Eduardo Bonomi.

Narco mexicano amenazó a Bonomi con colgarlo del puente “más alto”

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Nº1869 - al de Junio de 2016
escriben Victoria Fernández y Guillermo Draper

Era un control de rutina. De esos que la guardia penitenciaria desarrolla todos los días en la celda del mexicano Gerardo González Valencia, el recluso más peligroso de todo el sistema carcelario uruguayo. Esa ocasión, en la noche del 25 de mayo, encontraron algo: condimentos. Pimienta y adobo.

El problema serio llegó después, al día siguiente, cuando le tomaron la declaración a González Valencia para conocer el origen de lo requisado en su celda.

—Diga usted por qué medios consiguió los condimentos incautados en la requisa —preguntó un policía en el interrogatorio, a cuya acta accedió Búsqueda.

—Son cosas que ya estaban en la celda cuando fui para esa celda —respondió el integrante de “Los Cuinis”, uno de los cárteles de droga más grandes del mundo.

—¿Tiene algo más que agregar, quitar o enmendar?

—Sí, que me torturaron. Me tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero. Si el ministro del Interior Bonomi sigue mandando sus guardias a torturarme que busque el puente más alto del Uruguay donde lo voy a colgar —dijo González Valencia. Y luego firmó su declaración con una lapicera azul.

El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal ante la Justicia especializada en Crimen Organizado por la amenaza del mexicano a Bonomi, dijeron fuentes de la Secretaría de Estado. El jerarca tiene seguridad permanente desde antes de ese episodio, y los informantes no quisieron precisar si había aumentado después del incidente.

González Valencia está en una cárcel uruguaya después de ser procesado por el delito de lavado de activos. Había elegido Punta del Este para “enterrarse”, es decir, manejar sus negocios desde una mansión en un balneario tranquilo, alejado de posibles represalias de sus rivales. Es que “Los Cuinis” es una de las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas más ricas del mundo, y tiene redes de distribución hacia Europa, Canadá y Asia. 

“Existen serios indicios” de que el dinero que gastaba González Valencia en Uruguay “proviene presuntamente de las actividades de narcotráfico”, dijo la jueza Adriana de los Santos en el procesamiento. También vinculó a los procesados con el cártel “Jalisco Nueva Generación”, cercano a “Los Cuinis”.

La presencia del mexicano —procesado junto a otras cinco personas— no había pasado desapercibida para la Justicia de Crimen Organizado, que desde tiempo atrás seguía sus pasos e intervenía sus comunicaciones telefónicas. Sin embargo, la publicación por parte de Búsqueda el jueves 14 de abril de algunos detalles sobre las sociedades anónimas uruguayas y panameñas que manejaba el matrimonio aceleró la actuación de la Justicia. El fiscal general, Jorge Díaz, declaró a “Subrayado” que la difusión de esa información —incluida en los “Panama Papers”— fue clave para la causa.

Después de su procesamiento, González Valencia fue enviado a un sector de máxima seguridad en un centro penitenciario. Está en una celda individual, que es revisada todos los días, y utiliza un uniforme de presidiario, relataron los informantes.

La presencia de un criminal de su talla en las cárceles uruguayas inquieta a las autoridades y por eso están estudiando la posibilidad de enviar al mexicano a una prisión en Estados Unidos. La Justicia norteamericana ya pidió la extradición de González Valencia, pero para extraditarlo los uruguayos tienen que primero condenarlo, y luego esperar que cumpla su pena. Sin embargo, en el marco de la “Convención interamericana para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero”, firmada por los países miembro de la Organización de Estados Americanos, está la posibilidad de que el mexicano cumpla la pena que le imponga la Justicia uruguaya en el país norteamericano, informó Díaz a “Telenoche”.

“Es una posibilidad que estamos explorando”, dijo el fiscal a Búsqueda, ya que permitiría adelantar el traslado. La unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía está asesorando a la fiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, en el tema. Para que ese escenario se concrete se requiere, entre otras cosas, el consentimiento del prisionero. Según fuentes al tanto de las negociaciones, eso no sería un problema porque el mexicano estaría a favor de cumplir la pena en Estados Unidos, un lugar más cercano a su país y más accesible para que su familia lo visite.

