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La anunciada ley de competitividad e innovación es una gran oportunidad para que se materialice un imprescindible plan que impulse las magras tasas de crecimiento económico de Uruguay
Tras una extensa trayectoria académica y en la consultoría empresarial, Gabriel Oddone asumió la responsabilidad de conducir la política económica del país con un diagnóstico muy claro y compartible: en promedio, Uruguay crece poco y eso limita las posibilidades de bienestar social presentes y futuras. Su agenda procrecimiento la dejó incluso expuesta profusamente en un libro editado poco antes de incorporarse a la actividad pública.
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Lo cierto es que, en parte por un contexto global signado primero por “guerras” arancelarias y después por guerras reales en Medio Oriente, la economía uruguaya continúa creciendo a bajo ritmo, a una tasa de 1,8% en 2025, y Oddone ya adelantó que seguramente revisarán a la baja la proyección para este año.
Ya sea porque el primer año de gestión se consumió entre problemas de distinto tipo, porque la nueva administración debió aprobar su Presupuesto o por elegir otras prioridades programáticas, lo cierto es que esa agenda procrecimiento aún no despegó, si bien se aprobaron algunas medidas para reducir la burocracia en las operaciones de comercio exterior y está en fase final de elaboración una ley de competitividad e innovación. Como en otros temas, este Poder Ejecutivo pidió opinión a la ciudadanía y recibió más de 50 propuestas; habrá que ver cuánta audacia reformista tiene finalmente ese proyecto o si resulta algo meramente cosmético.
Refiriéndose a algunos de los desafíos que enfrenta nuestro país, la economista Lucila Arboleya, presidenta del Laboratorio Tecnológico (Latu), hizo la semana pasada varias reflexiones agudas. Hablando en el seminario Transformación Productiva y Empleo, coorganizado por el Centro de Investigaciones Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y el Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales, sostuvo que Uruguay puede ser “el mejor de la B”, pero sigue “estando en la B”.
Se refirió a la innovación como el camino imprescindible para “generar saltos discrecionales importantes”, y señaló que al respecto hay mucho por hacer desde el sector público, pero también del privado.
En el área gubernamental “hay mucha inercia a veces”, y “hoy no están en general o son débiles los incentivos que se marcan para que esa innovación interna funcione”, si bien “también está la oportunidad de hacer una cantidad de cosas y de marcar las reglas de juego y de apoyar”.
Refiriéndose a la burocracia estatal, cuestionó el factor “idiosincrático” que lleva a “generar una complejidad de cosas entre instituciones para una cantidad de cositas”.
Por otro lado, Arboleya observó que se critica “a veces mucho a lo público”, pero al sector privado le cabe también hacer “un sinceramiento”. Señaló: “No olvidemos que el sector privado uruguayo innova poco. Dos empresas son casi que el 50% de todo el I+D. Y, además, el 40% de las empresas dice que ni siquiera le parece importante innovar”.
La anunciada ley de competitividad e innovación es una buena oportunidad para que el ministro Oddone materialice un imprescindible plan que impulse nuestras magras tasas de crecimiento económico, para generar más riqueza y bienestar. Si como país continuamos haciendo lo mismo, estaremos condenados a “seguir en la B”.
