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El ciclo electoral mostró hasta ahora una campaña ríspida por momentos, sin debates mano a mano entre precandidatos y con relativamente poca discusión pública sobre propuestas programáticas concretas. Pero, a priori, parece que los uruguayos podemos dormir tranquilos: ni de un lado del espectro ideológico ni del otro, en los grupos mayoritarios, se han lanzado propuestas alocadas en materia económica. Por supuesto que sí existen, pero quedan relegadas en un segundo plano y hasta los postulantes más radicales piensan en nombres asociados con el "pragmatismo" como eventuales futuros ministros de Economía.
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Como suele destacarse por parte de analistas e inversores del exterior —menos contaminados por las, muchas veces, pueblerinas discusiones domésticas—, desde hace ya varias décadas Uruguay mantiene una cierta continuidad en este plano, con matices que le imprimen los gobernantes de turno. Al haber tenido la responsabilidad de gobernar durante 15 años, el Frente Amplio aprendió que cuidar las finanzas públicas es imprescindible para que la deuda no se transforme en inmanejable, para que el país reciba inversión extranjera que genere empleo y para mantener niveles de inflación relativamente controlados. Eso no quiere decir que, aún teniendo clara esa premisa, pueda haber sectores o jerarcas de cualquier partido poco apegados a la responsabilidad macroeconómica. Pero hay un rumbo en torno a esta política que perdura, y no es poca cosa si se mira en perspectiva histórica. Sin embargo, conformarse con la tranquilidad de que ninguno de los eventuales presidentes, del partido que sea, haría disparates con la economía es una postura mediocre. Como ciudadanos, a nuestros gobernantes deberíamos exigirles que las finanzas públicas estén mucho más cercanas al equilibrio y no contentarse solo con mantener a raya determinado nivel de déficit. En este sentido, las propuestas más audaces escuchadas en esta campaña apuntan a suprimir algún ministerio o hacer ciertos recortes en la plantilla de funcionarios estatales, medidas que, eventualmente, reducirían muy poco el desequilibrio fiscal y la necesidad de endeudarse para financiarlo. De la mano de eso, es cierto que la gestión de algunos entes estatales mejoró en este período de gobierno, aunque continúa habiendo negocios perdidos que son una mochila para nuestro sector productivo.
Por otro lado, para que la economía funcione de manera más dinámica se precisa desregular ciertos sectores de actividad y aggiornar normas del mercado laboral que son para un país y un mundo que ya no existen. Y no se trata de desmantelar derechos, sino de abrir oportunidades para que la inversión fluya y se creen más y mejores puestos de trabajo.
Además, como país, tendríamos que aspirar a convivir con tasas de inflación más parecidas a las de las economías serias del mundo y no autocomplacerse por haberla bajado —quizás solo transitoriamente— a menos del 6% anual.
En suma, cualquiera sea el ganador de la elección de octubre próximo, pareciera que los relativos equilibrios macro no corren peligro. Sin embargo, es mucho menos claro que con un nuevo gobierno a partir de marzo de 2025 tendremos un Uruguay con finanzas públicas más balanceadas, con niveles de inflación más cercanos al óptimo y con una economía más competitiva, eficiente y dinámica que dé respuestas genuinas a nuestras aspiraciones de bienestar. ¿Seguiremos durmiendo la siesta de la estabilidad uruguaya?
