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Inseguridad y economía: el BID alerta un “deterioro sostenido de la seguridad pública” y da cooperación
Uruguay enfrenta una “violencia estructural persistente”, nuevos patrones delictivos y “limitaciones institucionales” para combatir el crimen, señala el Banco Interamericano de Desarrollo
Policías en el programa Más Barrio en el barrio Cerro Norte en Montevideo.
Alineada con las prioridades del gobierno del Frente Amplio, la estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Uruguay contiene algunos componentes clásicos de los programas de apoyo al país y otros que contemplan nuevos problemas, como la inseguridad pública. Los efectos negativos que la creciente delincuencia tiene sobre la inversión y el crecimiento económico son un factor también advertido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una novedad en años recientes.
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La Estrategia de País Uruguay 2026-2030 aprobada por el BID a mediados de este año tiene tres “pilares” y uno de ellos es la “seguridad y bienestar”; los otros son innovación y clima de negocios; y movilidad y servicios básicos. En ese marco, el Directorio Ejecutivo del organismo anunció el jueves 5 que aprobó un préstamo de US$ 200 millones para apoyar acciones contra la delincuencia del Ministerio del Interior, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
Paralelamente, el BID puso recientemente en implementación una cooperación técnica por US$ 125.000, que se desplegará durante 36 meses. Respaldará el reforzamiento de herramientas de planificación, gestión, seguimiento e implementación de políticas de seguridad ciudadana y justicia penal. Los documentos preparatorios de esa cooperación técnica exponen la visión del BID sobre la problemática de la delincuencia.
“Uruguay se enfrenta a un escenario de criminalidad y violencia cada vez más complejo, en consonancia con tendencias persistentes observadas en América Latina y el Caribe. Si bien el país conserva fortalezas institucionales significativas —como niveles comparativamente bajos de corrupción percibida y una legitimidad policial relativamente alta—, diversos indicadores muestran un deterioro sostenido de la seguridad pública desde mediados de la década de 2010”, describe. En particular, agrega, la “violencia letal ha experimentado un cambio estructural: tras mantenerse durante varios años en niveles cercanos a los siete homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa aumentó de forma significativa a partir de 2018 y, desde entonces, se ha estabilizado en niveles elevados”.
El BID atribuye este incremento a “cambios en los patrones delictivos, que incluyen una mayor proporción de homicidios vinculados al narcotráfico, disputas entre grupos criminales y actos de represalia, así como al uso intensivo de armas de fuego y a una creciente concentración de víctimas con antecedentes penales. Estas tendencias sugieren una mayor concentración de la violencia en entornos delictivos y una reconfiguración del mercado de drogas ilícitas, en el cual Uruguay ha pasado de ser principalmente un país de tránsito a convertirse también en un espacio de almacenamiento, distribución y consumo”. Esa evolución —alerta— aumenta el “riesgo de violencia territorial y el surgimiento de formas incipientes de gobernanza criminal en determinadas zonas”.
Por otro lado, señala que “persisten desafíos estructurales, en particular la violencia de género —con un volumen elevado y sostenido de denuncias por violencia doméstica—, además de un marcado aumento de los delitos contra la propiedad, especialmente el fraude vinculado a la digitalización y a modalidades que se valen de medios cibernéticos. El crecimiento exponencial de estos delitos, sumado a unas tasas de denuncia muy bajas, plantea desafíos significativos para la prevención del delito, la investigación y la protección de las víctimas”.
Como resultado, afirma el diagnóstico, Uruguay “se enfrenta a un panorama delictivo heterogéneo y en evolución, en el que coexisten una violencia estructural persistente, nuevas modalidades delictivas y limitaciones institucionales en los sistemas de información, la prevención y la investigación. Este contexto pone de relieve la necesidad de fortalecer políticas de seguridad pública basadas en evidencia, con enfoques centrados en el territorio y la población, una mejor coordinación interinstitucional y capacidades reforzadas en el sistema de justicia penal”.
Para el FMI, la inseguridad se ha convertido en un “importante tema de política pública en toda América Latina”, por esa razón, el organismo puso en marcha una agenda de investigación “para entender cómo afecta a la macroeconomía”, dijo en una reciente entrevista con Búsqueda Raphael Espinoza, jefe de la misión que en setiembre vino a Montevideo para la revisión anual del país.
El funcionario del Fondo observó que, si bien Uruguay “es uno de los países más seguros de la región”, el 27% de las empresas del país considera que la delincuencia representa un obstáculo alto o severo para los negocios. “Si bien las cifras son mucho peores en el resto de la región, la preocupación en torno a la inseguridad ha aumentado en el país, y el gobierno le ha dado prioridad en la Rendición de Cuentas de 2026”, comentó Espinoza.
La recomendación del FMI es aplicar una “estrategia integrada que combine análisis basado en evidencia, cooperación interinstitucional e internacional, políticas sólidas contra el lavado de dinero, mayor eficiencia en el gasto en seguridad, políticas de prevención y de rehabilitación. Abordar vulnerabilidades ante el desarrollo de mercados ilegales también ayudaría a frenar el crimen organizado, que no es necesariamente violento y puede pasar desapercibido durante años”.
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