El martes 31 de mayo, durante un encuentro de Fiscalías de la región en Buenos Aires, Díaz se reunió con el viceprocurador de narco-criminalidad de México para conversar sobre González Valencia y el cartel “Los Cuinis”. 

Además, hoy jueves llegaron al país un equipo de fiscales mexicanos que se reunirán con integrantes de la Fiscalía uruguaya para intercambiar información sobre las operaciones de esa organización criminal. Los mexicanos embargaron un hotel en Puerto Vallarta, valuado en varios millones de dólares, que presuntamente sería propiedad del cartel, y esperan que los uruguayos tengan información que los ayude a confirmar el vínculo y así poder recuperarlo para el Estado.

Enseñanzas.

Las autoridades del Ministerio del Interior tienen interés en que se concrete el traslado del mexicano por la peligrosidad de la organización que integra. También porque, pese a los intentos de mantenerlo aislado del resto, González Valencia podría transmitir “conocimientos” a los criminales uruguayos.

Esa es una preocupación que tienen las autoridades desde hace años y que, opinan, los hechos se encargaron de darles la razón. En octubre del 2013, en el marco de las Jornadas académicas acerca de la vulnerabilidad a desarrollar conductas adictivas, el entonces director de la Policía, Julio Guarteche, dijo que el crecimiento de las organizaciones de narcotráfico en Uruguay se debió a tres cuestiones: el “ascenso” de criminales uruguayos en las organizaciones internacionales de narcotraficantes, los “contactos y “experiencias” de uruguayos en cárceles extranjeras y la presencia de narcos internacionales en prisiones locales.

“Cuando nuestros compatriotas que están en las cárceles quisieron amenazar a los narcos extranjeros para marcar la cancha”, relató Guarteche, “estos respondieron con preguntas tales como: ¿cuántos policías mataste?¿cuántos jueces?” (Búsqueda Nº 1.741).

Para las actuales autoridades, lo que ocurrió en el Marconi la semana pasada y la aparición de tres cuerpos descuartizados son una demostración de que las advertencias eran correctas. Y también de que es mejor acelerar todo lo posible los procesos de extradición de narcos extranjeros.

Descuartizados. 

El 18 de mayo la Policía halló los restos de dos adolescentes en un predio en el barrio El Tobogán, detrás del estadio de Cerro. Se presume que pertenecen a Jorge Cotelo y Emiliano González, de 18 y 19 años, que estaban desaparecidos desde agosto de 2015. Los cuerpos, que mostraban señales de torturas, estaban descuartizados y quemados. La brutalidad del crimen preocupó a las autoridades: la semejanza con el modus operandi de organizaciones criminales mexicanas, o de países de Centroamérica, era evidente.

La hipótesis que se investiga es la de un ajuste de cuentas entre dos bandas criminales. La jueza María Noel Odriozola y el fiscal Gilberto Rodríguez están investigando el caso, que esta semana tuvo novedades: la Policía Científica identificó que entre los restos había huesos de una tercera persona, de 34 años, que estaba desaparecido hace meses, según informó “El País” el lunes 30 de mayo.

El fiscal Rodríguez dijo a Búsqueda que el modus operandi de las organizaciones narcotraficantes es “trabajar con mecanismos de miedo”. “Las muertes violentas, y las formas de ejecución, lo que hacen es trabajar con la intimidación, con el temor, con el miedo”, señaló Rodríguez. “La globalización actúa para bien y para mal, y acá se da una imitación” de esas modalidades, evaluó. “La violencia se muestra porque es una manera de dar una señal a los demás. No lo ves en el homicidio común y corriente. Estos son homicidios programados, racionales, premeditados”.

El fiscal penal Juan Gómez, que hasta hace unos meses trabajaba en Crimen Organizado, coincidió en que hay “una imitación”. Gómez advirtió que la “impunidad crea esos fenómenos”, por eso, aunque es muy difícil, son crímenes que tienen que ser esclarecidos. “Si no se acostumbra a matar por motivos fútiles. Hay que desterrar la idea de que después de estos crímenes no pasa nada. Se matan entre ellos, hasta que dejan de matarse entre ellos”.

