Inseguridad, queso y dulce

5min
Nº1981 - al de Agosto de 2018
por Fernando Santullo

Las 10 de la mañana del martes. Feria vecinal de Acevedo Díaz y Canelones. Estoy en la pescadería comprando un par de calamares (son baratos y deliciosos) y en medio de la conversa entre el pescadero y sus clientes, se escucha la voz de una señora que pregunta: “¿Quiere firmar por mas seguridad?”. La pregunta fue hecha en tono amable y una de las clientas contesta, también en tono amable: “No, muchas gracias, yo soy oficialista”. Más tarde, en el camión de los quesos, estoy eligiendo el colonia que me voy a llevar cuando se me acerca la misma señora que vuelve a preguntar: “¿Quiere firmar por más seguridad”. Y yo, que la miro con un ojo mientras no saco el otro de arriba de los quesos, contesto: “No, muchas gracias”. La señora se aleja y yo pido, además del colonia, un pedazo de dulce de membrillo.

Capaz que parece excesivo pero me da la impresión de que con ese par de instantes cotidianos, se puede armar un resumen bastante claro de las reacciones ante el tema seguridad que, muy probablemente, serían más o menos las mismas ante casi cualquier tema caliente que ataña a la ciudadanía: alguien que cree que las cosas deben cambiar, alguien que cree que intentar cambiar eso implica ir contra el gobierno y entonces mejor no hacerlo y alguien que prefiere elegir un pedazo de queso antes que averiguar en detalle qué podría haber firmado o no.

Por mi propia desidia, no sé qué me proponía firmar la señora, pero no tengo la menor duda de que no alcanza con confiar en que el gobierno nos saque las papas del fuego en un tema en donde se lo percibe más bien desnorteado, cayendo en contradicciones entre su dogma explicativo (el capitalismo es la fuente de la pobreza y la delincuencia su resultado) y la necesidad de “hacer algo” para que la gente no sea baleada en una esquina y eso haga que se pierdan vidas. Y votos.

No me queda muy claro en qué consiste ser “oficialista” en el tema seguridad. Si uno es votante del partido de gobierno ¿se vuelve a prueba de balas? Lo preguntaba retóricamente en la última columna: un tema tan complejo y candente ¿debe ser dejado en exclusiva en manos del gobierno? ¿La sociedad civil no tiene nada para decir? Y cuando digo algo para decir no me refiero a la lógica de armarse hasta los dientes y listo, una receta que en Estados Unidos ha sido tan inútil como la de aumentar las penas sabiendo que eso no afecta demasiado los índices de delincuencia. Hacer algo que vaya más allá de la mera defensa personal, hacer algo como colectivo y no como simple suma de ciudadanos en eterno movimiento browniano.

En aquella columna preguntaba también, y esta vez sin retórica, si existe algo que se pueda considerar una “política de Estado” en el rubro. Es decir, una política que se haya pactado entre todos los representantes del voto popular y que se ejecute con independencia de quién esté en el gobierno. Y es que lo que podríamos llamar “políticas de gobierno” quizá no sean suficientes para enfrentar la actual Hidra que plantea la inseguridad. Además, y aquí sin quizá, sería desastroso que una política de gobierno que más o menos funcionara fuera abandonada en cuanto cambia el que está al frente del Estado.

Dado que la propia definición de partido trae implícita su calidad de representante de una facción de la ciudadanía, es que para temas como el que ocupa esta nota, temas que afectan a la totalidad de la población de un territorio, se intenta buscar, construir y consolidar esa clase de consensos. Es verdad, cuanto más amplio sea este consenso, menos profundo será lo que se pacte. Pero no es lo mismo contar con eso, con un acuerdo básico en torno a temas centrales como la seguridad ciudadana, que confiar sin más en las soluciones más o menos mágicas que se espera provea el partido de gobierno a través de su gestión. O exigirlas mientras uno se limita a comprar queso. Estoy seguro de que sobre unos cuantos puntos mínimos de encuentro, se podrían generar estos acuerdos para el Uruguay de hoy.

Esto no implica que los partidos disuelvan sus distintos puntos de vista sobre los problemas: implica que tengan la capacidad de negociar aquellos aspectos de su visión que los alejan de los puntos de vista de los otros y arrimarse en la búsqueda de un terreno común. Después de todo es para eso que se les paga un buen sueldo. Pero, sobre todo, implica poder pensar los problemas sociales como lo que son: un asunto colectivo que nos atañe a todos, no solo a los partidos.

Uruguay tiene una larga tradición en cuanto a tener a los partidos no solo en el centro de la gestión de lo estatal, también como centro gravitante de todas las concepciones sociopolíticas que se manejan en el debate público. Por eso alguien que se considera “oficialista” cree que puede desentenderse del asunto apelando a un recurso ideológico propio de esa cultura: la de que si cuestionara el statu quo, estaría atacando a mi partido, que es el que gobierna. Pero ese gesto breve y simplificador no tiene demasiada conexión con el problema de la seguridad real: las balas le pueden tocar a cualquiera, con independencia del partido que vote.

Por eso es necesario, creo yo, lograr pensar los temas sociales más allá de la lógica partidaria. Entre otras cosas porque existe un montón de cosas en donde la lógica partidaria (con su apego por el poder, con su natural cariño hacia la fuente de recursos que implica estar imbricado en el aparato estatal) no siempre tiene la misma agenda de intereses que la sociedad en su conjunto. De ahí que me resulte chocante la escasez de ideas sobre seguridad efectivas en muchas de las organizaciones de la sociedad civil. O que estas solo debatan el tema siguiendo a pies juntillas las lógicas de los partidos que las alimentan, reproduciendo así la matriz partidaria en el tema.

En un encuentro sobre seguridad ciudadana organizado en 2016 por el PIT-CNT, el experto argentino Miguel Ángel Barrios apuntaba que entre las víctimas de la inseguridad estaban también “las agencias de seguridad policial que son las encargadas de la prevención y represión en caso de constatación del delito”. Barrios señalaba que estas agencias “se encuentran en general en América Latina desactualizadas o en proceso de capacitación”. Y concluía con un apunte interesante: “La conducción de las fuerzas de seguridad es política y existe un enorme desconocimiento político y civil de la seguridad. Esto conduce a un autogobierno policial y a un desgobierno político de la seguridad. El desafío es apuntar a un gobierno político de la seguridad”.

Mientras los ciudadanos sigamos eligiendo, como hice yo, mirar para el costado, o escudarse en un supuesto “oficialismo”, como hizo la señora de la pescadería, las balas seguirán siendo disparadas, solo uno de cada dos asesinos será detectado (y no siempre detenido) y el otro seguirá en la más total e impune invisibilidad. Vayan entonces mis disculpas para la señora que, en el acierto o el error, pero apelando a sus iguales, los otros ciudadanos, merecía al menos no ser descartada automáticamente. Y es que de esta salimos juntos o no salimos.

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