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Tras la ley que limita designaciones directas en intendencias, persisten tensiones en algunos departamentos por esa herramienta
Ediles advierten sobre mecanismos alternativos de contratación o decenas de ingresos a días de que la ley entrara en vigencia; algunos gobiernos departamentales buscan una “transición”
En diciembre de 2025 el Parlamento aprobó una ley que busca solucionar un antiguo problema extendido en los gobiernos departamentales: los ingresos de funcionarios por designación directa. A seis meses de la entrada en vigencia de la nueva normativa, en algunos departamentos se dan discusiones sobre ciertos mecanismos para eludirla, otros atraviesan una especie de transición hacia su cumplimiento, y están los que aseguran que su realidad no cambia porque ya hacían sus contrataciones por mecanismos competitivos y transparentes.
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En 2024 el 38,8% de los ingresos de funcionarios a cargos públicos en las intendencias fueron por designaciones directas, según el informe “Vínculos laborales con el Estado, altas y bajas” de 2025. Este documento es publicado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) junto con el Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado cada año.
Las designaciones directas en los gobiernos departamentales son muy superiores a las del resto de los organismos del Estado. En 2024 en el Poder Judicial y la Corte Electoral —entre otros— fueron un 5,8%, en el Poder Ejecutivo un 1,4%, y en los entes comerciales o industriales un 0,7%.
La Ley 20.451, aprobada en diciembre, limita el ingreso de funcionarios públicos a las intendencias por designación directa a un 4% del total de cargos presupuestales. Los cargos políticos de confianza no entran en ese porcentaje. Además la norma prohíbe hacer designaciones de funcionarios —presupuestados o contratados— en los últimos 12 meses del mandato. En casos fundados de extrema necesidad se permiten contrataciones por excepción, pero estas no pueden ir más allá de la finalización del mandato.
Todavía no existen reportes sobre el cumplimiento de la exigencia de la ley aprobada. El Congreso de Intendentes, al menos hasta ahora, no está haciendo un seguimiento de la evolución del tema. “El Congreso no es un órgano de contralor de los intendentes”, dijo a Búsqueda Nicolás Olivera (Partido Nacional), intendente de Paysandú, que ocupa la presidencia del organismo.
Polémica en Soriano
Dos pedidos de informes realizados por la bancada de ediles del Frente Amplio en Soriano revelaron que en ese departamento hubo más de 60 designaciones directas a funcionarios públicos entre julio y diciembre de 2025, y 149 entre diciembre y abril de 2026. Estas últimas, según se detalla en los documentos a los que accedió Búsqueda, se concretaron entre el 15 y el 19 de diciembre. Los ediles frenteamplistas denuncian esta situación como una contravención de la nueva normativa.
La Intendencia de Soriano reaccionó a las acusaciones con un comunicado en sus redes sociales que asegura que las contrataciones se dan en “estricto cumplimiento” de la normativa vigente, ya que el efecto de la ley comenzaba tras su publicación, esto es el 23 de diciembre. Además, sostiene que el volumen de designaciones directas está dentro de los límites legales del 4% del total de presupuestados.
Para la intendencia, los referentes frenteamplistas del departamento difunden datos “tergiversados” que mezclan regímenes funcionales distintos y anteriores a la ley.
Niveles elevados de designaciones directas
Según el último informe de la ONSC, Cerro Largo registró en 2024 uno de los niveles más altos de designaciones directas para el ingreso de funcionarios. De las 38 altas de ese año, 37 fueron por designación directa (97,3%). Lavalleja le sigue con 632 designaciones directas entre 762 altas de funcionarios públicos ese año (82,9%). En Treinta y Tres hubo 119 altas, de las cuales 87 fueron por designación directa (73,1%). Rivera tuvo 27 altas, 14 por designación directa (51,8%).
Dentro de los departamentos con menor porcentaje de designaciones directas en 2024 estaban Soriano con 218 entre 609 altas (35,8%), y Paysandú con 13 en 34 altas (38,2%).
Olivera advirtió que los números pueden no ser acertados, ya que el informe de la ONSC puede considerar la renovación de un contrato como una designación directa nueva cuando no corresponde y que eso lleve a la alteración de los valores.
Transición y cumplimiento
Olivera dijo a Búsqueda que el Congreso de Intendentes no trató la Ley 20.451 desde su entrada en vigencia. De todas formas, el intendente de Paysandú dijo que hay dentro del Estado organismos encargados de auditar y controlar el cumplimiento de estas leyes y que además son temas en los que hay un seguimiento permanente de la gente.
En su departamento, Olivera cree que la vigencia de la ley no marcará una diferencia, puesto que contaban ya con un alto nivel de designaciones de funcionarios por sorteo o concurso.
En Lavalleja se está dando una suerte de transición con algunas tensiones. Allí el intendente frenteamplista, Daniel Ximénez, enfrenta algunas críticas de la oposición local por dar de baja a algunos funcionarios y por algunas designaciones directas que realizó.
Consultado por Búsqueda, el jerarca explicó que las designaciones directas que concretó corresponden a profesionales y técnicos y no exceden el 4% regido por ley. Al mismo tiempo, contó que buscan finalizar el contrato de unos 300 funcionarios “correspondientes al período electoral”, creados por el gobierno departamental anterior. En su opinión, sus antecesores fomentaban el trabajo por el voto, lo que dificulta el aumento de contrataciones por sorteo. En el marco de la reducción que intentan hacer de esas contrataciones, dijo que estudiaron cada caso y decidieron mantener los puestos de mujeres con hijos menores a cargo, con la idea de un descenso paulatino.
La edil nacionalista Carol Aviaga declaró al Diario Serrano que las bajas eran “una medida arbitraria, inhumana y déspota”. “Muestra la verdadera cara de quienes nos gobiernan desde la intendencia”, afirmó.
En Treinta y Tres, según el edil frenteamplista Marcos Abude, la intendencia encontró la forma de seguir con el “clientelismo político” a pesar de la ley. Desde la aprobación de la nueva normativa, el gobierno departamental opta por contratos tercerizados mediante la herramienta del Monotributo Social Mides (Ministerio de Desarrollo Social), que permite a personas en situación de vulnerabilidad la formalización de pequeños emprendimientos ante el Banco de Previsión Social o la Dirección General Impositiva. Bajo esa modalidad, se contratan trabajadores para tareas en áreas de parques y jardines, que figuran como “contratación por obras”.
Abude realizó dos pedidos de informe en abril de 2026 a los municipios de Santa Clara de Olimar y Cerro Chato ante posibles irregularidades en el pago de salarios de los trabajadores monotributistas, pero aún no obtuvo respuesta.
En Cerro Largo, la bancada departamental del Frente Amplio realizó un pedido de informes en marzo de 2026 para conocer las designaciones directas de la intendencia durante 2025: entre julio y diciembre ingresaron 236 funcionarios públicos, 41 de ellos de particular confianza y 195 por designación directa.
Pablo Guarino, edil de Cerro Largo por el Frente Amplio, contó que la intendencia propuso designar a través del Presupuesto quinquenal 170 cargos de confianza como alternativa a los funcionarios públicos por designación directa. Desde la bancada frenteamplista lograron reducir la cifra a 120 cargos para que fuera aprobado.
En el departamento se habla también de contratos de la intendencia con organizaciones civiles u ONG como mecanismos de ingreso de trabajadores.
