Luego de quedar encaminados algunos problemas que vinieron con la transición de gobierno —la situación del Casmu, la de la “caja de profesionales”, la controversia con el concesionario del tren y ciertos pagos pendientes—, el Ministerio de Economía (MEF) encabezado por Gabriel Oddone empieza a implementar su agenda de prioridades. Este miércoles anunció medidas que apuntan a simplificar los trámites de los negocios de comercio exterior y bajar sus costos, según sus autoridades, la vía estructural para mejorar la competitividad, atraer inversiones y lograr mayor crecimiento económico.
Estas “medidas microeconómicas de mejora del clima de negocios” fueron comunicadas ayer, miércoles 9, primero a representantes de las cámaras empresariales y luego en una conferencia de prensa en la sede del MEF. La presentación estuvo a cargo del ministro, de la directora de Zonas Francas, Isabella Antonaccio, del director de la Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga, y del asesor ministerial Álvaro Lalanne.
Las medidas
Según informó el MEF, con estas medidas se elimina el 25% de los documentos, se digitaliza un 29%, se sustituyen por declaraciones un 7% y se mejoran en sus procesos un 15%. Estima que reducirán costos en el comercio exterior en alrededor de US$ 20 millones en una “primera fase”.
Las medidas principales son las siguientes:
— reducción de 20% en la tasa del Laboratorio Tecnológico (Latu) a las exportaciones,
— eliminación de anticipos diferenciados de IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) e IVA (Impuesto al Valor Agregado) ventas a las materias primas,
— eliminación de licencias administrativas para alimentos de origen argentino,
— implementación de la autocertificación de origen, en sustitución de las certificaciones por declaración,
— simplificación del procedimiento de prórroga de la admisión temporaria,
— implementación efectiva del régimen de drawback,
— digitalización de los certificados fitosanitarios de exportación e importación,
— facultar al Poder Ejecutivo sobre la no preceptividad del despachante de Aduanas en operaciones de comercio exterior; en una primera etapa, se prevé que las personas (físicas y jurídicas) puedan optar por recurrir a un despachante en las operaciones por hasta US$ 15.000 en las exportaciones y no más de US$ 10.000 en las importaciones y tránsitos.
El Uruguay caro
Oddone adelantó la semana pasada en Buenos Aires, donde participó en las reuniones del Mercosur y en encuentros bilaterales con autoridades argentinas, que los anuncios no serían rimbombantes ni tendrían efectos muy significativos, y los señaló como necesarios para que la burocracia pese menos en los costos productivos.
En rueda de prensa con los enviados de algunos medios a cubrir la cumbre, explicó qué se pretende tocar y qué no para abaratar a Uruguay. El país “tiene una altísima preferencia por la protección social y, por tanto, una alta preferencia por la intervención del Estado. Dicho eso, tenemos enormes oportunidades de aumentar eficiencias y de cambiar regulaciones que afectan el nivel de precios”, señaló.
El ministro adelantó que las medidas que anunciaría no eran ni “grandilocuentes” ni “enormes”, pero van exactamente “en la dirección de este tipo de problemas. No los van a resolver, no los van a eliminar. Uruguay va a seguir siendo caro, no se va a convertir en barato de la noche a la mañana, entre otras cosas porque no es un objetivo deseable. Un país barato supondría que la gente ganara poca plata; parte de la razón por la cual Uruguay es un país caro es porque tenemos niveles salariales elevados, comparativamente con otras regiones del mundo”. “Una política económica destinada a abaratarnos (vía cambiaria) no debería existir”, pero “tenemos (que hacer) un conjunto de regulaciones y de reformas microeconómicas, que no son rápidas, que son lentas, entre las cuales están las inercias de precios en los que tenemos que trabajar”, insistió.
En esa línea, al comparecer este martes 8 en el Parlamento para defender el proyecto de Rendición de Cuentas del 2024, Oddone volvió a rechazar la opción de modificar la política monetaria y la cambiaria con el propósito de hacer subir el precio del dólar —ubicado en los últimos días algo por encima de los $ 40—, como reclaman voceros del campo y del sector exportador. “Nuestro abordaje al problema es a través de pequeños cambios microeconómicos que estén afectando los costos de las empresas”, declaró en rueda de prensa.
El plan de Oddone
En los anuncios de hoy está trabajando desde hace tiempo un grupo de economistas que empezaron a colaborar con Oddone cuando, en la campaña electoral del 2024, él fue confirmado como timonel de la economía en un eventual gobierno del Frente Amplio. Ese equipo redobló el paso después de marzo, aunque el ministro y varios de esos colaboradores debieron atender otros asuntos más urgentes.
El plan económico de Oddone se propone atacar tres desafíos que identifica para Uruguay: acelerar el crecimiento económico, fortalecer el sistema de protección social y proveer los recursos para frenar el problema de la seguridad pública. Para lograr lo primero, además de “mucha consistencia” entre “el manejo monetario, el manejo de precios y la política fiscal”, él entiende que son necesarias un conjunto de reformas microeconómicas y regulatorias que liberen la competencia en algunos sectores y generen inversión productiva.
En setiembre del año pasado, Oddone había adelantado en diálogo con Búsqueda que, si él era el ministro del gobierno de Yamandú Orsi, quería implementar un programa de desempapelamiento y desburocratización. “Esto es lo dicho por todo el mundo, estamos todos de acuerdo; tenemos que ir a temas de ventanillas únicas y de mirada global del Estado con los usuarios. Queremos arrancar con una operación dura para el sector privado vinculado al comercio exterior. Queremos identificar de manera más o menos precisa cuáles son aquellas regulaciones o requisitos que pueden ser redundantes. ¿Por qué? En un contexto en el que no le vamos a dar una vuelta a la competitividad con una depreciación de la moneda, tenemos que lograr un conjunto de cosas que están allí, porque son decisiones inconexas de la administración, tenemos que buscarle la racionalidad”.
Uruguay tiene relativo consenso en que hay un exceso de burocracia y regulaciones en varios sectores de actividad, un obstáculo para los negocios que, sin embargo, se disimula con esquemas de incentivos tributarios y con la certeza en las reglas de juego que ofrece. Pero son aspectos que, junto con otros, hacen que sea un país relativamente caro, de lo cual con frecuencia se quejan los uruguayos y los extranjeros que llegan de visita.
Los diagnósticos abundan. Por ejemplo, en el 2024, una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), financiada por el Banco Central y basada en la “ley de un solo precio”, constató que el país era un 27% más caro respecto al promedio de 43 economías, tanto desarrolladas como emergentes.
Hace pocos días, por su parte, el Centro de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (Ceres) entregó al MEF los resultados de una investigación que mapeó más de 300 normativas y regulaciones que complican la actividad económica o la relación entre los ciudadanos y el Estado. El planteo forma parte de lo que ese think tank de tendencia liberal identifica como el proyecto Uruguay + Simple.
Los anuncios de hoy inician el camino de las reformas micro del plan de Oddone; en agosto —según dijeron a Búsqueda fuentes oficiales— se comunicarán otros relacionados con los cambios que se pretenden introducir al régimen de incentivos fiscales que pasa por la comisión de promoción de inversiones (Comap) del MEF.
