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Legisladores del Frente Amplio presentarán ley para que inmuebles del Estado sin uso se destinen a fines sociales
La bancada estima que hay más de 1.000 predios del Estado en desuso; el proyecto, promovido por el senador comunista Óscar Andrade, apela a un instrumento aprobado por el gobierno de Lacalle Pou para “racionalizar” el uso de bienes públicos
La bancada de senadores del Frente Amplio prevé presentar un proyecto de ley para que los inmuebles públicos “ociosos” o que no tengan un destino previsto para el siguiente año sean usados con fines sociales. El texto de la iniciativa, a la que accedió Búsqueda, plantea que este tipo de inmuebles se destine prioritariamente a viviendas de interés social o desarrollo del hábitat.
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El proyecto de ley, que es impulsado por el coordinador de la bancada, el senador y secretario general del Partido Comunista Óscar Andrade, plantea como principios rectores que el patrimonio público debe tener una función social y que la “ociosidad injustificada” de los bienes inmuebles del Estado “es contraria al interés general”.
También señala que la información sobre los bienes públicos sin uso debe ser transparente y de acceso público, y que los organismos del Estado nacional y los gobiernos departamentales deberán colaborar entre sí para cumplir con la ley.
En entrevista con el programa 5 sentidos, de Canal 5, Andrade anunció que la iniciativa legislativa se presentará esta semana y que, de acuerdo a estimaciones que maneja la bancada, hay más de 1000 predios del Estado que están en desuso. "Es absurdo, con la necesidad que tenés de infraestructura y vivienda, no tiene goyete", planteó. Andrade mencionó como ejemplos al Ministerio de Defensa y a la Administración de Ferrocarriles del Estado.
Organismos deberán justificar si inmuebles son “imprescindibles”
La norma considera como inmuebles “ociosos” aquellos que no están destinados a un cometido sustantivo del organismo propietario; que carecen de uso documentado o permanezcan vacantes por un plazo superior a 12 meses; que no cuenten con información de uso registrada ante el Registro de Inmuebles del Estado de la Dirección Nacional de Catastro, o que hayan sido adquiridos o expropiados con un destino que haya “devenido inviable” o se haya abandonado.
El proyecto de ley establece que los organismos públicos tendrán el deber de informar sobre sus inmuebles e indicar de forma fundada si son “imprescindibles o no”. El Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado —creado por la Ley de Presupuesto presentada en el anterior período de gobierno, de Luis Lacalle Pou— será el encargado de evaluar la información remitida y la calificación efectuada por los organismos y, si entiende que un inmueble está ocioso, notificará al organismo titular, que dispondrá de 60 días para responder y eventualmente oponerse.
Los bienes ociosos serán incorporados a la cartera de inmuebles para viviendas de interés social del Ministerio de Vivienda, cooperativas de vivienda, alquiler social u otras soluciones habitacionales de interés social. También podrán destinarse a otros destinos de interés social comunitario, como equipamiento educativo, de salud, cultural o de cuidados, o a usos productivos con retorno social. Cuando ninguno de los destinos anteriores resulte viable, se procederá a la enajenación del inmueble.
La norma propuesta crea un Inventario Nacional de Inmuebles Públicos Ociosos, de acceso público y carácter georreferenciado, administrado por la Dirección Nacional de Catastro.
Expropiación más ágil de viviendas vacías
Esta iniciativa se suma a la ley aprobada en junio —también promovida por el senador Andrade con apoyo de la bancada— que agiliza el trámite de expropiación de inmuebles vacíos cuando tienen deuda compensable.
La norma, que ya fue votada en ambas cámaras, busca acelerar la disponibilidad de viviendas urbanas vacías y en desuso para atender la demanda habitacional en el país.
