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Paraguay avanza hacia la destitución de Santiago Peña tras el escándalo bancario
El Senado rechazó el pedido del mandatario de postergar 72 horas su defensa y quedó habilitado para debatir su salida del poder; la crisis por la intervención de Ueno Bank dejó millones de cuentas congeladas, provocó renuncias en el gobierno y desató protestas en las calles
El diputado de Paraguay, Walter García, sostiene un cartel durante sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno bank, intervenido esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia.
El Senado de Paraguay rechazó este viernes el pedido del presidente Santiago Peña para postergar 72 horas el inicio de su defensa en el juicio político que enfrenta por el escándalo de Ueno Bank. La decisión dejó habilitado al Congreso para debatir su destitución, que podría concretarse durante la noche.
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El mandatario, de 47 años, había solicitado más tiempo para preparar su defensa. El presidente del Senado, Basilio Núñez, confirmó el rechazo y anunció que Peña sería convocado para comparecer ante los legisladores.
La crisis política se agravó el jueves, cuando Peña presentó su renuncia. La Cámara de Diputados había aprobado la apertura del juicio político con los votos de los 78 legisladores presentes, incluidos los de su propio partido, el Colorado. El Congreso no pudo tratar la dimisión por falta de quórum.
La aceptación de la renuncia podría favorecer al mandatario. Según constitucionalistas consultados por AFP, al dejar la Presidencia Peña adquiriría el estatus de senador vitalicio y, con él, inmunidad parlamentaria. Su defensa, encabezada por el abogado Adolfo Ferreiro, pidió al Senado aceptar la dimisión y advirtió que podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si considera que el proceso vulnera las garantías del debido proceso.
Ueno Bank, el origen de la crisis
El escándalo estalló el martes, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida provocó el congelamiento de las cuentas de unos tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y afectó también a importantes fondos públicos.
Peña había tenido acciones en un grupo empresarial que controlaba la entidad bancaria, aunque se desprendió de ellas el año pasado. La Fiscalía General abrió una investigación penal contra el presidente para determinar posibles responsabilidades en la supervisión y resolución del banco, así como en la colocación de fondos estatales en esa institución.
La investigación judicial derivó en el arresto de ocho directivos de Ueno Bank. El escándalo también provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y del ministro del Interior, Enrique Riera.
El gobierno promulgó una ley que establece un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de sus fondos. La medida no logró frenar el malestar social ni las demandas de renuncia del presidente.
Protestas, presión sindical y crisis institucional
Miles de personas salieron a las calles de Asunción para reclamar la devolución de sus ahorros y la destitución de Peña. Las manifestaciones llegaron hasta las inmediaciones del Congreso y fueron reprimidas con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
La crisis también llegó a otros sectores. La Confederación Sudamericana de Fútbol tenía unos 13 millones de dólares depositados en Ueno Bank, aunque una fuente de la entidad aseguró a AFP que esos fondos no afectan su funcionamiento. Los jugadores de la selección paraguaya también se pronunciaron y afirmaron que fueron afectados por la situación.
En Argentina, unos 1.000 empleados de la empresa tecnológica ITTI, perteneciente al mismo grupo empresarial, fueron suspendidos durante 30 días sin goce de sueldo.
La Federación de Educadores del Paraguay convocó a un paro nacional y una movilización para el lunes 9 de noviembre. El gremio reclamó garantías para los fondos públicos y previsionales, en particular para los aportes jubilatorios de la Caja Fiscal, y respaldó el juicio político contra Peña.
La sucesión y el futuro del gobierno
Mientras el Senado avanza con el proceso, el vicepresidente Pedro Alliana aparece como el posible sucesor de Peña. La Cámara de Diputados rechazó abrir un juicio político contra Alliana, lo que despeja el camino para que pueda asumir la Presidencia si el mandatario es destituido o deja el cargo.
En medio de la tensión, también se informó que la Policía y las Fuerzas Armadas recibieron órdenes de impedir el despegue del helicóptero presidencial. La medida obligaría a Peña a trasladarse por tierra desde la residencia oficial hasta el Congreso para comparecer ante los senadores.
La embajada de Estados Unidos expresó su solidaridad con el pueblo paraguayo, aunque evitó pronunciarse sobre el futuro político del presidente.
Paraguay enfrenta así una de sus mayores crisis institucionales de los últimos años. El antecedente más cercano de una destitución presidencial mediante juicio político se remonta a 2012, cuando el Congreso removió a Fernando Lugo tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías.
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