Comandante del Ejército quedó “disconforme” con resolución de Orsi y Lazo de cesar a su asesora jurídica

La semana pasada, Orsi y Lazo decidieron cesar a Figueredo por violar el artículo 77 de la Constitución de la República, que priva a militares y otros funcionarios públicos de “formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político”.

“Estoy acá para que se me escuche, para que la comunidad internacional sepa lo que está sucediendo en Uruguay, donde no hemos tenido ningún tipo de eco”, sostuvo en su intervención, la cual centró sobre las “irregularidades que se constatan” en los procesos penales hacia militares y policías que actuaron en la dictadura.

“El problema es grande y grave: un Estado de derecho y democrático puede investigar y sancionar estos delitos que sucedieron hace 50 años, pero sin afectar los principios fundamentales de legalidad, de presunción de inocencia, de retroactividad de la ley penal... Esa investigación no se debe hacer afectando las garantías que tiene cualquier ciudadano”, dijo en el evento, realizado en Bruselas y organizado por la Europa de las Naciones Soberanas (ESN, por sus siglas en inglés), un grupo político creado en 2024 dentro del Parlamento Europeo, formado por partidos de derecha que impulsan un mayor poder de los gobiernos nacionales frente a una menor influencia de la Unión Europea.

Figueredo habló al inicio sobre la presunción de inocencia, al criticar que en Uruguay no fue una garantía debidamente respetada en los procesos judiciales contra militares. “Se basa en que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece un eslogan, parece un título de una película, y en los casos de los militares y los policías es así, es un eslogan: la persona no se presume inocente desde el minuto en que se sienta frente un fiscal y un juez, que presumen que es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, dijo.

Para la abogada, a los militares presos por crímenes cometidos durante la dictadura se los está procesando sin evidencias sólidas. Añadió que “en Uruguay, aunque haya duda no importa, hay que procesar a un militar o a un policía a como dé lugar”, ya que, “para la Justicia, lo que importa es que se llegue a la conclusión de que alguien tiene que ser responsable”.

Sus dichos fueron repudiados por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que en un comunicado emitido el 26 de mayo denunció su designación en el Comando General del Ejército y se manifestó “alerta ante las decisiones políticas que se presentan contrarias a la lucha y compromiso con el Nunca Más”.

“Figueredo ha actuado como abogada defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de Lesa Humanidad, delitos graves y gravísimos homologables a tales. A su vez, tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales y ha sostenido públicamente en foros de ultraderecha que en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad existiría una ausencia de pruebas, por lo que los testimonios y narrativas de denunciantes no pueden considerarse veraces”, agrega el comunicado.

En un video difundido en las redes sociales del Ministerio de Defensa, la ministra Lazo destacó que tiene “claro” que “cada decisión administrativa también tiene una dimensión ética, política e histórica. Y en temas vinculados a derechos humanos, memoria, democracia, no alcanza con mirar solamente un expediente”.

“Escuchar, revisar y eventualmente corregir también es ejercer autoridad. Lo fácil sería esconderse detrás de la burocracia y actuar como si nada de eso tuviera contexto. Pero Uruguay tiene heridas abiertas”, señaló. Y subrayó que asumió su cargo en el ministerio para “trabajar por unas Fuerzas Armadas plenamente comprometidas con la democracia, con la Constitución, con la verdad y justicia y con la construcción de confianza con la sociedad uruguaya”.

Un comandante de perfil reservado

Stevenazzi, de 61 años, fue ascendido al grado de general el 1 de febrero de 2019 y asumió como comandante en jefe en 2023. Como la ley establece un máximo de ocho años de actividad para todo general, ya anunció que abandonará su puesto el próximo 31 de enero.

De perfil reservado, durante su gestión ha reducido sus manifestaciones públicas a actos y publicaciones oficiales. El 18 de mayo, durante su discurso por el aniversario del Ejército, señaló que existen actualmente puntos de “altísima preocupación” —como “la difícil situación económica” de los efectivos— que son planteados “en los ámbitos que corresponden, como debe ser en un país democrático y republicano, pero en ningún caso son temas olvidados”.