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El gobierno no precisa más datos de opinión pública para saber que tiene problemas de todo tipo y que está obligado a acelerar. Es en ese marco interpretativo que hay que colocar dos iniciativas complementarias: el proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre “Competitividad y reducción del costo de la vida” y el aumento del gasto social previsto en la próxima Rendición de Cuentas. Ambas señales, desde mi punto de vista, tienen mucho sentido. El proyecto del MEF es razonable en términos económicos: apunta muy especialmente a acelerar el crecimiento mediante reformas micro. El aumento del gasto social en la Rendición de Cuentas es imprescindible para el gobierno en términos políticos: intenta cumplir con promesas electorales. Dicho sea de paso, ya veremos cómo hace el gobierno para financiar más gasto y si esto es suficiente para calmar el intenso desosiego de los frenteamplistas.
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Casi al mismo tiempo, a través del Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo anunció su decisión de incorporar vehículos blindados militares a la tarea policial de patrullaje. No se trata de “sacar los militares a la calle”. Quedó muy claro que los blindados estarán bajo el mando policial. Pero no deja de ser una medida sorprendente y de alto impacto simbólico. Como podía preverse, se generó de inmediato una fuerte polémica, dentro y fuera del gobierno. Vale la pena detenerse a analizar algunas dimensiones de esta nueva vuelta de tuerca en la política de seguridad.
¿Qué relación existe entre esta decisión y el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 (PNSP)? La respuesta no es sencilla. Por un lado, en ninguna parte del PNSP se analizó la alternativa de utilizar vehículos militares para el patrullaje. En ningún lado. Esto es realmente intrigante. ¿Cómo es posible que una decisión de este tipo, tan polémica, no forme parte de un documento de 339 carillas, en cuyo extenso proceso de elaboración, de acuerdo a lo que puede leerse en el capítulo de “Agradecimientos”, participaron, en distintos grados, partidos de oposición, 28 agencias del Estado, 23 del sector productivo, ocho del ámbito académico y 15 de la sociedad civil? Esta alternativa, directamente, no está incluida en el plan.
Lo que sí aparece en el documento es una mención a los posibles inconvenientes de la “militarización” de la seguridad. Al fundamentar la “Acción 5.4-01-Aplicación de la ley antidrogas orientada por inteligencia”, y haciendo referencia al documento “Qué funciona para reducir la violencia, el delito y la reincidencia: una revisión rápida de la evidencia internacional y lecciones para Uruguay” (Trajtenberg, Sánchez de Ribera y Rojido, 2026), se dice: “Los operativos reactivos, los patrullajes de saturación y las intervenciones militarizadas muestran efectos transitorios y riesgos de desplazamiento o escalamiento de la violencia, por lo que no se recomiendan como herramientas centrales” (p. 209). Este punto es clave. De acuerdo al PNSP, la militarización es una práctica no recomendable.
Por otro lado, es cierto que el PNSP sí insiste en la importancia del “patrullaje focalizado en zonas de alta incidencia”. Se dice: “Esta acción concentra el despliegue policial y la prevención territorial en microzonas de mayor riesgo, con presencia sostenida y lectura operativa frecuente del territorio. (…). Su aporte esperado es reducir eventos letales y estabilizar dinámicas de violencia mientras se fortalecen los canales de coordinación para la prevención social, situacional y comunitaria en el territorio” (p. 49). La utilización de vehículos militares podría efectivamente contribuir al patrullaje focalizado en este tipo de territorios. De todos modos, el aumento de la represión en zonas de alta incidencia del delito por presencia del narco puede tener resultados contraproducentes. Una mayor presión estatal puede impedir que las bandas criminales consoliden el control territorial, pero también puede incrementar la competencia violenta entre grupos rivales. Por ello, según los expertos, las políticas de seguridad deben evaluarse no solo por la intensidad de la intervención, sino también por sus efectos sobre la dinámica organizacional del crimen.
Recapitulo. Recurrir a vehículos blindados bajo el mando policial no está en el PNSP. Lo que sí puede leerse en ese documento es que la militarización no es recomendable. Agrego. No son 200. Son solamente 12. No hay que ser un experto en criminología para sospechar que es poco probable que recurrir a apenas una docena de blindados vaya a cambiar los indicadores de crimen. Tampoco se precisa ser un experto en estrategia política para suponer que este anuncio del gobierno es más efectista que efectivo. Si mi interpretación es correcta, estamos ante un capítulo más de la política de los símbolos. No vamos a tener mejores resultados en materia de seguridad gracias a los blindados militares. Pero el gobierno está enviando una clara señal de mano dura hacia la ciudadanía. Cada vez que un vehículo militar, independientemente de quién lo esté tripulando, esté patrullando en algún barrio, habrá electores suponiendo que el gobierno prioriza la seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, como argumentan los criminólogos, muy probablemente el crimen se traslade al barrio de al lado (lo que los expertos denominan “efecto globo”).
Supongamos, por un momento, que el recurso a vehículos blindados militares contribuye a mejorar el clima de seguridad ciudadana. Esto podría ser un incentivo para que el gobierno vaya todavía un poco más lejos en la misma dirección. Me pregunto. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Yamandú Orsi en su búsqueda de recuperar apoyo en la opinión pública? Primero, en un desayuno de Búsqueda, el presidente deslizó que “hay que estudiar la experiencia de Bukele”. Ahora, se argumenta que hay que utilizar vehículos militares para el patrullaje. ¿Qué sigue? En última instancia, ¿hasta qué punto el PNSP es realmente la guía de la política de seguridad del gobierno? ¿Qué pesará más a la hora de la verdad, el PNSP (que desaconseja la militarización) o las encuestas de opinión (que muestran que una parte nada desdeñable de la ciudadanía tiene un ojo puesto en El Salvador)?
