El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, llamó este miércoles a autoridades de otros partidos políticos con representación parlamentaria para anunciarles que los convocará a una reunión con el propósito de “impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos”. De esta manera, cumplió con lo resuelto por la bancada de ediles de la Junta Departamental de Montevideo, las de diputados y senadores, y la Presidencia del Frente Amplio a nivel nacional y departamental. La predisposición de las colectividades para avanzar con la propuesta difiere.
El curul, que integra el sector Por la Patria, liderado por Jorge Gandini, pidió licencia del directorio del Partido Nacional y de la Junta Departamental de Montevideo, y prevé comparecer ante la Comisión de Ética del partido.
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio anunció el 28 de setiembre en una declaración que entiende “imprescindible” realizar “una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria” con el objetivo de regular y transparentar el financiamiento de la política partidaria. Dos días después, Pereira llamó a Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, a Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, y a Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto, para anunciarles que los convocará a un encuentro. El presidente de Identidad Soberana, Gustavo Salle, no había recibido la llamada hasta la noche del 30 de setiembre. A diferencia de las demás autoridades de partidos con banca parlamentaria, Salle tampoco fue convocado por el presidente Yamandú Orsi para conversar sobre política exterior previo al discurso del mandatario en la Asamblea General de Naciones Unidas. A Salle le parece “disparatada” la propuesta del Frente Amplio sobre el financiamiento público de los partidos. Además, solicitó “evitar las diarreas legislativas” y concluyó que “esto se puede solucionar sin ninguna ley” nueva, solo con un Poder Judicial “valiente” que quiera ir “hasta el fondo del asunto”.
Mieres aclaró a Búsqueda que Pereira no planteó una fecha tentativa para concretar la reunión. Otros dirigentes de la coalición republicana acotaron que trabajar en este momento sobre el financiamiento de los partidos revela el oportunismo del gobierno y el Frente Amplio, y su intención de golpear al Partido Nacional por el vínculo de Leiva con la colectividad y sus dirigentes.
A pesar de que ediles, legisladores y autoridades del Frente Amplio acordaron tratar el tema con “cautela”, pronto emergieron las suspicacias sobre el caso concreto. La diputada Julieta Sierra en la red social X primero y la senadora Bettiana Díaz en Aire rico de Del Sol después advirtieron sobre “la coincidencia” de que Leiva usara una sucursal de una red de cobranza propiedad de la esposa de Gandini, actual director en la Administración Nacional de Puertos en representación de la oposición, para lavar el dinero. “Es muy difícil salir de la coincidencia, porque son todas personas vinculadas a Gandini”, dijo Díaz el 24 de setiembre en el programa radial. “Hay una trama sectorial dentro del Partido Nacional”, puesto que “están todos vinculados a la misma lista y al mismo sector”, acotó. Sierra, por su parte, dijo a Búsqueda que borró la publicación, porque considera que X dejó de ser un ámbito adecuado donde pueda darse esa discusión.
El diputado Sebastián Valdomir publicó el 28 de setiembre en X que ”los que hasta hace dos semanas querían dar clases de cómo enfrentar al narco hoy están bien callados para que la piola se corte por el lado más fino” y ”siguen sin explicar cómo liberaron a (Sebastián) Marset, cómo repartían pasaportes desde la Torre y cómo les infiltraron la Junta Departamental”.
Propuesta y resistencia
Más allá de las “coincidencias” planteadas y de la exigencia de más explicaciones, el partido de gobierno ha revelado por dónde pretende avanzar a nivel legislativo. La normativa vigente sobre financiamiento de los partidos políticos permite las donaciones anónimas hasta por 4.000 unidades indexadas, unos $ 26.600. El exsenador Charles Carrera, integrante de la Mesa Política, dijo a la diaria que el Frente Amplio pretende prohibir las donaciones anónimas y reflotar para ello la comisión especial del Parlamento dedicada al tema. A su vez, el presidente de la fuerza política manifestó a la prensa el 28 de setiembre que la mayor parte del financiamiento de los partidos debería estar vinculado a dinero público, lo que resulta “sano para la democracia y el sistema de partidos”.
Esta propuesta es resistida por dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado. El senador herrerista Rodrigo Blás planteó que “la existencia del narcotráfico y del lavado de activos no demuestra que haya que eliminar el financiamiento privado de los partidos políticos”, sino que se trata de “dos discusiones diferentes”. Agregó que “el problema no es que exista dinero privado en la política”, sino que “el problema aparece cuando existe dinero ilegal, oculto o destinado a comprar influencia”, lo que puede suceder “independientemente” de que una ley “prohíba o permita determinados aportes”. Para Blás, “prohibir una fuente legal de financiamiento no hace desaparecer el dinero ilegal”, porque “el dinero ilegal, justamente, no suele pedir permiso”. El legislador alertó en sus redes sociales que “resulta peligroso utilizar cada episodio relacionado con el narcotráfico como argumento para instalar que la solución es eliminar el financiamiento privado de la política”, debido a que “una cosa no demuestra la otra”.
