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El Gobierno envió al Parlamento acta original de notario español que prueba que la presentada por Cardama fue adulterada
En su comunicación, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, informó que la documentación será enviada a la Justicia como parte de la ampliación de la denuncia penal
El gobierno envió a la comisión parlamentaria que investiga el contrato realizado por el pasado gobierno con el astillero español Cardama nueva documentación que prueba que durante el proceso el dueño de la empresa presentó documentación falsa.
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Durante la administración de Luis Lacalle Pou, el Estado contrató a Cardama para que construyera dos patrulleras oceánicas a un costo total de 82 millones de euros. Para que el contrato entrara en vigor, el titular del astillero, Mario Cardama, debía presentar una garantía de fiel cumplimiento. La actual administración se encontró con que dicha garantía era falsa y había sido otorgada por una “empresa de papel”—EuroCommerce Bank—. Ese fue uno de los principales argumentos que utilizó para rescindir el contrato y presentar una denuncia penal por presunto fraude.
A instancias del estudio Delpiazzo Abogados, que asesoraba al Ministerio de Defensa en la contratación del astillero, el gobierno anterior le pidió a Cardama que consiguiera un acta notarial que probara que la firma que figuraba en la garantía de EuroCommerce correspondía a un responsable de la empresa.
Cardama envió entonces una sucesión de “actas de manifestación” con las que intentó cumplir con ese requisito. Según esos documentos, el notario Luis Calabuig Leyva dejaba constancia de que un español llamado Francisco Sabater Cabanes llegó a la oficina del profesional, dijo que tenía poder de representación de EuroCommerce y que la firma de Alex Walsh, que aparecía en el aval, era válida.
Cuando varias inconsistencias en la documentación de EuroCommerce habían quedado a la vista, Búsqueda consultó a Calabuig Leyva, quien declaró que no había firmado el documento presentado por Cardama y que posiblemente se trataba de una falsificación. Calabuig Leyva presentó una denuncia penal en su país por esos hechos.
Posteriormente, el gobierno solicitó a un notario español que analizara las “actas de manifestación” que presentó Cardama a Defensa. El notario Ignacio Martínez Gil encontró varias inconsistencias y alteraciones en la documentación y concluyó que la hipótesis más probable era que se habían falsificado. Su teoría era que se habían usado partes de distintos documentos para lograr que las actas dijeran lo que se necesitaba
El gobierno recibió ahora el Acta de Manifestación Auténtica del notario Calabuig Leyva, lo que permite cotejar con el acta presentada por Cardama y comprobar que se trata de un documento adulterado.
Una de las mayores diferencias es que en el acta original Calabuig Leyva le advirtió a Sabater Cabanes que para que el documento notarial tuviera “plena eficacia” necesitaba obtener la “ratificación” por parte de EuroCommerce de que lo había enviado para labrar esa acta. “No obstante lo cual, insisten en su otorgamiento, asumiendo expresamente la falta de acreditación de dicha representación”, escribió el notario.
Sabater Cabanes declaró, según el acta labrada el 14 de noviembre de 2024, que “a las nueve horas y cincuenta minutos del día 30 de octubre de 2024 desde la dirección de email [email protected] se recibió un correo electrónico en cuyo contenido se indica que el sr. Alex Walsh tiene capacidad suficiente para firmar la garantía número 241022ECB/1 solicitada por el mercantil Francisco Cardama SA”.
Una de las que envió Cardama a Defensa, en cambio, tenía fecha de 15 de noviembre de 2024, y Sabater Cabanes se presentaba “como representante de EuroCommerce LTD” y declaraba: “Que el sr. Alex Walsh tiene facultades suficientes en representación de EuroCommerce LTD para emitir y firmar la garantía número 241022ECB/1 solicitada por Francisco Cardama SA”.
En su comunicación al Parlamento, enviada este martes 7 por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el gobierno informó que la documentación será enviada a la Justicia como parte de la ampliación de la denuncia penal, “por estimar que su contenido resulta de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
