El debate sobre el pasado reciente y el juzgamiento de los responsables de los crímenes de la dictadura retomó vigor en las últimas semanas. El lunes 15, fecha en que la Asamblea General se reunió en sesión extraordinaria para conmemorar los 40 años del retorno a la democracia en Uruguay, se presentaron en el Parlamento dos proyectos de ley que proponen dar prisión domiciliaria a personas de edad avanzada que se encuentren recluidas por crímenes cometidos durante el período dictatorial (1973-1985).
“Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan, reeditando viejos discursos, reinstalando lógicas de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto a la Justicia”, expresó la organización en la conferencia en la sede del PIT-CNT, y criticó que el proyecto de ley de Bordaberry en ningún pasaje “reconoce la responsabilidad del Estado” en las desapariciones. Familiares cuestionó que el senador colorado “pretende instalar una narrativa de clausura del pasado, promoviendo la idea de ‘reconciliación’ desligada de la verdad y la justicia”.
El senador es hijo de Juan María Bordaberry, quien fue electo presidente democráticamente en 1971 y dos años más tarde dio un golpe de Estado con respaldo militar. Falleció en 2011, mientras se encontraba en prisión domiciliaria cumpliendo múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos.
También la organización de derechos humanos Observatorio Luz Ibarburu expresó críticas similares. “Creemos que se deben rechazar enfáticamente los proyectos de ley, que a nadie escapa han sido presentados en ocasión de una lamentable gestión del presidente de la República y la ministra de Defensa Nacional, también en aparente beneficio de los alojados en estas prisiones, que también debe ser rechazado”, expresó el abogado de la organización Pablo Chargoñia, según recogió la diaria.
Bancada del Frente Amplio va a “estudiar” la propuesta antes de pronunciarse
Las iniciativas legales recogen respaldo entre legisladores y dirigentes de la coalición republicana. Bordaberry había compartido con sus compañeros de bancada de Vamos Uruguay, sector colorado que lidera, los contenidos de su proyecto, y la repercusión entre los suyos fue positiva. “Me parece una buena propuesta de trabajo en pos de solucionar estos temas pendientes en la reconciliación nacional”, dijo a Búsqueda el senador Tabaré Viera. A su criterio, “parece ser un buen camino para contemplar un avance hacia la unidad nacional”.
“Esto es lo mismo que hemos querido todos, desde el principio”, dijo a Búsqueda el dos veces presidente colorado Julio María Sanguinetti, consultado por este tema. “Ojalá que en algún momento se entienda”, agregó.
En Unir para Crecer, en cambio, sector liderado por el senador y secretario general colorado Andrés Ojeda, la recepción fue más tibia. Esta osciló entre quienes dijeron “no entender” el objetivo y quienes señalaron que, más allá de la creación de una comisión y un archivo nacional, las alternativas judiciales “ya existen”. Ojeda se limitó a decirle a la diaria Radio el martes 16 que “Uruguay debería tener una sola legislación con respecto a la edad y a la prisión domiciliaria”.
También entre los blancos hay quienes ven con buenos ojos las iniciativas. Goñi aseguró a Búsqueda que su propuesta tiene respaldo en la bancada de Diputados, más allá de su sector, Espacio 40. Dijo que tenía pronto el texto normativo desde junio y que tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado estaban avisados que lo iba a presentar antes de fin de año. “Yo estaba esperando los apoyos necesarios, en especial de Cabildo”, señaló. El legislador destacó que su proyecto supone una “solución simple” a un tema que “preocupa hasta al propio presidente” Orsi.
El texto de Bordaberry todavía no fue analizado por la bancada nacionalista, pero la senadora Graciela Bianchi dijo a Búsqueda que en lo personal está de acuerdo con la propuesta. “Tenemos que dejar de mandar gente de 80 y 90 años a la cárcel”, opinó, aunque aclaró que, “por supuesto, hay que seguir buscando los restos de los desaparecidos”.
La bancada del Frente Amplio todavía no tomó posición sobre el tema. “No lo hemos estudiado aún”, dijo a Búsqueda el coordinador de la bancada, Daniel Caggiani, quien añadió que el texto todavía no ingresó formalmente al Senado.
De todos modos, un legislador consultado dijo que cree “muy difícil” que legisladores de la fuerza de izquierda acompañen la propuesta de Bordaberry, mientras que otro opinó que “reconciliación sin memoria y con impunidad se parece mas a borrón y cuenta nueva que a nunca más”. Otros se excusaron de opinar porque todavía no habían “estudiado” el texto.
La vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, sí se pronunció públicamente sobre el tema. El lunes, en rueda de prensa, dijo que su “opinión personal” es que “no” comparte la modificación legislativa porque se trata de delitos “de lesa humanidad” que “hieren lo mejor del ser humano en la sociedad”.
Propuestas legislativas buscan saldar “cuestiones pendientes” sin reabrir “polémica histórica”
La iniciativa de Bordaberry propone conceder prisión domiciliaria a las personas condenadas por hechos ocurridos hasta el 1º de marzo de 1985 —fecha de inicio del primer gobierno democrático tras el período dictatorial— que tengan más de 75 años de edad, “previa evaluación judicial”. Además, plantea que una comisión recabe información relativa a los hechos ocurridos en la dictadura para contribuir al “esclarecimiento del destino de personas cuyo paradero se desconoce”.
En su exposición de motivos, el proyecto de ley plantea que, en los 40 años transcurridos tras el retorno de la democracia, Uruguay dio pasos “firmes para consolidar la convivencia republicana” desde “distintas tradiciones políticas”, pero que, sin embargo, “persisten dos cuestiones pendientes de resolución completa”. Estas son, según Bordaberry, “el esclarecimiento definitivo del destino de personas cuyo paradero continúa sin conocerse“ y la ”ausencia de un régimen claro, humanitario y equilibrado de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores a 1985, que permita atender la situación física extrema sin afectar la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas”.
En tanto, el texto de Goñi propone otorgar la prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años que estén privadas de libertad “como consecuencia de procesos penales cuyo objeto son hechos acaecidos hace más de 30 años”, según explica en la exposición de motivos. “Tan solo se requiere petición de parte y cumplimiento de los dos requisitos referidos (edad y antigüedad del hecho)”.
La norma “no pretende reabrir la polémica histórica del período de facto 1973-1985”, añade, sino “participar del mismo espíritu pacificador y conciliador que inspiró la adopción de soluciones legislativas” en el pasado.
En la conferencia de ayer, miércoles, Familiares planteó que “ya existe un procedimiento legal para la concesión de prisión domiciliaria por motivos de salud, el cual establece que, ante una enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, el juez de ejecución, con base en certificados médicos del Poder Judicial, puede disponer el cumplimiento de la pena bajo dicha modalidad”. Y recordó que, a la fecha, aproximadamente la mitad de los represores condenados se encuentran en prisión domiciliaria.
De acuerdo a datos del Poder Judicial (PJ) de 2024, ese año eran una treintena los prisioneros en Domingo Arena, mientras que un número similar cumplía prisión domiciliaria. Según detalla el informe del PJ divulgado por Búsqueda el año pasado, ese beneficio fue concedido por los jueces en general por razones de salud vinculadas a la edad avanzada de los procesados.