El diputado Conrado Rodríguez dijo a Búsqueda que si todo el financiamiento es público, “la foto” de una elección tiende a repetirse en la próxima, porque correría con más fondos y ventaja el partido que logró más votos en la anterior contienda electoral.
Cumplimiento
Manini Ríos le respondió el 30 de setiembre a Pereira que está “dispuesto a conversar” sobre el financiamiento de los partidos políticos, porque “es muy necesario establecer los controles” que exige el tema. Pero expresó que “ninguna ley va a arreglar nada si no están los recursos y los medios para controlar y hacerla cumplir”.
“Si después vamos a dar por válida cualquier declaración de los partidos que disfracen los gastos reales, no tiene ningún sentido. No hay ley que, por buena que sea, vaya a cambiar la realidad”, dijo el cabildante a Búsqueda. En el diálogo con Pereira, agregó, quedó en claro que los dos están de acuerdo en que “hay que establecer los controles necesarios para que la financiación de los partidos no se vaya de las manos”.
Desde el gobierno y el Frente Amplio también han surgido cuestionamientos a la falta de cumplimiento de la ley vigente. Díaz aludió en Aire rico a la auditoría que el Tribunal de Cuentas realizó sobre los balances que presentaron los partidos políticos, una exigencia estipulada en la ley de 2024. La auditoría dejó constancia de que no tuvo “a la vista los registros contables que resumen los estados financieros del Partido” Colorado, un planteo que fue ratificado por los ministros del tribunal y de la Corte Electoral. Para la senadora frenteamplista, esto “prende luces de alarma” porque el tribunal no puede hacer “la trazabilidad de los gastos del partido” fundado por Rivera.
En línea con lo expresado por Manini Ríos, el senador colorado Pedro Bordaberry manifestó su disponibilidad a “trabajar” en estos temas. “Los años por venir vamos a tener que hablar mucho sobre lavado de activos y financiamiento de muchas actividades lícitas, como la que nos financia a nosotros”, dijo Bordaberry el 29 de setiembre en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado. “Sería necio no pensar que ese avance del narcotráfico no va a alcanzar a toda la sociedad; la va a alcanzar. Quizá ahí también podemos encontrar un punto sobre el cual trabajar, no solamente en la política, sino en el deporte, en el juego y demás, porque si hacemos la del avestruz y seguimos metiendo la cabeza debajo de la tierra, estamos perdidos”, sentenció.
El momento para abordar este asunto a nivel político también está en el tapete. El director de Factum, Eduardo Bottinelli, ve “agujeros muy grandes” en el financiamiento de los partidos. “Si esto se quiere tomar en serio, tiene que ser ya, ya”, sostuvo el 30 de setiembre en Informativo Sarandí, porque cuanto más cerca se esté del ciclo electoral, argumentó, más difícil será alcanzar acuerdos.
Secretaría antilavado y Corte Electoral
Hace dos meses, antes de que fuera detenido Leiva y de que el caso judicial salpicara al Partido Nacional, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) convocó a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas para trabajar en mejoras al sistema de control del dinero que ingresa a la política. Un mes después hubo una reunión entre la Corte y la secretaría antilavado, a la que no concurrieron representantes del tribunal.
Una comisión técnica comenzó a trabajar en el análisis de la normativa para “identificar las debilidades” del sistema y buscar armonizar criterios entre la Corte y la Senaclaft, informó la secretaria antilavado, Sandra Libonatti, a Búsqueda.
La legislación vigente establece que los partidos, al igual que otras asociaciones civiles, son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado, pero esto deja afuera a sectores dentro de los partidos, que en ocasiones tienen estructuras consolidadas. Uno de los asuntos a resolver entonces es de qué se habla cuando se habla de partido.
“Es necesario crear un sistema más robusto para recibir y analizar la información, que además debe ser confiable”, añadió Libonatti. La jerarca recordó que el Tribunal de Cuentas se abstuvo de opinar sobre los estados contables que el Partido Colorado entregó a la Corte Electoral porque “no fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos, transacciones y demás revelaciones contenidas en dichos estados, ni aplicar procedimientos alternativos que permitieran sustentar una opinión”.
La ley establece que una persona es responsable por la información que entrega sobre el financiamiento de una campaña electoral, una función que cesa tiempo después. “¿Qué pasa si surgen dudas sobre la información? ¿A quién se puede recurrir para consultar si ya no hay nadie legalmente a cargo?”, se preguntó la secretaria antilavado.
Para Libonatti, es importante “que se corrija lo que está mal, pero lo más importante” es que las leyes se apliquen.
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