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Horizonte 2029: seguridad, competencia electoral y elaboración programática
En seguridad, la pulseada no será solamente por quién es más creíble, sino por qué se entiende exactamente por seguridad: cuánta mano dura, con qué límites, a qué costo
La campaña de 2029 todavía está lejos, pero el tablero ya se insinúa. No habrá una sola pulseada sino varias, superpuestas. Una, la de siempre, es ideológica: se libra en el eje izquierda-derecha, en torno a temas en los que los electores quieren cosas distintas (por ejemplo, unos prefieren más impuestos y más Estado, otros menos). La otra se juega en torno a los temas más salientes, los que más preocupan a la ciudadanía. En muchos de ellos todos comparten un mismo objetivo, aunque puedan discrepar en la solución concreta. Ahí la competencia no consiste tanto en ofrecer objetivos distintos como en convencer a la ciudadanía de quién es más capaz de alcanzarlos. Entre esos temas se destaca, nítidamente, la seguridad.
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Desde el punto de vista de la calidad de la democracia, lo deseable es que en los temas que más preocupan a la ciudadanía haya diferencias de posición estructuradas sobre sus respectivas tradiciones ideológicas. Que los partidos no compitan solamente por ser creíbles, sino que ofrezcan caminos distintos. Durante mucho tiempo, la seguridad fue eso en Uruguay. La derecha hablaba de represión; la izquierda, de prevención y de las causas sociales del delito. Ya no es tan así. Las posiciones se fueron acercando desde ambas orillas. La coalición republicana aprendió a hablar más de prevención: basta recordar el “modelo dual” que defendía el ministro Nicolás Martinelli. La izquierda, por su parte, se fue animando a hablar de represión. Empezó a hacerlo, poco a poco, en los tiempos de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. El punto culminante son las guiñadas del presidente Yamandú Orsi al modelo Bukele (lo mencionó como “ejemplo para analizar”), y la intención de incorporar blindados militares al patrullaje.
Esa convergencia tiene una consecuencia. La conversación sobre seguridad en la campaña electoral va a girar, en buena medida, en torno a la mano dura. Y lo hará en un contexto de altísima saliencia. Las encuestadoras preguntan de distinto modo, así que los niveles no son comparables entre sí. Pero todas cuentan la misma historia (ver gráfico). Según Equipos, en mayo el 58% de los uruguayos ubicaba la inseguridad entre los dos principales problemas del país, el registro más alto de este período de gobierno.1 Factum y Cifra la colocan, claramente, en el primer lugar. Y según Opción, la desaprobación de la gestión del gobierno en seguridad pasó de 53% a mediados del año pasado a 73% en la última medición.2 Es, de lejos, su flanco más débil.
¿Quién es “dueño” del tema? Al Frente Amplio le cuesta mucho. El propio Orsi lo admitió sin problemas: “En vez de seguridad, hablábamos de convivencia”.3 Las guiñadas recientes hacia la derecha no alcanzan para cambiar la propiedad de un tema. A lo sumo, irritan a los propios sin convencer a los ajenos. Del otro lado, la propiedad parece estar cambiando de manos. Durante mucho tiempo, el Partido Nacional lo lideró. En 2018, cuando Factum preguntó qué partido tenía capacidad para resolver la inseguridad, el 26% eligió al Partido Nacional, el 19% al Frente Amplio y apenas el 4% al Partido Colorado.4 Hoy, al menos esa es mi impresión, los colorados han ganado tanto terreno que podrían terminar apropiándose del asunto. Y tienen dos aspirantes a administrar esa propiedad: Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. La competencia entre ambos no debilita a los colorados. Al contrario: los mantiene en el centro de la conversación sobre el tema que más le preocupa a la opinión pública.
Si, durante los próximos años, la discusión va a girar en torno a la seguridad, en general, y en torno a la mano dura y el ejemplo de Bukele, en particular, vale la pena distinguir, al menos, otras dos dimensiones del asunto. La primera es técnica y normativa. Mentar a Bukele es, apenas, enviar un mensaje. No es una solución de política pública claramente formulada. El “modelo” salvadoreño incluye un régimen de excepción prorrogado una y otra vez, detenciones masivas y, según investigaciones periodísticas serias, negociaciones con las maras. ¿Esto es trasladable a Uruguay sin dañar el Estado de derecho? ¿Qué tienen para decir sobre esto en concreto quienes proponen “aprender de Bukele”?
La segunda dimensión es democrática y representativa. Cuando una parte importante de la ciudadanía pide “mano dura”, tiene sentido que haya oferta del lado de los partidos establecidos. Mucho mejor eso que dejar el espacio vacío a la espera de un outsider o un dictador. Tenemos un antecedente que lo ilustra. Jorge Larrañaga, a quien muchos daban por políticamente terminado, se recostó a la derecha con la campaña Vivir sin Miedo. La reforma no fue aprobada, pero obtuvo cerca del 47% de los votos en 2019. Larrañaga canalizó la demanda de “mano dura” por los cauces institucionales (una reforma constitucional plebiscitada, ni más ni menos) y terminó siendo ministro del Interior. El sistema de partidos hizo su trabajo: escuchó, procesó, ofreció. Pero ahí está la tensión: si todos los partidos convergen hacia la mano dura, la ciudadanía se queda sin alternativas reales en el asunto que más le importa.
En suma. En 2029 habrá varias disputas superpuestas. En el eje izquierda-derecha, cada uno de los bloques seguirá debatiéndose entre su raíz ideológica (y la vocación transformadora) y el tentador “extremocentrismo” (entendido, erróneamente, como la única estrategia electoral ganadora). En seguridad, la pulseada no será solamente por quién es más creíble, sino por qué se entiende exactamente por seguridad: cuánta mano dura, con qué límites, a qué costo. Durante los próximos años nuestros partidos están obligados, dada la gravedad del asunto y el clima de opinión, a hacer un esfuerzo extraordinario en el plano de la elaboración programática sobre este tema.