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Es evidente a esta altura que un organismo como la Junta de Transparencia no puede estar regido por acuerdos partidarios que definen su voto de acuerdo a sus propios intereses; ¿y la confianza?
Está pasando. Lo dicen las encuestas, lo dicen las charlas de asado, los debates periodísticos e incluso los debates intrapartidarios, aunque esas conversaciones no salgan a la luz. Uruguay, poquito a poquito, va cayendo en picada en el precipicio del descrédito hacia el sistema político. Algunos años atrás, cuando alguien decía la clásica frase “son todos iguales”, rápidamente aparecían quienes levantaban la bandera de la democracia, quienes recordaban los 12 años horrorosos que el país atravesó durante la última dictadura y sostenían la necesidad de no olvidar para no repetir. No es que hayan desaparecido y, ojalá, como alguna vez dijo la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el susto despierte al mamado. En este caso, el mamado no es el electorado, sino el propio sistema político, que debe asustarse y hacerse cargo de que la sociedad y su paciencia tienen límites.
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Los números de aprobación del presidente Yamandú Orsi, pero también de la oposición, que mostraron distintas encuestadoras semanas atrás, nos están enrostrando que algo no anda bien. Casi la mitad de los uruguayos encuestados desaprueba la gestión de Orsi y un número similar desaprueba la actuación de quienes están del otro lado. ¿Y entonces? Hay algo ahí. Hay un cansancio, un hartazgo que desde el propio sistema político no paran de abonar. Distintos analistas coinciden en que la falta de respuestas ante problemas reales, la lejanía con el día a día de los ciudadanos comunes y la demora en la solución de problemas cotidianos llevan a que la población se aleje del Palacio Legislativo y de la Casa de Gobierno de a poco; lento pero seguro.
Y todo el episodio de la camioneta del presidente no hizo más que avivar esta molestia que ya estaba asomando. Las defensas de lo indefendible, las acusaciones tímidas por si hay algo que en cualquier momento pueda saltar desde el lado de enfrente, las contradicciones permanentes y la falta de respuestas claras dejaron una sensación de desconfianza general, de que los controles son inexistentes y que la transparencia es solo una palabra.
Entonces, vamos ahí. Una vez más, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) está bajo la mirada de todos. No es la primera vez, claro. Seguramente muchos tengan en la memoria lo que sucedió en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y sus múltiples empleos mientras presidía el organismo, cuando la asesoría letrada de la junta sugería un camino y la mayoría oficialista lo desestimó, lo que contribuyó a generar esa sensación de la que ya hablaba tiempo atrás el entonces integrante del organismo Ricardo Gil Iribarne. Hay otros casos en la otra vereda, como el de la exministra Azucena Arbeleche y la exoneración de impuestos a una empresa para la que trabajaba su marido. Allí la votación fue exactamente al revés. Algo así como “me sirve para mis intereses partidarios, lo tomo, no me sirve, sigo con la mía”. Lamento cuando se enojan quienes son señalados, pero es lo que se ve de afuera.
De hecho, Gil Iribarne recordó a la diaria que este tema no es de ahora. “Esto arranca en el 2020, cuando se oficializó la cuota político-partidaria en la Jutep; o sea, en el 2020 los cargos de la Jutep se repartieron dos para el oficialismo y uno para la oposición, lo mismo que en UTE, Antel y en cualquier organismo”, y consideró que, de este modo, se “partidizó” la junta. Agregó que, en el gobierno anterior, la entonces mayoría oficialista no se expidió “en ninguno de las decenas de casos en que había elementos de duda sobre el comportamiento ético y político, en materia de corrupción, de distintos jerarcas” del oficialismo.
Lo que es evidente a esta altura es que un organismo de tamaña responsabilidad —si seguimos creyendo que la ética y la transparencia son valores indeclinables— no puede estar regido por acuerdos partidarios. Gana un partido, pone los dos de la mayoría y el otro lo pone la oposición. Gana otro partido, el mismo esquema. ¿Y la confianza? Es difícil pensar que, cuando la junta debe analizar un caso que involucra al presidente de la República, como sucede en este momento, los integrantes de su partido cuestionen públicamente su ética. ¿Y después qué? Y, si pensamos qué pasaría al revés, probablemente sería igual. ¿En qué momento al sistema político se le ocurrió que un directorio partidario era la mejor solución para un organismo que debe evaluar la ética de los funcionarios públicos? Lamentablemente, ya no somos ese país ni tenemos esa independencia.
Para subsanar este debate a esta altura hastiante, el diputado colorado Conrado Rodríguez impulsa un proyecto de modificación de la ley que creó la Jutep y señala que los miembros del directorio deben constituir “garantía de imparcialidad”. Para eso, lógicamente, esos nombres no deberían estar atados a un partido político. Y para eso también, plantea el diputado, podría pensarse en magistrados con más de 10 años de experiencia, exfiscales o exjueces que tengan trayectorias que demuestren equidistancia de cuestiones partidarias.
Tan lógico y sensato parece que es increíble que el mecanismo haya sido el actual. No por los nombres de las personas que han integrado la Jutep desde su creación, sino por el concepto de designación político-partidaria. Es cierto, son votados por tres quintos de la Cámara de Senadores, pero a esta altura del partido la norma pide a gritos un cambio. ¿O vamos a pasar durante todos los gobiernos teniendo esta discusión? Podemos atajarla a tiempo, cuidar las instituciones y no seguir abonando la desconfianza.
Claro, parece fácil, pero si tenemos en cuenta que hasta el momento ha sido imposible encontrar un nombre de consenso entre los partidos para elegir a un fiscal de Corte titular que dé garantías a todos, podemos imaginar que este proyecto tendrá escasas posibilidades de éxito. Por el bien de todos, ojalá me equivoque.