A su juicio, “necesariamente el encare para dilucidar” ese tipo de crímenes “tiene que ser distinto”. “Hay que acostumbrarse a mirar el fenómeno delictivo más allá del caso concreto”, afirmó. Es que las organizaciones narcotraficantes trabajan “cada vez de forma más sofisticada y profesional” y hoy “realizar un procedimiento de incautación exitoso es una auténtica lucha contra reloj”, afirmó Gómez. “Si no hay una investigación previa bien orientada no lo conseguís”.

Para el fiscal Rodríguez, que también trabajó hasta hace poco en Crimen Organizado, habría que ampliar las técnicas de investigación que utiliza la Justicia especializada en Crimen Organizado a los juzgados penales que investigan crímenes del estilo de los jóvenes descuartizados. “Muchos ajustes de cuentas, que investigás como homicidios, tienen organizaciones que están detrás”, explicó. Herramientas de investigación como la figura del testigo protegido, el acuerdo con un colaborador y la entrega vigilada, propias de Crimen Organizado, serían útiles para las sedes penales, afirmó.

Para el fiscal general, los descuartizamientos son “una manifestación incipiente” de lo que “se viene”. “Hay que mirar lo que pasa en Centroamérica”. Ahí los métodos violentos aumentaron porque lo importante era dar una señal, infundir miedo entre los rivales.

Díaz y las autoridades policiales consideran que es probable que el proceso siga. El fiscal recordó que en varios países de esa región primero comenzaron los ajustes de cuentas entre los criminales, pero luego desviaron su poder de fuego hacia la policía, jueces, fiscales y periodistas. Los criminales, dijo, necesitan “generar miedo” también en el resto de la población. Al parecer en el Marconi lo están logrando.

Las represalias.

Cuando asumió el cargo en 2010, Bonomi debió enfrentar una crisis en el Marconi que había estallado meses antes, similar a la que ocurrió la semana pasada. En aquella oportunidad explicó que en ese barrio y en otros había un proceso de “feudalización”: los delincuentes buscaban ocupar el lugar del Estado. Controlaban su territorio para poder operar con tranquilidad y manejar sus negocios ilegales con impunidad. Los “señores feudales” compraban el silencio de los vecinos con dádivas y los que no lo aceptaban eran hostigados para que dejaran sus casas.

Seis años después el gobierno considera que la “feudalización” todavía está, aunque asegura que el conflicto desatado en el Marconi el viernes sucedió porque ahora hay más presencia del Estado que antes. Ese día la Policía mató a un menor, sospechoso de un robo, en un tiroteo. Tras su muerte hubo enfrentamientos entre la Policía y vecinos que tiraban piedras. Un ómnibus de Coetc fue incendiado, y un taxista y un médico fueron agredidos.

El ministro del Interior declaró el lunes a la salida del Consejo de Ministros que el episodio ocurrió porque “ha aumentado sustancialmente la presencia policial en el barrio” y los policías dieron respuesta rápida a un robo, lo que propició el tiroteo.

El lunes hubo una asamblea en la que participaron representantes del Ministerio del Interior, de la Intendencia, educadores, organizaciones sociales que trabajan en la zona y vecinos.

Participantes en el encuentro relataron a Búsqueda que la sensación generalizada entre los vecinos era el desánimo, el miedo, la frustración. Nunca se había visto en el barrio ese nivel de violencia, aseguraban todos. Recién después de que habían hablado decenas de personas, un profesor dijo lo que el resto pensaba y no se animaba a decir. ¿Cómo puede ser que nadie hable del narcotráfico? ¿Que nadie haya dicho que esto es culpa del narcotráfico?, preguntó.

Por primera vez hubo aplausos. Algunos se animaron a seguir la discusión, aunque con temor. Es que la mayoría atribuyeron la escalada de violencia a las bandas de narcos que operan en la zona. Varios cuestionaron que el Ministerio del Interior les pida que denuncien a los narcos locales. “No pueden exponernos así”, repetían. Dijeron que ni siquiera confían en la comisaría del barrio, creen que está repleta de corruptos. Temen que si denuncian, su nombre llegará a oídos de los criminales. Y después llegarán las represalias.

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