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Crece molestia en dirigentes blancos por manejo de la crisis y presionan para desvincular al edil Gómez
Mientras se espera por el fallo de la Comisión de Ética, en el Partido Nacional se dividen entre el pedido de renuncia y el “aguante” a un edil joven que “cometió un error”
El teléfono del edil blanco Gonzalo Gómez sonó a las tres de la mañana en Fujian, una provincia en el suroeste de la República Popular China. Sobresaltado en la madrugada oriental, escuchó la voz de su secretaria desde Uruguay que le avisaba que Lucio Leiva, uno de sus asesores en la Junta Departamental de Montevideo, había faltado a la oficina y no respondía a su celular. No lograban ubicarlo. Pasaron pocas horas desde esa llamada hasta que el caso explotó en las redes sociales y en la prensa. La Operación Trazador, el operativo policial que incautó más de 265 kilos de droga, tenía entre los imputados por lavado de activos a Pablo Leiva —padre de Lucio— y también asesor del edil Gómez.
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El caso agitó a todo el sistema político, pero especialmente al Partido Nacional. Las versiones de prensa incluyeron en la trama al dirigente blanco Jorge Gandini, líder del sector del edil y cuya esposa es propietaria de un local de cobranzas utilizado frecuentemente por Pablo Leiva para “blanquear” mediante el pago de facturas el dinero proveniente del narcotráfico. Gómez, que estaba participando de un seminario para cuadros políticos de América Latina, invitado por el Centro de Cooperación Económica Internacional de Fujian, evaluó adelantar su regreso, pero ni él ni su familia podían afrontar el gasto de US$ 3.700 para el pasaje. Todo esto saltó a la luz pública el viernes 18 de setiembre y el edil tenía su vuelta marcada para el sábado 26. Tuvo que seguir el minuto a minuto de su terremoto político desde China durante una semana.
A su regreso al Uruguay, Gómez, de 27 años, licenciado en Ciencia Política, animador infantil hasta 2020, luego asesor y secretario del diputado Álvaro Viviano hasta 2023 y después asesor y secretario de Gandini en el Senado hasta 2025, se reunió con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. La reunión fue en la tarde del domingo 27. Y fue su primer encuentro presencial con una autoridad del partido. Tenía que explicarle por qué y para qué había contratado como parte de su equipo a Pablo Leiva, el hombre imputado en una causa de narcotráfico que terminó salpicando a los blancos. Gómez asumió su error, pero dijo que se había visto traicionado en su confianza. Justificó la contratación como un pedido especial por parte de su otro asesor y amigo personal, Lucio, el hijo, que fue desvinculado de su cargo. El edil pidió licencia en la Junta Departamental y su caso pasó a la Comisión de Ética del partido. Al otro día, el lunes 28, daría sus explicaciones ante la opinión pública en una conferencia de prensa.
La conferencia, la indignación y el comentario de Lacalle Pou
Sentado solo en uno de los salones de la Junta Departamental, Gómez enfrentó los micrófonos de los periodistas. Según pudo reconstruir Búsqueda, no hubo una estrategia partidaria ni un lineamiento concreto sobre lo que debía o no comunicar el edil para defenderse en un caso que tenía en alta conversación a todo el sistema político. Dijo que había sido “abusado en su confianza”, que “desconocía totalmente las actividades ilícitas” de Leiva, admitió que debió haber “tomado más recaudos”, pues ocupa una “responsabilidad pública”, aunque aseguró que no encontraba mérito para renunciar a su cargo como edil.
Y reconoció que desde su contratación en diciembre de 2025 hasta la fecha no le había asignado ninguna tarea ni había estado nunca en su oficina en la junta. Pero que aún así en todos estos meses se le pagó el sueldo de $ 52.000 nominales. Cuando la conferencia terminó, en la tarde del lunes 28, todo el caso pareció correrse de eje. Un gran foco de luz se detuvo ya no solo en el narcotráfico infiltrado en la política, sino en la confesión sin pudor de una estructura que permite que un edil tenga asesores pagos, en planilla y haciendo aportes al Banco de Previsión Social sin tareas asignadas.
Los dirigentes blancos fueron recibiendo en sus redes y celulares la oleada de indignación colectiva. Una fuente nacionalista dijo que se expuso un sistema que funciona así desde hace décadas bajo el visto bueno de todos los actores políticos. “Pero fue una muy mala conferencia, se inmoló”, dijo. Otra de las fuentes consultadas lo defendió: “¿Qué podía decir? ¿Que trabaja un narco en su oficina? Era peor y además era mentira”. Y agregó: “En la junta hay, entre contratos y pases en comisión, unas 270 personas. ¿Van todas a trabajar?”.
El abogado y exedil colorado Martín Bueno publicó en la red social X: “El paquetón de beneficios de los ediles en Montevideo son un montón. Son financiamiento estatal de los partidos políticos, el paquetón se asigna por agrupaciones, sectores, acuerdos, todos lo saben desde siempre”. Y además opinó que un edil no “necesitó nunca (…) ni cinco ni nueve asesores”, pero sí los necesitan los sectores “por dar militancia rentada, obtener plata, pagar campañas”. “Los que ponen la cara son los ediles, pero es el sistema todo, no hay inocentes, en todo caso escala de grises. Estos sistemas elusivos y opacos obviamente generan patologías aún peores que las obvias. Hay que sincerar”.
Pero, más allá de cuestionamientos de este estilo ardiendo en las redes y en los medios, en la interna del Partido Nacional se empezaron a preguntar cómo desactivar otra bomba surgida de la conferencia de prensa. Dirigentes de peso, como los senadores Javier García y Sebastián da Silva, exigieron la renuncia del edil mientras cuestionaban el manejo partidario de la crisis.
Según pudo saber Búsqueda, el expresidente Luis Lacalle Pou, líder en ausencia de los blancos, no bajó línea sobre el asunto, pero comentó entre sus allegados que bastaba con ver cómo actuó él en casos similares durante su gobierno —en el cual tuvieron que renunciar varios jerarcas— para que se hagan una idea de su opinión.
A espera de una resolución de la Comisión de Ética del directorio, crece la presión para que Gómez sea desvinculado del partido, pero también hay dirigentes que piden cautela y entienden que es momento de “aguantar” a un cuadro político joven que cometió un error. Delgado, como presidente del directorio, está mediando entre estas dos posturas.
La casta y el short de Sendic
Entre muchos de los dirigentes blancos quedó la sensación de que el hecho de que un edil tenga entre sus asesores a un imputado por narcotráfico pagándole el sueldo por “hacer nada” y con el dinero de los contribuyentes es un trago difícil de digerir. Y que además, según comentaron varios de los consultados, se trató de un caso “bien lineal, muy fácil de entender y que indigna mucho”. “Es el short de (Raúl) Sendic”, dijo uno de ellos en referencia a la trama sobre el uso de la tarjeta corporativa de Ancap que terminó con la caída del exvicepresidente de la República.
Un importante dirigente blanco señaló, algo resignado, que este caso supone una nueva “erosión al sistema político”, un argumento más para aquellos detractores de “la casta” y que puede ser otra semilla que termine germinando la aparición de un outsider incómodo para la democracia.
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