay para respaldar su zonificación y priorización. A partir de cartografía de alta resolución, datos satelitales y modelización biofísica y económica, técnicos de ambas carteras buscaron evaluar el aporte de los servicios ecosistémicos generados por los humedales, uno de los ecosistemas más amenazados en la actualidad.
“El MEF ha avanzado en incorporar la política ambiental en la económica, al trabajar mucho más en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Eso se vio reflejado en la Ley de Presupuesto anterior —por ejemplo, con el desarrollo de instrumentos financieros indexados a indicadores de cambio climático—, y en la nueva ley a estudio del Parlamento también tenemos artículos que van en la misma línea”, dijo a Búsqueda Luisa Olivera, economista del área Ambiental del MEF.
En ese contexto, explicó, surgió la oportunidad de desarrollar esta iniciativa, que busca principalmente recabar información y datos relativos a los servicios ecosistémicos de los humedales para asegurar una mejor toma de decisiones. “Permiten desde acumular agua ante momentos de sequía o generar un efecto de esponja para prevenir inundaciones, hasta servicios de pesca y recreación. Por eso quisimos estudiarlos y conocer los activos que ofrecen al país, al ponerlos en valor a través de este proyecto”, señaló. Agregó que la iniciativa, en cuyo consejo consultivo participan también las carteras de Ganadería y Vivienda, permitió además desarrollar capacidades en los técnicos uruguayos frente a este tipo de trabajos.
Juan Labat, coordinador de Asuntos Ambientales del MEF, dijo a Búsqueda que tanto a escala regional como mundial está identificada la necesidad de que los ministerios de Economía incorporen más fuertemente “la dimensión ambiental del desarrollo sostenible”. “La primera problemática ambiental que traccionó esa agenda fue el cambio climático, pero hoy desde la política económica se está viendo esa problemática de una forma más integral”, opinó el economista, al referirse a la Ley de Presupuesto.
“No se explicita, pero estamos hablando de cambio climático, suelo, agua, biodiversidad. Es como tener una mirada amplia de los problemas ambientales. Y este tipo de proyectos son como la bajada a tierra de ese tipo de decisiones más estratégicas”, profundizó.
En cuanto a los indicadores que se buscará medir, Olivera señaló que muchos aún no terminaron de definirse. Aspectos como el secuestro de carbono, la protección frente a eventos extremos —sobre todo en la franja costera—, la retención de nutrientes y sedimentos y el rendimiento hidrológico o mejora de la calidad de aguas serán algunos de los aspectos prioritarios. “Los humedales tienen mucho potencial para actividades de turismo y eso se puede medir. También son muy importantes para la actividad productiva, para riego; son otros puntos que aún no sabemos si vamos a medir”, comentó.
Capacidades locales
El proyecto, una iniciativa piloto que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya ha instrumentado en al menos cinco países de América Latina, comenzó en diciembre de 2024 y está previsto que finalice en abril de 2026, con una presentación preliminar de datos el próximo febrero. En Uruguay, a diferencia de lo que se hizo en otros países, no se contrató consultores externos, sino que se optó por un desarrollo in-house del estudio.
Labat contó que los técnicos del MEF y los de Ambiente “quisieron entender cómo se corre el modelo teórico, cómo funciona el humedal y cómo se conjugan todas las variables para realmente quedar con las capacidades e incluso poder replicar el trabajo en otros ecosistemas en el futuro”.
“Hay cuestiones que solo con explicitarlas ya generan impacto. En el caso del control de inundaciones, por ejemplo, saber que sin un determinado humedal el golpe a un población durante un evento es mayor ya es información útil, y es clave tener ese conocimiento”, agregó.
La primera etapa del proyecto consistió en crear mapas geofísicos de Uruguay —mediante datos nacionales, satelitales e incluso de la NASA— para evaluar cómo se mueve el agua a través de los desniveles del territorio de manera detallada en función también de las lluvias y los usos de suelo, y luego utilizarlos en el software InVEST desarrollado por Stanford.
