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    Duro con las ideas, duro con las personas

    Lo que pasó con el edil Gonzalo Gómez y el contrato con el condenado Pablo Leiva no es “un garrón”, como algunos señalan; pagarle a una persona durante ocho meses y no asignarle tarea es, por lo menos, una irresponsabilidad; es la impunidad del manejo de la plata de todos

    Columnista de Búsqueda

    Quizás esta columna me agarra con pocas pulgas. Es que en las últimas horas me agoté de escuchar que en todos los partidos pasa lo mismo, que hay acomodos en todos lados, que en el Estado está lleno de ñoquis y no pasa nada. ¿Y entonces cuándo va a pasar algo? Hay un edil que reconoce sin ninguna vergüenza que le pagaba a una persona desde diciembre del año pasado y que no le había asignado ninguna tarea, y que cuando se le pregunta si no pensó en renunciar a su cargo contesta que “no hay mérito”. Que todos los meses esa persona, Pablo Leiva, ahora preso por lavado de activos vinculado al narcotráfico, recibía $ 52.000 nominales por no hacer nada. Nada. Con el dinero de todos los montevideanos. ¿En serio no se nos mueve un pelo? Si no fuera vergonzoso, hasta sería cómico.

    Ustedes disculpen, pero al escuchar la conferencia del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, el desconcierto fue total. ¿Se imaginan a cualquier trabajador uruguayo que gana $ 25.000, $ 30.000 o $ 40.000 por mes escuchando que el edil contara que no le asignó tareas a Leiva porque sus prioridades estuvieron en otros lados? Es decir, ¿que un edil contratara —insisto, con la plata del Estado— a una persona exclusivamente por el vínculo que tiene con su hijo, y que luego pasan meses y meses y no le asigna ninguna tarea, pero, además, le paga? ¿Se imaginan? ¿Entienden por qué la gente está harta? ¿Entienden por qué la insistencia en lo importante de que los partidos políticos tienen la enorme responsabilidad de cuidar la democracia? Porque las personas se cansan, se enojan y tienen razón. Porque cuando dicen “al final son todos iguales”, aunque no sea estrictamente cierto, hay que entenderlos. Y punto.

    En el caso de Gómez y la contratación de Pablo Leiva, padre de Lucio Leiva, también asesor y amigo del edil, es verdad, puede pasar. Puede suceder que alguien sea sorprendido en su buena fe al contratar a alguien y luego enterarse de que tiene actividades delictivas. Pero eso no hace al punto. El punto es la desidia total. He escuchado y leído que el edil “se está comiendo un garrón”. ¿Perdón? Quizás se haya comido el garrón de confiar en su amigo para contratar al padre, ya de por sí bastante parecido al amiguismo, pero ya sabemos cómo funciona esto. Y justo el padre trabajaba directamente con el narco. Mala suerte. Pero lo otro no es un garrón. Pagarle a una persona durante ocho meses y no asignarle tarea no es un garrón. Es, por lo menos, una irresponsabilidad absoluta. Es la impunidad del manejo de la plata pública.

    Fíjense lo que decía al diario El Observador el edil coalicionista Guillermo Kruse. “En realidad hay algunos (asesores) que no hacen nada”. Así nomás. Honestidad brutal. Y agrega que, en su caso, las contrataciones se dieron de esta manera. “Fue un pedido de alguien y cumplí. Dos pases en comisión fueron pedidos políticos, uno del Partido Nacional y otro del Partido Colorado. Casi no tendría trabajo para darles, a menos que se autogeneren un proyecto legislativo. Lo hice porque pertenezco a la coalición”, aseguró. Así funciona.

    La cuestión ahora es qué se hace hacia adelante. El edil Gómez considera que su error no amerita su renuncia y, por su parte, el Comité de Ética del Partido Nacional analizará el caso, derivado de la Operación Trazador, que terminó con Pablo Leiva preso y que la Fiscalía de Estupefacientes continuará investigando. Claro que el tema de fondo —el narcotráfico cerca de la política— es lo más importante, pero estos manejos de dinero público no son menores. Para lo otro está trabajando la Justicia.

    Entonces, esto no puede terminar acá. Porque si en estas horas tantos integrantes del sistema político asumen que es habitual, y que en la Junta Departamental nadie controla qué hacen los ediles con las partidas que tienen para contratar asesores, algo tiene que cambiar ya. Pero ya.

    Para empezar, de una vez por todas, es necesario dar la discusión del salario de los ediles, que la Constitución establece como honorario. No vale la respuesta de que eso el pueblo ya lo laudó cuando se la consultó en 1994, por favor. Vivimos la vida revisando cosas que el pueblo laudó. ¿Cómo no va a tener sueldo un funcionario público electo cuya tarea es controlar la gestión de las intendencias? Claro que tiene que tener un sueldo y que se deje de dibujar una situación anormal con partidas extra o pagos por parte de los partidos. Hay que reformar la Constitución. Ok, reformemos. Porque, si ahora estamos todos alarmados, pero resulta que con la plata pública que maneja la junta cada uno hace lo que quiere, nos estamos indignando al santo botón. Como tantas veces.

    Y si en todos los partidos hay preocupación por esto, que evidentemente excede el caso puntual, hay que meter las manos en el barro y limpiar. Limpiar de avivados, para empezar. Hay una denuncia en la Junta de Transparencia y Ética Pública para que se investigue la situación general de los ediles y sus asesores, pero sabemos que no es el camino más efectivo. Esto es tarea de los partidos y tienen que hacerse cargo todos, sin excepción.

    Me tomé la libertad de modificar la frase típica del expresidente Luis Lacalle Pou. A veces es necesario también ser duros con las personas. Duros en el cumplimiento de las normas, duros en que con la plata de la gente no se juega. Si no están dispuestos a cumplir con esa premisa básica, no merecen sentarse en esas bancas.