Sin razones para el optimismo

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Nº2029 - al de Julio de 2019
por Fernando Santullo

¿Cómo hacés para saber si eso que llamas “proyecto de país” sigue siendo una forma de entender eso que el país necesita? ¿Cómo hacés para saber si efectivamente sigue siendo una forma alternativa a otras de entender la gestión transformadora de lo público o si sos apenas una opción más en la góndola de cereales para el desayuno? ¿Cómo saberlo no cuando se puede plantear en abstracto, como un programa a futuro, como algo que sería deseable hacer, sino cuando la frase se contrasta con aquello que ya se viene haciendo?

Estas preguntas me vinieron a la cabeza por dos razones. Una, porque el lunes pasado escuché la entrevista que el programa No Toquen Nada le hacía al contador Ricardo Gil Iribarne, presidente de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), en donde se extendía sobre algunos aspectos de la nueva ley de transparencia. Y otra, porque un amigo (que cada vez escribe y piensa mejor) se preguntaba justo sobre eso en Facebook, recordando que más allá del discurso y el eslogan (esa frase sobre el proyecto de país la vamos a escuchar hasta la náusea en los próximos meses), lo que importa en el final son los efectos que esos proyectos tiene en la vida real de las personas.

Me quiero concentrar primero en la entrevista con Gil, quien me sorprendió por la cantidad de cosas que dijo de manera descarnada, en un gesto muy poco habitual entre quienes se encuentran en las jerarquías políticas del país. La más alta autoridad anticorrupción del Uruguay dijo algo tan demoledor como que esa ley que se vende como el non plus ultra de la transparencia es en realidad un “sí pero no”. Es decir, algo que promete cosas que luego no se van a poder cumplir por la propia lógica que emana de ella.

Entre los ejemplos que citaba el jerarca, quien en los 70 fue militante del PVP, encarcelado y torturado por la dictadura en dos ocasiones y luego exiliado en Austria, estaba que la nueva ley permitirá abrir al azar hasta el 5% de las declaraciones juradas que cada dos años hacen 55 mil funcionarios públicos. Pero que sin poder “rascar” (esa fue la palabra que usó Gil) en el contenido de esas declaraciones, poco y nada mejora la cosa. Y no se puede “rascar” porque el mismo sistema político que propone la ley mantiene al mismo tiempo toda clase de secretos que bloquean las acciones que permitirían detectar de manera más efectiva a los corruptos. Solo aquellos corruptos tan torpes como para dejar asentado su delito, decía Gil, podrán ser detectados. Quienes tengan cierto ingenio o una mínima asesoría contable, seguirán fuera del radar.

Escuchaba a Gil y pensaba en que son poquísimos los funcionarios de jerarquía que se atreven a señalar al sistema político en su conjunto como responsable de que las malas prácticas y la corrupción no sean investigadas de manera adecuada. Y, esto es lo más impactante, que ese bloqueo se hace a conciencia, con conocimiento de causa. Que leyes como esta, que ya recibió la aprobación de las dos cámaras, se votan para generar la sensación de que se está haciendo algo cuando en realidad la intención es no hacer nada real al respecto. Poco más o menos, fue eso lo que dijo el presidente de la JUTEP.

Mirando los números, Gil recordaba que, de esas 55 mil declaraciones juradas de bienes e ingresos, más de 30 mil pertenecen a funcionarios del Ministerio del Interior. Por lo general, bomberos y policías de a pie. La idea de la JUTEP era eliminar los casos en donde la corrupción tenga posibilidades de ser materialmente poco relevante y concentrarse en los casos de las jerarquías, quienes por su mayor cuota de poder tienen un riesgo mayor de ser corruptos (a mayor tentación, más riesgo). ¿Cuál ha sido la reacción del Parlamento a este y otros pedidos de la JUTEP? “Cri, cri, silencio. No nos han dado la menor explicación cuando hemos reclamado esta clase de cosas”, señalaba Gil, quien recordaba que, pese a ser oficialmente el órgano máximo en el combate a la corrupción, su oficina no cuenta con un contador ni con un abogado propio, solo con gente en pase a comisión. Es decir, gente que tiene que pasar por un proceso de aprendizaje al llegar a la oficina y que puede irse (y de hecho se va) cuando lo reclama su oficina de origen. En resumen, que pese al discurso rimbombante, pese a las declaraciones de buena voluntad y los golpes en el pecho con la camisa abierta, las acciones concretas y reales del sistema terminan siendo las de siempre. Y es que, como apuntaba Gil, el sistema político uruguayo parece ser totalmente refractario a los controles.

Como mi amigo, entiendo que los proyectos de país se construyen en base a hechos y no en base a intenciones (juzgar intenciones en la política es un atajo inconducente) por lo que no parecería que se esté, al menos en lo que refiere a la transparencia y el combate a la corrupción, dentro de un proyecto muy distinto al previo. Como apuntaba el jerarca de la JUTEP, “tras 20 años de trabajo nadie ha visto ningún resultado serio en este tema”. Gil recordó también que se está ante “un incendio de corrupción en la región” y que, ante eso, sería deseable que los funcionarios jerárquicos asumieran que deben ceder una parte de su privacidad ante el ojo público, que tiene el derecho y hasta la obligación de controlarlos. Pese a todos los maquillajes que el sistema político plantea, Gil concluía que “los legisladores han legislado de forma que no se pueda investigar”.

De alguna manera, las conclusiones a las que llegaba Gil conectaban con lo que decía mi amigo: “Más allá de la responsabilidad que ciertamente tienen las administraciones cuando, por ejemplo, se mueren ciudadanos de frío en la calle, ni en Argentina ocurrió solamente porque gobernaba un empresario expresidente de Boca ni en Uruguay porque el presidente fuera un prestigioso oncólogo socialista. Aun así, no faltan quienes reducen un tema muy complejo a una simple cuestión de quién está sentado en la sillita”. Una vez más, lo que define un “proyecto de país” no son las declaraciones de intenciones ni una supuesta bondad o maldad previas, sino los resultados que arrojan las distintas políticas que se aplican.

“Yo no tengo aspiraciones políticas, cuando salga de acá me iré para mi casa y me jubilaré. Eso me da mucha libertad. No le debo nada a nadie. Ninguno en el sistema político me puede decir ‘mirá, acordate de que…’, no. Esa autonomía, dicho con la mayor mala leche, la disfruto pila. Hago lo que me parece bien y que a la vez es lo que mucho uruguayo está reclamando. Si me piden el cargo, se los daré sin problema, no estoy atado a ningún sillón”, dijo Gil al final de la entrevista. Yo no tengo claro si eso alcanza para definir un “proyecto de país”, pero sí creo que dice mucho sobre una forma de entender el servicio público. Una en donde la idea de bien común prima por encima de las consignas partidarias y de las luchas por asegurarse un nuevo período atornillado a la poltrona. Una que parece casi desaparecida entre nosotros. Lamentablemente, eso da muy pocas razones para ser optimista ante cualquier “proyecto de país” que se nos ofrezca.

✔️ Sartori, Talvi y dos debates

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