La metodología para la valoración de esos resultados es variada. Los mecanismos pueden ir desde calcular los costos asociados a una sequía por la eliminación de humedales hasta determinar cuánto dinero está dispuesta a pagar una persona para conservar y disfrutar de dicho ecosistema. Incluso se puede evaluar cuánto costaría perder determinada cantidad de metros de costa en función del valor del metro cuadrado o los emprendimientos inmobiliarios que no se van a poder establecer, entre muchas otras variables.
En cuanto al alcance geográfico de la iniciativa, el equipo prevé medir los servicios ecosistémicos de los humedales en todo el país. La valoración, sin embargo, estará enfocada en las cuencas del sur, donde reside la mayor parte de la población.
Consultado sobre si este trabajo podría influir en el diseño de incentivos a proyectos de inversión, Labat opinó que se trata de “un tema de entendimiento” entre disciplinas muy distintas que se han ido acercando, por lo que proyectos de este tipo permiten establecer “lenguajes comunes” entre ministerios para avanzar más fácilmente, como ocurrió con el reciente decreto para la protección de humedales aprobado por el consejo de ministros.
“Cada vez hay más cosas vinculadas al desarrollo sostenible con foco ambiental que pasan por el MEF y es conveniente que la cartera tenga un cierto entendimiento, al menos aproximar el problema de forma robusta a quienes tienen que tomar decisiones”, indicó.
En la misma línea, señaló que este proyecto es una manera de posicionar a Uruguay como un referente regional en la valoración del capital natural. Hoy, muchos atributos ambientales del país resultan estratégicos para la inversión extranjera y permiten posicionar mejor ciertos productos en mercados exteriores. “Es ir teniendo esa mirada estratégica a través, en parte, de este tipo de ejercicios”, comentó Labat.
Priorización
Ana Laura Mello, gerenta de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente, dijo a Búsqueda que la razón de centrar el trabajo en los humedales se debe a que a escala global es uno de los ecosistemas que más ha reducido su superficie. En Uruguay, comentó, la mayoría de las denuncias por pérdida de ecosistemas que llegan a la cartera son por humedales, por lo que es un hábitat que “estaba demandando atención”.
El país no contaba con una política específica de protección de humedales hasta la reciente aprobación del decreto para declarar humedales de importancia ambiental. “Es un trabajo que comenzó en el período pasado. Al director anterior de la Dinabise, Gerardo Evia, le pareció bueno que este proyecto se focalizara en humedales, como un apoyo más al desarrollo de esta política de conservación”, opinó Mello.
En cuanto a la valoración que harán los equipos, la gerenta señaló que además de cuantificar en términos biofísicos los servicios ecosistémicos priorizados, también es importante llevar eso a un valor monetario. “Por ejemplo, cuánta plata se puede ahorrar OSE en medidas de mejora de calidad de agua con y sin humedales. Darle valor económico va por ese lado, no tanto para poner una tasa o incentivo, sino para determinar en términos económicos cuánto nos ahorramos al conservar los humedales”, señaló. Este aspecto, además, es fundamental porque muchas veces la conservación de la biodiversidad “se ve como una traba o una limitación a la producción o al desarrollo”, pero esto muestra que en realidad conservar también crea beneficios que se pueden traducir en términos económicos, agregó.
“Es algo que está arriba de la mesa en el mundo hace mucho tiempo, pero en Uruguay no teníamos muchos antecedentes de trabajo de incluir los servicios ecosistémicos en la política. Y es lo que buscamos con este proyecto”, dijo Mello. La participación del MEF, señalo, permite comenzar a ver la conservación como un activo o inversión a largo plazo.
Una vez procesados los resultados del proyecto, la idea es elaborar una hoja de ruta para avanzar en la creación de ciertos mecanismos innovadores de financiamiento. “El desafío más grande es que los resultados no queden a la interna de los ministerios, sino que lleguen realmente a la sociedad”, cerró la gerenta.
